Las cifras que recopila la estadística judicial del Gobierno de España respecto al «efecto de la crisis en los órganos judiciales» refleja que durante la legislatura de Manuela Carmena en el Ayuntamiento de Madrid se han producido en la capital (3,16 millones de habitantes) una media de 14 desahucios diarios en días hábiles. Dicho de otro modo, más de 13.000 lanzamientos practicados desde 2015 –sin contabilizar los del último trimestre de 2018 ni lo que va de año–. La mayoría (un 78,5% de media) son por procedimientos ejecutados por impago del alquiler frente a un 21,5% que son por no cumplir con la hipoteca, Así, en 2015 se contabilizaron 3.926 desahucios; 3.496 en 2016; 3.416 en 2017, y, durante los tres primeros trimestres de 2018, tal y como figura en la estadística de Policía Municipal facilitada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), hubo 1.950.
Una de las principales promesas que lanzó la exjuez como candidata a las elecciones municipales del 24 de mayo de 2015 fue que pararía los desalojos forzosos de las viviendas si se hacía con el bastón de mando. Su programa electoral era claro: «Ahora Madrid se compromete a parar los desahucios, mejorar el parque público de vivienda y poner en uso las viviendas vacías en manos de grandes bancos o empresas». En menos de una semana al frente del Palacio de Cibeles, Carmena reconoció que no tenía competencia para frenarlos. Al cierre de su mandato, tampoco va a cumplir su compromiso de vivienda de obra nueva.
El 21 de febrero de 2017, la alcaldesa y Marta Higueras, delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, anunciaban en un acto público que se ampliaba el plan de vivienda municipal para construir «hasta el final de legislatura» 4.000 pisos repartidos por Fuencarral-El Pardo, Tetuán, San Blas-Canillejas, Barajas, Carabanchel, Puente de Vallecas, Villa de Vallecas, Villaverde, Vicálvaro, Latina, Retiro, Chamberí y Hortaleza. A día de hoy, como tantas veces le ha recriminado la concejal socialista Mercedes González, sólo se han terminado 64: 20 en San Cristóbal de los Ángeles (Villaverde) y 44 en Puente de Vallecas.
«La vivienda es el mayor problema de cohesión social que hay en nuestra ciudad y la gestión de Carmena en este sentido ha sido un desastre, decepcionante; decepcionante porque ha sido una política de vivienda social deshumanizada en un gobierno que se supone de izquierdas, y un desastre porque hay menos de cien pisos en cuatro años», sostiene la edil del PSOE.
Para Luis Chamarro, portavoz de la PAH en Madrid, ninguno de los cuatro partidos políticos que representan a los madrileños en la Asamblea de Madrid y el Ayuntamiento (Podemos-Ahora Madrid, PP, PSOE y Ciudadanos) «ha dado la talla para actuar contra los desahucios», comenta mientras trata de evitar el desalojo de una madre con su hija pequeña en Retiro.
Al Gobierno regional le recrimina el hecho de que no haya alternativa habitacional suficiente para ayudar a estas personas necesitadas; al Consistorio madrileño, «la barrabasada» de haber abierto una oficina antidesahucio «que trabajaba beneficiando a los bancos» y «no levantar la voz» sobre lo que continúa ocurriendo. Reconoce que en estos años sí se ha suavizado el trato con los damnificados: «Hay algo más de comprensión y si no se puede ir la gente en el momento, vuelven en otro.Antes venían casi con un cuchillo en la boca».
Cierre en un año
La Oficina de Intermediación Hipotecaria a la que se refiere la PAH fue un fracaso estrepitoso de Ahora Madrid. Se abrió el 15 de julio de 2015, un mes después de llegar a Cibeles, para tratar de mantener su palabra de frenar los desahucios. Era, como declaró Carmena el 26 de junio de 2015, «una de las grandes apuestas del nuevo Gobierno de la ciudad y tiene como objetivo mediar en los desahucios y lograr que ninguna familia se quede en la calle». Al año tuvieron que echar el cierre.
Derivando responsabilidad
Según han ido pasando los años, la regidora ha ido deshinchando su poder de actuación frente a los desahucios. Esta semana sin ir más lejos, advirtió de que las competencias respecto al realojo cuando se produce un desahucio son de la Comunidad de Madrid –aunque ellos tienen que atender la emergencia social–. Lo dijo en una rueda de prensa convocada para trasladar que durante su mandato cerca de 8.000 personas se han beneficiado de 3,8 millones de euros en ayudas económicas para evitar los lanzamientos por impagos del alquiler.
Sin embargo, antes incluso de ser investida como alcaldesa en 2015, la que ahora es la máxima representante de los madrileños se reunió con el entonces presidente de Bankia para establecer posibles convenios para que el Ayuntamiento pudiera disponer de pisos okupados o vacíos de la entidad. En enero de 2016, la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) y SAREB firmaron un convenio para la cesión de 300 viviendas destinadas a arrendamiento social. Desde el Ayuntamiento no pudieron trasladar ayer a ABC cómo se ha ejecutado.
