Portavoz de las víctimas de Adamuz: “De las compañías de seguros no hemos cobrado nada”
- Sin compensaciones ni explicaciones
- Reivindicación de derechos laborales
- Obstáculos judiciales para las víctimas
- Falta de responsabilidades y movilización
El accidente se produjo el 18 de enero de 2026, cuando un tren de Iryo descarriló en Adamuz (Córdoba) y colisionó con un tren Alvia de Renfe que circulaba en dirección contraria.
Entre los afectados se encuentra el propio Samper, que viajaba adormilado en su asiento cuando se produjo el choque y sufrió una fractura de esternón. Como él, otros pasajeros continúan con secuelas derivadas del accidente.
Sin compensaciones ni explicaciones
Uno de los principales motivos de queja es la falta de indemnizaciones. Según Samper, ni las compañías aseguradoras ni las entidades responsables han respondido a las demandas de los afectados.
“De las compañías de seguros no hemos cobrado nada, ni siquiera por los enseres personales”, asegura. Además, denuncia que muchas personas afectadas no han recibido información sobre su situación ni sobre los pasos a seguir para reclamar estas indemnizaciones.
Aunque reconoce que algunos afectados sí han percibido ayudas, insiste en que la respuesta ha sido desigual y claramente insuficiente. “Yo personalmente no he cobrado ayudas, pero conozco gente que sí”, explica, subrayando la falta de criterios claros en la gestión de las compensaciones.
Reivindicación de derechos laborales
La situación también afecta al ámbito laboral. El portavoz recuerda que el Ministerio de Transportes se comprometió hace un mes a considerar las bajas derivadas del siniestro como accidentes de trabajo, al igual que se hizo en la DANA, lo que garantizaría mejores condiciones económicas para los trabajadores afectados.
Sin embargo, este compromiso no se ha materializado. “No se ha cumplido y no nos dan explicaciones”, denuncia Samper. La diferencia es significativa: mientras que en un accidente laboral se percibe el 75% de la base reguladora desde el inicio de la baja, en el caso de enfermedad común las prestaciones son inferiores en los primeros días.
Además, existe otra distinción importante: por un lado, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social se encargan de la asistencia sanitaria en los casos de accidente de trabajo; por otro, es el Servicio Público de Salud quien gestiona las bajas clasificadas como enfermedad común.
Obstáculos judiciales para las víctimas
A las dificultades económicas y administrativas se suman los problemas en el ámbito judicial. La asociación pretende personarse como acusación popular en el proceso que investiga el accidente, pero se enfrenta a una barrera económica: el pago de una fianza de 3.000 euros.
“Somos los perjudicados directos”, lamenta Samper, quien considera injusto que se exija este desembolso a las propias víctimas. Por ello, han solicitado al juzgado la anulación de la fianza, al no disponer de los recursos necesarios para afrontarla.
Falta de responsabilidades y movilización
Las críticas de los afectados también apuntan a la falta de asunción de responsabilidades. Según Samper, ni el Ministerio de Transportes, ni Adif, ni Renfe han pedido disculpas por lo ocurrido. “Solo hay muchas excusas y lo justifican todo. Nadie ha asumido responsabilidades”, afirma.
Ante esta situación, la Asociación de Víctimas del Descarrilamiento de Adamuz ha convocado una concentración el próximo 15 de abril frente al Congreso de los Diputados para exigir responsabilidades.
Esta no es la única cita que el colectivo de afectados tiene marcada en el calendario. El 7 de abril tenían cita con el presidente de Adif, Luis Pedro Marco de la Peña, y el 8 con representantes de la Agencia Europea del Ferrocarril. Por último, las víctimas hablarán con un directivo de Iryo el 9 de abril con el objetivo de abordar la situación de las personas damnificadas.
Mientras tanto, los afectados continúan a la espera de avances en el ámbito judicial y de una respuesta por parte de las instituciones implicadas.