CUT pide a Contraloría transparentar despidos en el Estado: solicitan cifras entre marzo y abril de 2026
La Central Unitaria de Trabajadores llegó este martes hasta la Contraloría General de la República para ingresar una solicitud formal con el objetivo de obtener información detallada sobre la dotación de funcionarios públicos y los despidos en el Estado registrados entre el 1 de marzo y el 1 de abril de 2026.
La acción fue encabezada por la vicepresidenta nacional y coordinadora del sector público de la CUT, Gabriela Farías, quien, junto a dirigentes sindicales, se refirieron al contenido de la carta dirigida a la contralora Dorothy Pérez.
De acuerdo al escrito, la CUT pidió información estadística sobre la cantidad de funcionarios de planta, a contrata y a honorarios en distintas reparticiones públicas, así como el número de desvinculaciones registradas en el periodo mencionado.
La solicitud incluye el desglose por tipo de contrato y causal de término de funciones, abarcando tanto la administración pública, municipalidades, universidades del CRUCH y servicios locales de educación.
Desde la organización señalaron que el objetivo es contar con datos oficiales que permitan aclarar el debate público sobre eventuales despidos en el sector público.
“Queremos una respuesta del ente que debe entregar transparencia respecto a estos puntos, como es la Contraloría”, afirmó Farías. Durante su intervención, la dirigenta sindical cuestionó la forma en que se estarían produciendo algunas desvinculaciones en el Estado.
“Es impresentable que en el año 2026 un gobierno esté despidiendo a sus trabajadores de carrera por correo electrónico”, sostuvo. Asimismo, enfatizó que los funcionarios públicos “deben tener trabajo decente y condiciones laborales estables», advirtiendo que la incertidumbre afecta tanto a los trabajadores como al funcionamiento del Estado.
La CUT espera que la información solicitada permita dimensionar la magnitud de los despidos en el sector público y, eventualmente, adoptar medidas para evitar este tipo de situaciones.
La petición se ampara en el derecho de acceso a la información pública y en el rol de la Contraloría como organismo encargado de supervisar la legalidad de los actos administrativos y gestionar los registros del personal del Estado.
Con esta acción, la multisindical busca instalar el debate sobre el empleo público en Chile y reforzar la necesidad, según plantean, de fortalecer el rol del Estado y las condiciones de sus trabajadores.
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