Patrimonio frena unos apartamentos turísticos con piscina junto al Alcázar

La Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, adscrita a la Consejería de Cultura, acaba de dictar un severo varapalo a un proyecto promovido para reformar un inmueble de la calle Miguel de Mañara, junto a los Reales Alcázares , declarados Patrimonio Mundial en 1987; con destino a que el mismo acoja apartamentos turísticos y una piscina en su azotea; una actuación que habrá de ser rediseñada por sus promotores, para pasar el filtro de este organismo técnico. Al detalle, el pasado 18 de marzo, la Comisión Provincial de Patrimonio abordaba el caso de una actuación planteada ante la misma, para una obra de reforma general en el edificio correspondiente al número 3 de la calle Miguel de Mañara, es decir en los aledaños del recinto de los Reales Alcázares, joya patrimonial y estandarte del turismo de la ciudad; para que el inmueble acoja «usos turísticos» . El asunto incluía además la documentación presentada por la empresa promotora como complementaria al proyecto básico de reforma. Hablamos, como bien avisa la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico, de un inmueble abarcado por el entorno automático de protección que rige sobre los Reales Alcázares y el Archivo General de Indias, como bienes de interés cultural; además de por las cautelas inherentes al trazado hipotético de la muralla histórica, que también goza de la catalogación de BIC. Y advierte una vez más la Comisión de que este inmueble está incluido en el sector seis del Conjunto Histórico y Artístico de Sevilla, correspondiente al Real Alcázar, cuyo planeamiento especial de protección pergeñado por el Ayuntamiento hispalense aún no está aprobado definitivamente. Un aviso a tener en cuenta, porque por ejemplo, el documento provisional de dicho plan especial «proponía como delimitación del BIC del Real Alcázar la parcela colindante mediante el límite trasero de la parcela» objeto de este proyecto. Más allá de estos aspectos que reflejan la especial sensibilidad patrimonial del enclave donde se promueve este proyecto de apartamentos turísticos, en un marco en el que la proliferación de los alojamientos de esta naturaleza se ha convertido en uno de los principales debates públicos y políticos de Sevilla ; la Comisión de Patrimonio ha acordado en su dictamen del 18 de marzo reclamar a los promotores de esta actuación que reformen la misma, incorporando toda una serie de consideraciones. Entre otros aspectos, la Comisión de Patrimonio pide «un estudio más detallado de los elementos arquitectónicos principales del edificio, como forjados, muros, cubiertas, etcétera , indicando el estado de conservación y las actuaciones a realizar, diferenciando los elementos que se conservan o se sustituyen en su caso, así como las técnicas y tratamientos a emplear». También precisa «indicar con mayor grado de detalle los tratamientos propuestos en las dos fachadas» y, especialmente, advierte de que «la posición de la piscina estará supeditada al estudio de forjados al que se ha aludido, debiéndose justificar la eliminación del tramo correspondiente para su instalación, así como definirse el sistema estructural que sería necesario, en relación con el edificio, garantizándose que no suponen un perjuicio para los valores patrimoniales del mismo». Y por si fuese poco, el dictamen especifica además que «en los muros que se ven afectados por la instalación del ascensor, deberá llevarse a cabo un análisis arqueológico de estructuras emergentes», con lo que el montaje de dicho equipamiento elevador «estará condicionado a los resultados de la actividad arqueológica». Y como ya hiciera en otros dictámenes de esta misma índole, la Comisión de Patrimonio introduce una vez más un nítido mensaje con relación a la proliferación de los alojamientos turísticos en Sevilla, donde rige una regulación municipal que limita las viviendas de uso turístico , (diferentes de los apartamentos porque estos últimos integran inmuebles completos para ese fin único mientras los pisos se encuadran en comunidades convencionales de vecinos), a un máximo del diez por ciento respecto al total de viviendas de cada barrio de la ciudad. No pocas voces consideran insuficiente el alcance de esta limitación. En cualquier caso, la Comisión de Patrimonio concluye su dictamen exponiendo que «conviene señalar que respecto al cambio de uso, se ha valorado este caso en particular y su afección directa a los BIC indicados, sin entrar a considerar el perjuicio que se puede estar ocasionando a los valores del BIC Conjunto Histórico de Sevilla con la profusión de cambios de uso de residencial (o aquellos relacionados con este) a turístico». «Para una mejor valoración de este cambio de modelo turístico y su afección al Conjunto Histórico de Sevilla, sería necesario un análisis y planificación integral de estos procesos, desde un desarrollo sostenible que sea respetuoso con los valores patrimoniales de la ciudad histórica», plantean los miembros de la Comisión.