El Consejo de Ministros del Gobierno del doctor Pedro Sánchez decidió el viernes pasado la anulación del juicio y la consiguiente condena a muerte de Lluís Companys, ejecutado por alta traición el 15 de octubre de 1940. En su declaración, el Gobierno de Sánchez proclama el «reconocimiento personal» y la «restitución de la dignidad» de Companys como presidente de la Generalitat. No sabemos si en algún próximo Consejo de Ministros, este Gobierno va a anular también el golpe de Estado contra la República perpetrado por Companys en 1934. Quizás Sánchez anule directamente los asesinatos, unos 8.000, cometidos por Companys y sus secuaces de ERC, muchos de inmensa brutalidad contra inocentes, incluidos religiosos torturados hasta el martirio. Habrá quien diga que sería un disparate que Sánchez se lanzara a anular muertes. Cosas igual de raras estamos viendo.
El Gobierno español muestra su mucho respeto y consideración al golpista y caudillo de bandidaje pistolero que tanto ayudó a hundir a la II República. Y muy poco respeto a sus víctimas. Fue una desgracia que fuera Franco quien fusilara a Companys. Porque habría sido una suerte para Cataluña y toda España que lo hubiera fusilado la República. Habría hecho así más por salvar la República que todas las ayudas comunistas internacionales después. La falsificación de la historia como instrumento de quienes se dicen herederos de las fuerzas totalitarias que perdieron la guerra civil ya alcanzaba niveles grotescos antes de la lamentable irrupción del doctor Sánchez en la historia de España. Las leyes de Memoria Histórica no son sino un mecanismo totalitario para aplastar la crítica, la discrepancia y la verdad del pasado y del presente.
Ahora adquiere tintes psicopáticos en quienes, obsesionados por el poder, parecen abducidos por la querencia de la catástrofe. Y nos la acercan día a día con su desprecio a la ley, a las instituciones y a los españoles. El Gobierno enaltece a un golpista y criminal de antaño para blanquear a los golpistas de ahora, algunos a punto de ser juzgados por sus crímenes. Se pliega así a la colaboración con los enemigos del Estado en pleno golpe. Y reincide así en el error -y probablemente en el delito-, que tan caro costó a la República y que llevó a España a la guerra.
Los socialistas de Sánchez parecen decididos a unir su suerte a la Generalidad golpista. Allá ellos. Pero deberían ser más creativos y decretar directamente que la guerra la perdió Franco. Y que la ganó un Frente Popular que destruyó España ya entonces. Por lo que Cataluña, Baleares, Valencia, Aragón y hasta Murcia son parte del estado catalán rojifascista y militarizado. El País Vasco es un estado libre gobernado por druidas en regresión al medievo y el resto de lo que fue España es un territorio que gobierna Sánchez con unas ONG comunistas dedicadas a aclimatar africanos como mano de obra barata para países ricos del norte por encargo de una de las filiales de Soros y Asociados. Si ordena Sánchez a las huestes mediáticas frentepopulistas difundirnos ese estado de cosas, mentirían menos que ahora.
