Montero: «La inversión no sube como me gustaría»
Contra la desafección y el malestar de la calle, las cuentas. María Jesús Montero presentó un proyecto de Presupuestos cargado de eslóganes: un crecimiento para Andalucía del 2,6%, superior a la UE y España, superando a los «países más avanzados»; «el PIB más alto de la historia», por encima del nivel previo a la crisis (157.147 millones en 2008, 166.000 en 2018); «la mayor inversión de la historia» para Sanidad. El Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de ley de Presupuesto, que asciende a 34.759,5 millones. El gasto no financiero, que es el que se destina a la financiación de las políticas, se sitúa en 30.628,92 millones, lo que supone una subida del 3,9% respecto al presente ejercicio. El pago de la deuda aumenta un 9,5%, por encima de los denominados pilares del Estado de Bienestar.
La consejera calificó como «decisiva» la «apuesta del Gobierno andaluz en el impulso de la economía». A través de la obra pública, de enero a agosto Andalucía ha licitado 317 millones, señaló. La comunidad «ha crecido más de 10 puntos del PIB y lo ha hecho creando empleo (352.000 ocupados más)». La previsión es rebasar «en 9.000 millones el PIB anterior a la crisis y la creación de 80.400 empleos». Ilusión, primero, con unas nuevas cuentas expansivas; y agravio como segunda parte de la estrategia. «En 2015, Andalucía ha recibido 850 millones menos que la media de las CC AA» y 5.522 millones menos entre 2009 y 2015, según la Junta, que tendrá que «aportar con recursos propios 2.197 millones para gasto social», lo que supone «priorizar gasto sobre otras partidas». A la inversión se destinan 3.709 millones, el 2,2% del PIB. «La inversión no sube como me gustaría», reconoció la consejera. Ceacop calificó como «insuficientes» las partidas para infraestructuras. Precisamente, la consejera se quejó de la falta de inversión del Estado en este aspecto. En concreto, la inversión sube un 1,2% y, según la Junta, desde 2015 se ha incrementado un 15,3%. Montero destacó que la Junta «dobla en esfuerzo inversor al Gobierno central».
La consejera también presentó a la región como cumplidora y como la que antes paga a sus proveedores. La Junta aseguró que lleva 12 años por debajo de la media en nivel de endeudamiento y destacó que en 2016 cumplió con el objetivo de déficit establecido (-0,7% del PIB) y es la cuarta con menor déficit por habitante.
La lucha contra la desafección en sectores estratégicos como Sanidad y Educación copan las cuentas. Oficialmente, el objetivo principal es que «la recuperación económica llegue a las familias en forma de mayor renta disponible y mejores servicios públicos». Las cuentas dedican 2.183 millones a empleo y desarrollo económico, además de revitalizar el Estado de Bienestar con incrementos en Educación (+3,8% respecto al presupuesto anterior) y Servicios Sociales y Dependencia (+7,4%), mientras que el SAS contará con «el mayor presupuesto de su historia» (9.013 millones).
El proyecto de la ley, remitido ayer al Parlamento para su debate y aprobación, también incorpora nuevos derechos como la renta mínima de inserción social, a la que se dedican 198 millones, y la bonificación de las matrículas universitarias. Montero destacó que Andalucía mantiene unas cuentas «solventes y sostenibles» que permiten aprovechar al máximo el margen para que la recuperación llegue a las familias. Esta gestión, según la consejera, «permite reducir impuestos a las clases medias y aumentar notablemente el gasto social. Pese a la bajada de recaudación por la modificación del impuesto de sucesiones, los ingresos por tributos gestionados por la comunidad suben en 85,6 millones. Andalucía contará con 1.344 millones más en ingresos financieros que, tras aplicar el ajuste del déficit, pasan a sumar 1.151 millones (la cantidad adicional para dedicar a gasto no financiero en 2018, un 3,9% más que en el presente ejercicio). «La apuesta por los servicios fundamentales es incuestionable y el crecimiento de los ingresos se ha destinado año a año a las políticas públicas», defendió Montero. La consejera destacó que desde 2014 el crecimiento en Sanidad roza el 20%, con un total de 1.587 millones, mientras que en Educación asciende al 12,9% (861 millones más) y en Servicios Sociales y Dependencia al 23% (400 millones más). Las partidas de Salud crecen un 5,4%, hasta los 9.809 millones, para «mantener la cartera de servicios sin copagos y atender nuevos ámbitos que requieren de mayor financiación, como la Atención Temprana Infantil, a la que se destinan 28,8 millones». El ámbito educativo, incluyendo las universidades, dispondrá de 7.527 millones, con un crecimiento del 3,8%. En la Consejería, el aumento podría haber alcanzado el 5%, «si el Gobierno central no se hubiese retirado de la financiación de la Lomce, lo que se traduce en 81 millones menos», lamentó Montero.