La gran distorsión

Cuando el lenguaje de un poder se vuelve deliberadamente opaco, el primer daño que produce no es político sino social: los ciudadanos pierden la capacidad de llamar a las cosas por su nombre, y esa pérdida, silenciosa y sedimentaria, es la más difícil de reparar.

Esta semana, el Consejo de Ministros ha depositado en las Cortes una reforma constitucional que pretende incorporar al artículo 43 lo que la ministra de Igualdad denominó, con perfecta serenidad, «el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo». La formulación no es inocente. Cómo lo han hecho irrumpir en la vida pública, tampoco.

No es un debate sobre sanidad, aunque se haya elegido el artículo 43 –el de la protección de la salud– como domicilio constitucional de la propuesta. La vestimenta jurídica tampoco lo convierte en un debate de juristas.

Es un debate moral, el más antiguo y el más resistente a la clausura, porque su núcleo es una pregunta que ningún boletín oficial ha respondido nunca: qué estatuto corresponde a la vida humana en sus etapas más tempranas, quién la protege y con qué fundamento.

Y ni tan siquiera es un debate, porque el Gobierno ha decidido que esa pregunta no merece ser formulada, porque no aspiran a una respuesta, que ya tienen.

Es una gran distorsión; es munición electoral de cara a Andalucía, es escena ante la situación judicial en el Tribunal Supremo y presión ante a las negociaciones que actualmente mantienen PP y Vox en distintos territorios para la formación de gobiernos autonómicos.

Es evidente: el Gobierno ha pedido tramitación de urgencia para que el texto sobre el aborto llegue al pleno antes de la campaña andaluza del 17 de mayo, sabiendo que los 179 escaños de su bloque no alcanzan los 210 requeridos, y que el PP tiene mayoría absoluta en el Senado.

La distorsión tiene, además, otra capa: mientras el Supremo instruye el caso Ábalos y el foco judicial se estrecha sobre el Ejecutivo, el Gobierno necesita con urgencia un escenario propio, un terreno donde sea él quien fije los términos del combate. El aborto, en ese contexto, cumple una función que va más allá de lo electoral: es la cortina que se corre cuando la realidad se vuelve demasiado visible.

Pero detrás de la distorsión política late una de naturaleza más grave, que el lenguaje oficialista ha aprendido a mantener en la penumbra con una eficacia terrible.

Cada año, en España, más de cien mil seres humanos en gestación son eliminados antes de haber podido pronunciar una sola palabra o cruzar un solo umbral, y esa cifra –que el propio Ministerio de Sanidad ha presentado esta semana como contexto neutro de la reforma– no ha generado en el Ejecutivo ninguna pregunta sobre sus causas, ninguna política orientada a sostener la maternidad en condiciones de dignidad, ninguna reflexión pública sobre lo que una sociedad pierde cuando acepta como ordinaria la destrucción sistemática de su propia continuidad.

Constitucionalizar ese eufemismo –o intentarlo– es grabar en la norma suprema de una nación la decisión de no mirar, y en esa decisión reside la más antigua de las tentaciones morales, aquella contra la que todas las grandes tradiciones espirituales de Occidente han advertido con la misma insistencia: la de llamar derecho a lo que es daño, y progreso a lo que es abandono.

Existe una razón filosófica –arraigada en esa misma experiencia espiritual que ha formado la conciencia moral de Occidente– según la cual ningún ordenamiento político puede llamarse justo si no protege ante todo a quienes no pueden protegerse a sí mismos.

El Gobierno ha optado por constitucionalizar la indiferencia hacia esa exigencia, y lo ha hecho con la prisa de quien, siendo abortista confeso, prefiere el escenario electoral al debate moral que su propia convicción debería exigirle.

Cuando un poder decide usar sus instituciones para modelar la conciencia moral de una sociedad, el primer instrumento que busca es el más solemne: la norma suprema, cuya gravedad presta apariencia de virtud a lo que en otro registro se llamaría simplemente corrupción moral.

Eso es lo que esta reforma constitucional ofrece: no una conquista, sino una coartada. Y una Constitución rebajada a coartada es una Constitución que ha traicionado su función, que ha cambiado la gravedad por la oportunidad y la permanencia por el ciclo electoral.

Las mujeres cuyo nombre el Gobierno invoca con tanta frecuencia como conveniencia merecen políticas que enfrenten sin rodeos las causas reales de su desamparo: la precariedad, la soledad, el abandono de una cultura que ha dejado de considerar la maternidad como un bien que merece ser sostenido.

Y los no nacidos –esos seres humanos cuya existencia este debate ha decidido mantener en el territorio de lo innombrable– merecen que una sociedad que se llama civilizada encuentre el valor de formular la pregunta que les corresponde, y, sobre todo, que no los usen para triquiñuelas políticas o electorales. No hay nada peor.