El protocolo contra el acoso sexual en la Administración solo se ha activado una vez desde 2024
- Un solo caso desde la actualización del protocolo
- Sin datos sobre sanciones ni resultados
- La confidencialidad como argumento
- Una solicitud más amplia sin respuesta completa
- Revisión de protocolos tras casos recientes
- Casos recientes que elevan la presión política
Así lo reconoce el propio Ministerio de Igualdad en una resolución emitida a raíz de una solicitud de acceso a la información pública a través del Portal de Transparencia, en la que además rechaza ofrecer detalles clave sobre ese único caso, como el organismo en el que se produjo y las medidas adoptadas contra el presunto acosador.
Aunque la petición solicitaba un desglose amplio —número de denuncias, resultados y sanciones—, el Ministerio opta por una entrega parcial de la información, amparándose en la necesidad de preservar la confidencialidad de los procedimientos.
Un solo caso desde la actualización del protocolo
El dato central de la resolución es contundente: el protocolo aprobado por Resolución de 18 de octubre de 2024 solo ha sido activado en una ocasión desde su entrada en vigor.
Este instrumento regula la actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
La escasa activación del protocolo contrasta con la relevancia institucional que se le otorgó en su momento, en un contexto de creciente atención política y social hacia este tipo de conductas.
Sin embargo, la resolución no permite determinar si este bajo número responde a una falta de denuncias, dificultades en la aplicación o casos que quedan fuera del registro oficial.
Sin datos sobre sanciones ni resultados
Más allá de ese único dato, la resolución cierra la puerta a conocer el alcance real de los casos.
El Ministerio de Igualdad deniega el acceso a la información sobre el resultado de las denuncias —si fueron estimadas o desestimadas— y también sobre las decisiones adoptadas contra los denunciados, como sanciones, multas o despidos.
Tampoco facilita el desglose por organismos en el que se produjeron los hechos, pese a que esta información formaba parte expresa de la solicitud.
La negativa se apoya en la legislación vigente. En concreto, el Ministerio invoca los límites recogidos en la Ley de Transparencia para proteger la confidencialidad del procedimiento y garantizar que las actuaciones se desarrollen sin interferencias.
La confidencialidad como argumento
La resolución insiste en que la restricción de datos no es una excepción, sino una consecuencia directa del propio diseño del protocolo. Según el documento, el Ministerio de Igualdad asume el compromiso de “garantizar y mantener la máxima confidencialidad de todas las actuaciones” relacionadas con denuncias de acoso.
Este principio, pensado para proteger a las víctimas y asegurar la integridad de los procesos, acaba funcionando en la práctica como un límite al acceso público a la información, incluso en datos agregados o despersonalizados, como en qué organismo concretamente se produjo la situación de acoso o que medidas se llevaron a cabo una vez se puso en marcha el protocolo.
Una solicitud más amplia sin respuesta completa
La petición original solicitaba información detallada desde dos perspectivas temporales. Por un lado, el número de casos denunciados desde marzo de 2024, cuando se aprobó el protocolo. Por otro, los datos históricos entre junio de 2018 y marzo de 2024.
En ambos casos se pedía un desglose por institución, así como el resultado de las denuncias y las medidas adoptadas en los casos probados. Sin embargo, la resolución limita el acceso a buena parte de esos datos, dejando sin responder los aspectos más relevantes para evaluar la eficacia del sistema.
Revisión de protocolos tras casos recientes
La publicación de esta resolución coincide con un momento de revisión interna en distintos ámbitos de la Administración.
A finales de febrero, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, anunció en el Congreso una revisión “extraordinaria” de los protocolos contra el acoso sexual en la Policía Nacional y la Guardia Civil.
El anuncio llegó tras admitir que los mecanismos existentes fallaron en el caso de una agente que ha presentado una querella por agresión sexual contra el exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, el comisario José Ángel González.
Casos recientes que elevan la presión política
A este episodio se suman otros que han mantenido el foco sobre el acoso sexual en entornos institucionales. Uno de los más recientes es el de Francisco Salazar, colaborador cercano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Salazar renunció en julio a su nombramiento como secretario de Análisis y Acción Electoral del PSOE y abandonó su cargo en La Moncloa tras conocer que iban a publicarse acusaciones de “comportamientos inadecuados”, incluyendo acoso sexual y abuso de poder.
El proceso interno en el partido, sin embargo, sigue abierto. En diciembre, la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, insistió en que “el proceso no ha concluido”, pese a que Salazar haya perdido su condición de afiliado.
Mínguez subrayó que será la comisión antiacoso la que elabore un informe final que se remitirá a la Secretaría de Organización y a las partes implicadas. También reconoció la dificultad añadida de gestionar denuncias anónimas, un elemento recurrente en este tipo de casos.