La gran obra de Juan Carlos I
Nunca lo hice, porque me pareció una pregunta de principiante. Pero, si le hubiera preguntado alguna vez al rey Juan Carlos cuál había sido el principal orgullo de su reinado, seguramente me hubiera respondido: «La Constitución». Y es que la Constitución no solo fue la gran obra de aquel tiempo y la que más tiempo permaneció, sino mucho más. Fue el cumplimiento de uno de sus deseos desde su proclamación como jefe del Estado «a título de Rey», como se decía entonces en el léxico oficial: «Que todos entiendan con generosidad y altura de miras que nuestro futuro se basará en un efectivo consenso de concordia nacional».
Juan Carlos I conocía perfectamente la historia constitucional de España. Sabía que en los último 160 años se habían escrito y promulgado diez constituciones distintas, con una duración media de 16 años. Sabía que la más celebrada era la de Cádiz, «la Pepa», la de 1812, pero, como recordó recientemente Santiago Muñoz Machado, solo disfrutó de breves periodos de vigencia, entre 1812 y 1814, entre 1820 y 1823 y algunos meses de 1836. Y sabía, sobre todo, que los fracasos de todas se debían a una razón: eran dogmáticas y frecuentemente imposiciones de algún partido sobre otro, cuando no contra el otro. Valga como ejemplo lo que Fernando García de Cortázar escribió del reinado de Isabel II: «Lo que interesaba a cada partido era redactar la Constitución para poder así reflejar su excluyente forma de entender España. Seis constituciones, varias reformas a la deriva y algunos proyectos frustrados reflejan la debilidad de la burguesía española».
Ante esas experiencias históricas, se comprenderá que el propósito de Don Juan Carlos como jefe del Estado fue no repetirlas. Y para no repetirlas, tenía que impulsar justamente lo contrario: que la nueva Constitución fuese duradera y, para conseguirlo, era preciso el acuerdo general; es decir, lo anunciado en su discurso de proclamación. A partir de esa convicción, asumida por los «padres» de la Carta Magna, la Constitución fue, efectivamente, el resultado del «efectivo consenso de concordia nacional» que había invocado el 22 de noviembre de 1975. A conseguirlo dedicó todos sus esfuerzos incluso antes de asumir la Corona. Es decir, con Franco en vida.
La «ventaja» de partida de Juan Carlos I era que no pertenecía a ningún partido, con lo cual estaba clara su independencia. La ventaja siguiente es que quería ser «el rey de todos los españoles» y eso no admitía ningún tipo de exclusión, y mucho menos por razones ideológicas. Movido por esas convicciones, mantuvo conversaciones secretas con los representantes de la que entonces llamábamos «oposición democrática», que no estaba legalizada, pero el Príncipe auscultaba. Envió a Manuel Prado a hablar con Ceaucescu, amigo de Carrillo, para pactar la paz el día de la proclamación con el compromiso de legalizar el Partido Comunista en el momento oportuno. Y después, ya en el trono, nombró presidente del Gobierno a un hombre que respondía exactamente al retrato robot que él y Fernández Miranda habían dibujado: una persona joven, no ideologizada, que no suscitara el rechazo del franquismo y que tuviera capacidad de diálogo con las demás fuerzas y sus dirigentes. Fue Adolfo Suárez. Y Suárez fue el instrumento para poner en marcha el proceso constituyente. Lo anunció la noche del 13 de junio de 1977, al pedir el voto para UCD ante las cámaras de Televisión Española: «Puedo prometer y prometo intentar elaborar una Constitución en colaboración con todos los grupos representados en las Cortes, cualquiera que sea su número de escaños».
Ese era el consenso buscado y anunciado por el monarca. Y pocos días después de esas elecciones comenzó el periodo constituyente. Don Juan Carlos no participó en la redacción de la Carta Magna. No intervino, no condicionó ni presionó a ninguno de los redactores. Ni siquiera utilizó su poder para resolver los atascos que se produjeron o para mediar en el plante del Partido Socialista por discrepancias en el capítulo de la Educación. Dejó todo en manos del presidente del gobierno, que le informaba de los avances y dificultades de la redacción. Solo hubo una excepción, si damos crédito a lo que Simeón de Bulgaria cuenta en su libro de memorias «Un destino singular»: vio a Juan Carlos I tachando funciones de la Corona. Y no lo hacía para aumentarlas, sino para reducirlas. Le parecían demasiadas para una Monarquía Parlamentaria.
(Abro aquí un paréntesis para anotar que Don Juan Carlos habla de «funciones» del rey en sus conversaciones privadas. Si a un interlocutor se le escapa la palabra «competencias», lo corrige inmediatamente). No me consta que el rey le haya encargado a Suárez que se garantizase la aceptación de la Monarquía en el texto constitucional, pero no hacía falta: fue la prioridad del presidente, junto con expresiones como «indisoluble unidad» de España. Y debe quedar para la historia la generosidad de todos los partidos de tradición republicana, sobre todo del Partido Comunista y del Partido Socialista, al aceptarla sin dificultades que hayan trascendido a la opinión pública o a la clase política. El refrendo masivo en la consulta del 6 de diciembre significó el acierto del empeño. Aquel día no se votó solamente un texto legal. Se votó un proyecto de país y un modelo de Estado que duró, por el momento, 40 años; los mejores 40 años de nuestra historia. Y la obsesión de Juan Carlos I por lograr un modelo válido para todos quedó de manifiesto en el acto de sanción de la Ley de Leyes ante las Cortes Generales cuando la definió como «intento de armonización de nuestras opiniones con las de los otros, la combinación del ejercicio de nuestros derechos con los de los demás, la postergación de los egoísmos y personalismos a la consecución del bien común». Ese era el pensamiento de Juan Carlos I.
A partir de ahí «sólo» quedaba cumplir la norma y el rey la cumplió. Podrá haber cometido errores. Podrá haber caído en debilidades humanas. Pero nadie puede decir que se haya salido nunca del marco constitucional. Y lo mismo hizo su hijo Felipe VI: si algo distingue su reinado es el sometimiento estricto a la Constitución. Y su devoción por la norma quedó escrita en su último discurso en la entrega de los Premios Princesa de Asturias. Allí dijo de la Constitución que «devolvió a los españoles la soberanía nacional y reconoció la diversidad de sus orígenes, culturas, lenguas y territorios».
Añado por mi cuenta una anotación: quizá la crisis institucional que sufre España sea una consecuencia de la erosión del proyecto de país que representó la Constitución del 78. Ella no está en crisis. La crisis es del proyecto de país.