El PP saca adelante la Ley Feijóo para poner fin a los ‘ongi etorris’ y reforzar la protección de las víctimas del terrorismo
El Senado ha aprobado la toma en consideración de la propuesta legislativa presentada por el Grupo Popular para modificar la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral a las Víctimas del Terrorismo.
La iniciativa, conocida como Ley Feijóo, tiene como objetivo establecer un marco específico para impedir los llamados ongi etorris —actos públicos de recibimiento a personas condenadas por terrorismo— y otras manifestaciones que puedan suponer humillación o menosprecio hacia las víctimas. La propuesta ha salido adelante pese al voto en contra del PSOE y de otros grupos de la Cámara.
El texto plantea la creación de un nuevo título dentro de la ley vigente que permita a las administraciones actuar de forma preventiva y sancionadora frente a actos de exaltación del terrorismo, tanto en espacios públicos como en entornos digitales.
La iniciativa también prevé mecanismos de cooperación entre el Gobierno, las comunidades autónomas, los ayuntamientos y las asociaciones de víctimas para detectar y frenar este tipo de actos.
Durante el debate se expusieron datos del Observatorio de COVITE, que registró más de trescientas acciones de homenaje o enaltecimiento relacionadas con el terrorismo en el último año.
La iniciativa del PP avanza pese al rechazo del PSOE y abre una nueva fase parlamentaria
Para el PP, estas cifras evidencian que la normativa actual, aunque reconoce los derechos de las víctimas, no impide de manera efectiva que continúen produciéndose actos que consideran contrarios a su dignidad.
La formación sostiene que su propuesta busca cerrar vacíos legales y dotar a las instituciones de herramientas más claras para intervenir.
Los grupos que han votado en contra sostienen que el ordenamiento jurídico ya contempla instrumentos suficientes para actuar contra el enaltecimiento del terrorismo y que la nueva regulación podría generar duplicidades o problemas de interpretación.
También señalan que el Código Penal y la Ley de Memoria Democrática incluyen mecanismos para sancionar actos de humillación a las víctimas, por lo que consideran innecesaria una reforma adicional.
La iniciativa continuará ahora su tramitación parlamentaria, en la que podrán introducirse enmiendas y modificaciones. El PP defiende que la propuesta responde a la necesidad de reforzar la protección de las víctimas y evitar que se normalicen actos de homenaje a personas condenadas por terrorismo.
Los grupos críticos mantienen que la legislación vigente ya ofrece herramientas suficientes y que el debate debe centrarse en la aplicación efectiva de las normas actuales.