Consejo de Estado avala la regularización de migrantes de Sánchez
El Consejo de Estado ha avalado la aprobación urgente de las modificaciones del Reglamento de Extranjería para iniciar el proceso de regularización de medio millón de personas que residen en España. Asimismo, sostiene que "se han respetado las garantías" para "concluir con éxito" el procedimiento.
El dictamen ha sido aprobado en la comisión permanente de este jueves y acto seguido se ha remitido al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, según han confirmado fuentes del Consejo de Estado a Europa Press. El real decreto se encontraba pendiente del visto bueno del órgano consultivo después de que el Consejo de Ministros aprobara el pasado 27 de enero iniciar el trámite de urgencia tras un pacto entre PSOE y Podemos.
El Consejo apoya que la medida se haya tramitado por vía reglamentaria por ser "un texto normativo legal dentro de nuestro marco constitucional", según han trasladado fuentes del Ministerio dirigido por Elma Saiz.
Pero la resolución del Consejo de Estado también sugiere cambios en el texto y desde el Ejecutivo han afirmado que se "está trabajando" para incluir las recomendaciones del Consejo de Estado para poder aprobarlo "lo antes posible".
El organismo sostiene que es "incompatible" beneficiarse al mismo tiempo de un permiso por Protección Internacional y otro resultante de la regularización que pretende impulsar el Gobierno.
En consecuencia, la protección internacional "estará vigente hasta que la resolución del permiso de residencia y trabajo sea definitiva y positiva, y soliciten la TIE (Tarjeta de Identidad de Extranjero)", según han explicado fuentes del Ministerio.
También sugiere aclarar la definición de "vulnerabilidad" para que afecte a personas inmigrantes que hayan llegado a España antes del 1 de enero de 2026 y lleven cinco meses en situación irregular en el momento de presentar la solicitud.
El Gobierno ha reiterado que "carecer de antecedentes penales" es "uno de los requisitos ineludibles" del proceso y que, además, "se exige no suponer una amenaza para el orden público, la seguridad pública o la salud pública".
Desde el Ministerio han celebrado el dictamen y han asegurado que las "recomendaciones" del organismo caminan en la misma línea del texto original" y "respetan la esencia" del mismo", y han respaldado su utilidad para "clarificar ciertos aspectos que mejoran la comprensión" del texto y "su aplicación".
El departamento que encabeza Elma Saiz ha añadido también que el dictamen "valora positivamente" los "objetivos" de la norma: "integración social, seguridad jurídica y reducción de la irregularidad administrativa".
El dictamen también elogia que los "desplazados" por la guerra en Ucrania no necesiten acudir a este procedimiento por tener "un cauce específico para ellos", según ha explicado el Ministerio, y "subraya" que la normativa ponga "especial atención" en los "hijos menores" de los migrantes que podrán beneficiarse de este proceso, así como en "otros familiares estrechos".
Una vez el dictamen del Consejo de Estado ha dado luz verde, el real decreto deberá ser aprobado en Consejo de Ministros y, posteriormente, deberá ser publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Aunque el organismo ha remitido su informe al Ministerio dirigido por Elma Saiz, no se publicará en el BOE hasta que finalice todo el proceso, según explican fuentes del órgano consultivo a esta agencia.
Esta regularización retoma el espíritu de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue respaldada por más de 700.000 firmas y tomada en consideración en el Congreso en 2024 por todos los grupos parlamentarios menos Vox, pero que ha permanecido bloqueada.