Giro en caso de fiscal imputado de soborno: defensa busca sacar a la jueza
Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
SANTO DOMINGO.– El jurista Albert Delgado, abogado del procurador fiscal imputado de recibir soborno, recusó este viernes a la jueza presidenta de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, alegando parcialidad en el proceso por haber participado en un elemento de prueba.
La defensa del procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara dijo que presentó la recusación contra la magistrada debido a que esta participó en un elemento de prueba, lo que, a su entender, la limita para conocer el proceso.
El abogado indicó que “la jueza Ysis Muñiz participó en la entrega controlada del dinero, es decir, tuvo contacto con el dinero, con el video y con las pruebas, a las cuales nosotros ni siquiera hemos tenido acceso”, manifestó.
Debido a la recusación, la jueza presidenta de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, aplazo sin fecha hasta que se decida la recusación en su contra.
En ese sentido, los jueces de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) quienes deberán decidir si existe mérito o no en la recusación presentada contra la jueza, en el plazo que establece el
Código Procesal Penal.
Con este aplazamiento, suman tres las ocasiones en que se impide que la jueza presidenta de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ysis Muñiz, conozca la solicitud de medida de coerción contra Aurelio Valdez Alcántara, imputado de recibir un soborno de US$10,000 de un testigo vinculado al caso del Seguro Nacional de Salud, conocido como “Cobra”.
El Ministerio Público solicitará 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Valdez Alcántara, quien está imputado por la presunta comisión de los delitos de concusión, soborno, cohecho y lavado de activos.
El procurador fiscal está imputado de gestionar y recibir un soborno de US$10,000 de Roberto Antonio Canaán Acta, testigo en el caso SENASA, denominado “Cobra”.
Detalles de los hechos contenidos en la solicitud
Según el expediente judicial, el 13 de marzo de 2026 el imputado se reunió con el testigo Roberto Canaán en el parqueo de un centro comercial ubicado en la avenida Jiménez Moya, esquina avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional.
En dicho encuentro, el testigo abordó el vehículo del procurador fiscal, quien habría utilizado información privilegiada sobre sus vínculos personales y propiedades para establecer una posición de dominio.
Durante la reunión, el procurador fiscal habría propuesto alterar el curso del proceso judicial en su contra a cambio de un beneficio económico. La exigencia inicial fue de US$200,000, monto que luego redujo a US$150,000 tras una negociación. Además, mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes-Benz 350 o 450 de color negro, rechazando opciones más económicas.
El procurador fiscal también habría ejercido coacción mediante llamadas telefónicas. El 18 de marzo de 2026 preguntó al testigo: “¿Para cuándo está la cosa?”, fijando como fecha límite el 24 de marzo. Para asegurar el pago, habría advertido sobre la inminente judicialización del caso, condicionando la situación legal del testigo al pago del soborno.
En instancia se indica que, el día 27 de marzo de 2026 las autoridades realizaron un allanamiento en la residencia del procurador fiscal, donde fue arrestado. Durante la operación también se ejecutó una entrega vigilada del dinero.
El Ministerio Público sostiene que el imputado se dedicaba a recibir sobornos a cambio de alterar el curso de investigaciones bajo su responsabilidad.
En recientes declaraciones, el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, afirmó que “cualquier acto de corrupción del que tengamos evidencia terminará en los tribunales”.
Esto, tras señalar que la investigación sobre este caso sigue abierta en busca de obtener pruebas adicionales de cualquier solicitud o entrega de soborno relacionada con el proceso.
Camacho destacó que la investigación continuará en curso y que se proporcionará información adicional a medida que avance en los tribunales. Además, explicó que se llevó a cabo una entrega controlada, autorizada por un tribunal, como parte de una operación destinada a detener una conducta ilícita.
“Esta es una investigación abierta, y nosotros vamos a procurar obtener evidencia de cualquier solicitud o entrega de soborno que se haya hecho en este proceso. Vamos a seguir trabajando”, reiteró.
“Quiero añadir que la corrupción en el sistema de justicia es una de las peores formas de corrupción, porque, además de afectar la seguridad jurídica, hace que el derecho sea susceptible al dinero”, manifestó Wilson Camacho.
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