El aborto como cortina de humo constitucional

El Consejo de Ministros ha anunciado la intención de reformar la Constitución para que contemple el aborto como un derecho , pese a carecer de la mayoría cualificada necesaria para hacerlo efectivo. La propuesta, presentada tras la reunión semanal del Ejecutivo, coincide con el inicio del juicio al exministro y exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos, un hecho que condiciona inevitablemente la lectura política de la iniciativa. De entrada, el reparto de escaños en el Congreso niega cualquier viabilidad a la reforma. La modificación de la Carta Magna exige mayorías reforzadas que el Gobierno no posee, ni siquiera con el concurso de sus socios habituales. El trámite elegido –la vía exprés contemplada en el artículo 43.3– pretende evitar el procedimiento agravado, pero no resuelve el obstáculo esencial: la ausencia de apoyos suficientes. A ello se suma la gravedad del contexto judicial en el que se produce el anuncio. El juicio por el denominado caso Ábalos ha situado en el centro del debate público a quien fue mano derecha del presidente del Gobierno. Las informaciones conocidas, incluidos los testimonios oídos ayer, que apuntan a la entrega de dinero en efectivo en la sede socialista y al trato de favor a cambio de favores sexuales, proyectan una sombra que exige claridad y responsabilidad política. En este escenario, el impulso de una reforma constitucional sin apoyos suficientes refuerza la impresión de que esta es otra cortina de humo de un Ejecutivo que no tiene poder parlamentario real para gobernar. El uso de la Constitución como herramienta de confrontación coyuntural resulta improcedente. La Carta Magna exige consenso, estabilidad y un propósito de mejora real del ordenamiento, no su utilización como instrumento táctico. El Gobierno incurre en una estrategia que prioriza el impacto político inmediato sobre la solidez institucional porque es consciente de que el juicio contra José Luis Ábalos expone las contradicciones de una coalición de izquierdas que defiende lo público al mismo tiempo que lo corrompe, y que dice defender los derechos de las mujeres, pero al final sólo las manipula. La apelación a derechos consolidados como elemento de movilización partidista no solo empobrece el debate público, sino que erosiona la credibilidad de las instituciones en un momento especialmente delicado. La reforma anunciada, por lo tanto, carece de viabilidad, responde a una lógica de oportunidad política y utiliza de manera impropia un instrumento de la máxima relevancia institucional. En lugar de reforzar la confianza en las instituciones, contribuye a erosionarla. Y lo hace en un momento en que la exigencia de ejemplaridad y transparencia debería ser prioritaria España necesita un Ejecutivo centrado en la responsabilidad, la transparencia y el respeto a las reglas del juego. Las reformas constitucionales no pueden plantearse como gestos simbólicos sin recorrido, ni como instrumentos de distracción ante crisis políticas o judiciales. La fortaleza de la democracia reside precisamente en lo contrario: en la seriedad de sus instituciones y en la coherencia de quienes las gobiernan.