Tres imputados más por ayudas de los ERE a una bodega... por ahora
Es un auto de frases encadenadas a lo largo de seis páginas que sigue las huellas de la Fiscalía. La instructora del «caso ERE», María Núñez, ha ordenado en él incluir como investigados en la pieza en la que se analizan las ayudas otorgadas por la Junta a la asociación de antiguos trabajadores de la empresa González Byass a los ex directores generales de Trabajo Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, así como al ex viceconsejero de Empleo Agustín Barberá. Si bien, en la propia resolución, fechada el 22 de mayo y consultada por LA RAZÓN, se plantea ya la posibilidad de que el primero y el último acaben siendo expulsados de la misma, de acuerdo a la doctrina «establecida» por la Audiencia de Sevilla de que no se les puede juzgar dos veces por los mismos hechos, al estar ya siendo enjuiciados en la rama política del «macroproceso». El Ministerio Público atribuye a Márquez el encargo en 2008 a la agencia IDEA de pagar al ente de empleados una subvención de 209.450 euros que se ejecutó mediante una transferencia a una cuenta bancaria; a Barberá, en esencia, haber dado el visto bueno a aquella orden de abono; y a Rivera, el dictado de una segunda resolución en 2010 por la que se ordenó a IDEA desembolsar 500.000 euros para que se convirtieran en ayudas sociolaborales con el mismo destinatario. Junto a esos tres ex altos cargos, Núñez cita como investigados a ocho meses vista, dado que los convoca para el 7 de febrero de 2019, a cuatro ex miembros de la junta gestora de la mencionada asociación de ex trabajadores y al administrador de la mediadora Uniter, José González Mata.
La magistrada no se queda ahí y señala como responsables civiles subsidiarios tanto a la asegurada como a la entidad de ex empleados. Llama además la misma jornada del año que viene a cinco testigos, que prestarán declaración después de que lo haga el 31 de enero de 2019 en calidad de tal la ex asesora de la Dirección General de Trabajo, María José Rofa, quien anotará otro en la ya extensa lista de interrogatorios que ha sufrido en el ámbito de este caso.
Al margen del brote de nuevos investigados y testigos, la magistrada reclama al Gobierno regional documentación sobre el expediente de los fondos que se le dieron a la bodega jerezana y hace requerimientos dirigidos a la Intervención General de la Junta, la Agencia Tributaria, el Servicio Público de Empleo Estatal y a Vitalicio Seguros.
Junta y PP, de la mano procesal
Este bloque de la «macrocausa» está conectado con el ex consejero de Empleo Antonio Fernández, quien pidió una excedencia en González Byas cuando se decantó por la política. Fue incluido por ello en el ERE ahora bajo el foco judicial y la fecha de antigüedad en la empresa que se reflejó en los documentos del mismo coincidía con la de su nacimiento. Fernández estuvo investigado en la causa, pero Núñez lo apartó agarrándose a la ya famosa doctrina de la Audiencia. En ese contexto se ha dado una alianza sorpresiva. La Junta ha presentado un recurso de apelación contra el auto en el que se concretó esa expulsión y que contiene, entienden los abogados del Ejecutivo regional, un relato de hechos que «revelan todos los indicios» que sobre la actuación del ex consejero «pesan en la concesión de la ayuda» a la bodega. Los letrados del PP-A, partido personado en el proceso, han pedido que se estime ese recurso para intentar frenar la desimputación, según ha podido saber este diario.
El grupo Barbadillo, una «víctima»
El ex director general del grupo Barbadillo Manuel Valdecantos ha solicitado a la instructora de la causa de los ERE, María Núñez, el archivo de la investigación contra él en la pieza separada sobre las ayudas a Matadero Sierra Morena, una de las empresas de la sierra Norte de Sevilla participada por el conglomerado societario, al que ve una «víctima» del caso.