Los inspectores de Trabajo denuncian que su sistema de guardias impide cumplir con la jornada de 35 que "vende" Yolanda Díaz
Los inspectores de Trabajo vuelven a cargar contra la ministra de ramo, Yolanda Díaz, por su inacción en abordar sus reivindicaciones, que sí exige a las empresas. Por eso, han enviado dos cartas, una a la ministra y otra a la secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez, a las que reclaman que tras el reciente acuerdo alcanzado entre sindicatos y Función Pública para la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, que "supone un avance relevante en materia de conciliación, salud laboral y ordenación racional del tiempo de trabajo en el empleo público" -apuntan-, se tenga en cuenta que se haga "conciliable con el régimen de guardias" que actualmente realizan los funcionarios del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Según advierten desde el sindicato SITSS, en la práctica, el sistema vigente "implica que los inspectores permanezcan sometidos a un régimen de disponibilidad permanente durante semanas completas, afectando de forma directa y continuada a su descanso efectivo, a su vida personal y familiar y a su derecho a la desconexión, sin que exista una compensación adecuada que refleje la verdadera dimensión de esta carga". Una situación que evidencia una "contradicción objetiva" entre la reducción formal de la jornada y el mantenimiento de un sistema estructural de disponibilidad 24 horas al día, siete días a la semana.
Por ello, denuncian ante los dos ministerios que existe un problema de "desigualdad de trato difícilmente justificable" dentro del propio Sistema de Inspección" y recuerdan que en Cataluña, se ha reconocido esta realidad funcional mediante la compensación económica de las guardias realizadas entre semana (485 euros), con incrementos del 20% por festivos y del 34% cuando la semana se prorroga por festivo en lunes, "evidenciando que existe margen organizativo y presupuestario para abordar esta cuestión".
Los inspectores exigen unas condiciones de remuneración acordes al "elevado nivel de responsabilidad, respuesta inmediata y disponibilidad ante situaciones que afectan a derechos fundamentales, a la seguridad y salud laboral y al cumplimiento de la normativa sociolaboral". Precisamente por ello, entienden que el régimen de guardias "no puede descansar sobre un modelo que compromete la salud laboral, la conciliación y la sostenibilidad profesional de quienes lo prestan".
Por todo lo anterior, este sindicato considera "imprescindible" abordar de manera urgente una "revisión integral del sistema de guardias, de modo que se adecue a los principios que inspiran la reciente reducción de jornada en el empleo público", y que Yolanda Díaz se ha negado a revisar reiteradamente. "En consecuencia, solicitamos la apertura inmediata de un proceso de negociación específico que permita actualizar el régimen de guardias conforme a criterios de legalidad, igualdad, conciliación y prevención de riesgos psicosociales", proceso que hasta ahora les ha sido negado.
El SITSS recuerda a la ministra la reciente sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, que reconoció el derecho de una inspectora a que "el tiempo durante el cual ha venido desempeñando funciones propias de un puesto de nivel superior sea computado a efectos de consolidación del grado personal, con las correspondientes consecuencias económicas y profesionales".
Para Ana Ercoreca, presidenta de SITSS y de Fedeca, la sentencia da soporte no solo en el plano estrictamente económico, sino también en el ámbito de la promoción profesional. "El Tribunal Supremo afirma que no resulta conforme a Derecho reconocer exclusivamente las diferencias retributivas cuando ha quedado acreditado que el funcionario ha desempeñado de forma efectiva y continuada funciones de nivel superior, sino que ese desempeño ha de producir también efectos en la carrera administrativa mediante la consolidación del grado correspondiente. De este modo, se otorga prevalencia a la realidad funcional sobre la mera clasificación formal contenida en la Relación de Puestos de Trabajo cuando esta no se corresponde con las funciones efectivamente realizadas".
Los inspectores acusan de nuevo a Díaz de "ignorar las malas condiciones de trabajo de sus propios trabajadores, cuando exige a la propia Inspección que vele por los derechos de los trabajadores de las empresas. La última palabra sobre esta equiparación salarial es de Óscar López, pero Díaz no ha hecho nada por resolverlo ni por pelear por las condiciones de sus trabajadores, como sí exige al sector privado".