Juan Bravo acusa al Gobierno de “negligencia con resultado de muerte” tras confirmarse que la vía de Adamuz se rompió 22 horas antes del accidente
La investigación sobre el accidente ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas, ha dado un giro determinante tras el último informe de la Guardia Civil, que concluye que la rotura del carril se produjo 22 horas antes del descarrilamiento.
Los agentes sostienen que el sistema de señalización no emitió ninguna alerta, pese a que la vía registró una caída de tensión compatible con una fractura desde las 21:46 horas del 17 de enero.
Según el documento, el sistema no estaba configurado para detectar automáticamente esa anomalía debido a su “falta de fiabilidad”.
La constatación técnica ha provocado una reacción inmediata del Partido Popular. Su vicesecretario de Hacienda, Vivienda e Infraestructuras, Juan Bravo, ha afirmado que el informe confirma “la verdad” sobre lo ocurrido y que desmonta de forma definitiva las hipótesis alternativas que se barajaron en los primeros días.
Bravo sostiene que la investigación descarta el sabotaje, el terrorismo, un fallo de los maquinistas o un exceso de velocidad, y que lo que emerge ahora es un escenario de “falta de mantenimiento, falta de inversión y dejadez en la gestión” de las infraestructuras ferroviarias.
El dirigente popular considera especialmente grave que la rotura permaneciera activa durante casi un día sin que se activara ningún protocolo de seguridad. A su juicio, el hecho de que las alertas no saltaran y de que el sistema no estuviera preparado para detectar la anomalía constituye una “negligencia continuada con resultado de muerte”, en referencia a las 46 víctimas del siniestro.
Bravo subraya que han pasado más de ochenta días desde el accidente y que, según él, el Gobierno no ha ofrecido explicaciones ni asumido responsabilidades.
El informe técnico descarta sabotaje y apunta a un fallo no detectado en la señalización
El informe de la Guardia Civil también detalla que la confusión inicial en los servicios de emergencia retrasó la localización del tren Alvia, ya que las primeras llamadas se interpretaron como un incidente relacionado con un convoy de Iryo.
Los agentes explican que la investigación se centra ahora en determinar si la rotura se originó en el propio raíl o en una soldadura defectuosa, y si el estado del material y su mantenimiento eran los adecuados.
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios ya había advertido de muescas compatibles con una rotura en trenes que circularon antes del siniestro, así como de posibles incongruencias en la documentación sobre soldaduras.
Bravo ha vinculado la publicación del informe con el contexto político actual, en el que se celebra el juicio por el caso mascarillas contra el exministro de Transportes José Luis Ábalos.
Según el dirigente del PP, conocer ahora estas conclusiones mientras se juzga al antiguo titular del departamento tiene una “simbología especialmente cruel”.
También ha acusado al Gobierno de haber convertido el Ministerio de Transportes en “el núcleo de la corrupción”, y ha exigido la dimisión inmediata del ministro Óscar Puente, al que responsabiliza de la situación y de haber ofrecido explicaciones que, según él, quedan desmentidas por el informe técnico.
El PP sostiene que continuará reclamando que se esclarezcan todas las circunstancias del accidente y que se depuren responsabilidades políticas.
Mientras tanto, la investigación judicial sigue abierta a la espera de los resultados de la inspección técnico-ocular y de los informes periciales solicitados para determinar con precisión cómo se produjo el descarrilamiento.