Wilson Camacho: Ministerio Público profundiza investigación contra fiscal acusado de soborno
Este artículo fue publicado originalmente en El Día.
El director de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, informó este martes que hay una investigación abierta contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara, en procura de obtener evidencias en este proceso hasta la presentación formal de acusación por sobornos.
Camacho habló tras salir de la sala de audiencia de la Segunda Sala de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, donde la jueza presidenta, Ysis Muñiz, aplazó para el viernes a las 9:00 de la mañana el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra el procurador fiscal Valdez Alcántara, imputado de recibir un soborno de US$10,000 de un testigo vinculado al caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa), conocido como “Cobra”.
El Ministerio Público solicita 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Valdez Alcántara, quien está imputado por la presunta comisión de concusión, soborno, cohecho y lavado de activos.
“Nosotros vamos a procurar obtener evidencia de cualquier solicitud o entrega de soborno que se haya hecho en este proceso. Vamos a seguir trabajando. Ahora vamos a conocer la medida de coerción y la investigación va a continuar hasta que presentemos la acusación”, recalcó Camacho.
La imputación realizada por el Ministerio Público en este caso es de soborno, conforme a su teoría del caso. La entrega vigilada ejecutada corresponde a un proceso en el que se solicitaba dinero ilícito para cambiar el curso de una investigación que estaba en manos del imputado, quien fue arrestado como resultado de estas diligencias.
La indagatoria contra el procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara fue desarrollada desde el propio Ministerio Público, tanto en su fase de inteligencia como en su ejecución, con el objetivo de detener una conducta irregular dentro de la institución.
“Yo quisiera agregar que la corrupción en el sistema de justicia es una de las peores formas de corrupción que pueden existir, porque además de afectar la seguridad jurídica, hace que el derecho sea susceptible al dinero”, manifestó Wilson Camacho.
En ese sentido, destacó la postura de la procuradora general de la República, Yenny Berenice Reynoso, y de la Dirección de Persecución, de no ocultar, tolerar ni encubrir actos de corrupción.
“Cualquier acto de corrupción del que tengamos evidencia terminará en los tribunales”, afirmó.
Camacho reiteró que se trata de una investigación abierta, cuyo curso se dará a conocer a medida que el proceso avance en los tribunales. Indicó además que en este caso se realizó una entrega controlada autorizada por un tribunal, como parte de una operación dirigida a detener una conducta contraria a la ley.
“Esta es una investigación abierta y nosotros vamos a procurar obtener evidencia de cualquier solicitud o entrega de soborno que se haya hecho en este proceso. Vamos a seguir trabajando”, reiteró.
El Ministerio Público solicita 12 meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Valdez Alcántara, imputado por concusión, soborno, cohecho y lavado de activos.
El fiscal fue apresado en flagrante delito mientras gestionaba y recibía US$10,000 de una persona, hecho contenido en la solicitud de medida de coerción.
De acuerdo con el expediente, el 13 de marzo de 2026 el imputado sostuvo un encuentro con el testigo Roberto Canaán en el parqueo de un centro comercial ubicado en la avenida Jiménez Moya, esquina avenida 27 de Febrero, en el Distrito Nacional.
En ese lugar, el testigo abordó el vehículo del imputado, quien habría utilizado información privilegiada sobre sus vínculos personales y propiedades para establecer una posición de dominio.
Durante la reunión, el imputado propuso alterar el curso del proceso judicial en su contra, a cambio de un beneficio económico. La exigencia inicial fue de US$200,000, monto que luego redujo a US$150,000 tras una negociación.
Además, mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes-Benz 350 o 450 de color negro. El fiscal rechazó opciones más económicas, insistiendo en un modelo de alta gama.
El imputado también habría ejercido coacción mediante llamadas telefónicas. El 18 de marzo de 2026 preguntó al testigo: “¿para cuándo está la cosa?”, fijando como fecha límite el 24 de marzo.
Para asegurar el pago, habría advertido sobre la inminencia de su judicialización, condicionando su situación legal al pago del soborno.
Según la solicitud de medida de coerción, el 27 de marzo de 2026 las autoridades realizaron un allanamiento en la residencia del procurador fiscal, donde fue arrestado, ejecutando además una entrega vigilada del dinero.
El Ministerio Público sostiene que el imputado se dedicaba a recibir sobornos a cambio de alterar el curso de investigaciones bajo su responsabilidad.
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