El PCT condiciona diálogo con el Gobierno a transparencia y revisión de privilegios fiscales
Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
Santo Domingo. – El Partido Comunista del Trabajo (PCT), a través de su secretario general, Aquiles Castro, fijó su posición frente al llamado a un "Acuerdo Nacional" realizado por el Presidente de la República ante la crisis global generada por los conflictos bélicos actuales.
Aunque la organización reconoce la importancia de los consensos, advirtió que el diálogo solo será válido si se orienta al beneficio de las mayorías y no a la simple "socialización" de medidas ya tomadas por el Poder Ejecutivo.
El PCT también señaló que los precedentes de incumplimiento gubernamental con gremios y sectores populares han desacreditado estos espacios.
"Toca al gobierno hacer creíble su propuesta. Esperamos que la intención no sea imponer planes ya decididos; así no tendría sentido el diálogo propuesto", expresó Castro.
Condiciones para un diálogo legítimo
Para dotar de legitimidad la convocatoria, el PCT plantea una serie de medidas correctivas que el Gobierno debería implementar de inmediato:
• Soberanía sobre recursos: Revisión del contrato con la Barrick Gold, exigiendo que los beneficios del Estado sean entregados en oro y no en dólares, aumentando la participación estatal.
• Justicia Fiscal: Revisión de las exenciones impositivas a sectores con alta rentabilidad, como el turismo y las zonas francas, para ampliar el espacio fiscal sin afectar a los vulnerables.
• Recorte de privilegios: Reducción del 60% en el gasto de publicidad gubernamental (estimado en 6 mil millones de pesos) y la eliminación de figuras irritantes como el "barrilito" y las exoneraciones legislativas.
• Alivio al costo de vida: Reducción temporal del ITBIS en productos de la canasta básica y la aplicación inmediata de la indexación salarial del Impuesto Sobre la Renta (ISR), pendiente desde 2017.
Finalmente, Aquiles Castro enfatizó que, dada la magnitud de la crisis, cualquier acuerdo nacional debe involucrar a todas las instituciones del Estado y no limitarse únicamente a la figura de la Presidencia de la República.
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