Las once diócesis de la Comunidad lo tienen muy claro: sólo moverán ficha si desde el Gobierno se reclama información pero, ante esa posibilidad, se preparan para demostrar que los bienes inmatriculados -catedrales y templos-, son de su propiedad. La lista de estos inmuebles de la Iglesia que elabora el Ministerio de Justicia y, sobre todo, la polémica surgida en torno a la propiedad de la Mezquita-Catedral de Córdoba ha abierto un debate sobre la titularidad de las propiedades eclesiásticas. Para muchos, se trata de un hecho incuestionable por las raíces históricas y el destino al culto que tienen todas ellas, pero la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto sobre la mesa de nuevo una cuestión cuyo recorrido va a pasar inevitablemente por los tribunales.
A partir de 1998
La inmatriculación de un inmueble o finca es su inscripción, por primera vez, en el Registro de la Propiedad. Hasta 1998, el Reglamento Hipotecario excluía del registro a los templos destinados al culto católico por considerar que su titularidad era notoria y conocida y sobre ellos existía un uso común, aunque eso no significaba que fueran de dominio público y titularidad estatal. Sin embargo, tras la reforma de la normativa, desaparece esa excepcionalidad y se abre la obligatoriedad a todos los bienes.
Pero, ¿quién realiza la inmatriculación de las propiedades? Hasta la Ley Hipotecaria de 2015, se podía hacer con el título de adquisición o mediante una certificación del funcionario a cargo de la administración de los mismos que, en el caso de una diócesis, era un responsable de la misma. Si en el plazo de dos años, dando por hecho que el edificio no estuviese previamente inscrito, no se recurría la inscripción, el proceso se daba por válido.
Este mecanismo es el que se quiere cuestionar desde instancias gubernamentales, mientras las diócesis insisten en que sus actuaciones se han hecho «conforme a la Ley». Así, la de Valladolid va muy por delante de las otras diez con que cuenta la Comunidad. La razón está en que en agosto de 2016 el Ayuntamiento del socialista Óscar Puente, que gobierna con VTP(IU) y con el apoyo de Sí se Puede (la marca blanca de Podemos), reclamó al Arzobispado, por acuerdo del Pleno, el listado de todas las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia en la capital vallisoletana desde 1946. Dos meses después, llegó al consistorio una relación con 19 templos inscritos en 2007, entre ellos la Catedral, la Basílica de la Gran Promesa, Santa María de la Antigua, el Carmen de Extramuros, Santiago Apóstol o San Pedro.
También en Salamanca se cuenta con un inventario de bienes que se elaboró hace años y que se actualiza periódicamente, según señalaron fuentes del obispado. El resto de diócesis se remiten a las directrices marcadas por la Conferencia Episcopal Española y, sobre todo, se mantienen a la espera de que el Ministerio de Justicia haga pública la lista con los bienes que ha inmatriculado la Iglesia entre 1998 y 2015 y que el departamento de Fernando Grande-Marlaska está a punto de completar. El Gobierno de Pedro Sánchez cumple con esta medida con una Proposición no de Ley que presentó en abril del año pasado el PSOE cuando estaba en la oposición y que se aprobó con los votos en contra de PP y Ciudadanos. Finalizada la relación, el Ministerio tendrá que encontrar la fórmula de hacerla pública, como quiere, sin vulnerar la ley. Después, a través de la Dirección General de Patrimonio, reclamará a la Iglesia los bienes que sean de dominio público. Y si eso llegase a suceder, diócesis como la de Osma-Soria ya tienen a su departamento jurídico preparando las pruebas que avalan la propiedad de sus edificios, aunque aún no disponen de relación alguna. Como tampoco la tienen en el Obispado de León donde, como en la mayoría, se declaran a expensas de las decisiones que pueda adoptar el Gobierno y de las pautas que marque la Conferencia Episcopal, posición en la que también insisten fuentes de las Diócesis de Zamora. En Burgos, cuya postura es similar, se preguntan por las razones que llevan al Gobierno a querer publicar la lista de bienes de la Iglesia y no de otros organismos o, incluso, particulares. En esta Archidiócesis se lamentan de que el único objetivo de esta medida sea intentar demostrar que se han inmatriculado inmuebles que no son de la Iglesia, cuando no es así. También en el Obispado de Palencia se decantan por esperar, aunque con las dudas de quién será el que solicite la información, si es que se llega a pedir: el ministerio, un juez, los registradores... En cualquier caso anuncian que «vamos a ser rigurosos y llegado el momento ya veremos, pero siempre desde la tranquilidad más absoluta». Los obispados de Ávila, Ciudad Rodrigo y Astorga completan el mapa de las once diócesis de Castilla y León. En todas recuerdan que los templos «no son de los obispos como algunos quieren hacer creer» y que tienen una función bien definida, sin olvidar que uno de los mayores problemas de este patrimonio reside en su conservación y mantenimiento.
