Gremios rechazan recorte en Salud: advierten que impactaría a más de 15 millones de personas

Las organizaciones gremiales de la salud entregaron una carta en el Palacio de La Moneda, en la que manifestaron su rechazo a la propuesta del gobierno del Presidente José Antonio Kast de reducir en un 3% el presupuesto del Ministerio de Salud para el año 2026.

Dirigentes de la Federación Nacional de Asociaciones de Enfermeras y Enfermeros de Chile (FENASENF), la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (FENPRUSS), la Confederación Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (FENATS Nacional) y la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (CONFEDEPRUS) participaron en la entrega del documento, donde advirtieron que la medida afectaría a un sistema que atiende a más del 80% de la población del país.

En la carta, señalaron que el recorte presupuestario “pone en riesgo la calidad, la continuidad y la seguridad de la atención”, además de advertir que la red pública ya opera bajo alta presión asistencial y con recursos limitados.

En ese contexto, el texto es enfático en señalar que la reducción presupuestaria afectará inevitablemente a las y los usuarios del sistema público, así como pondrá en riesgo la cobertura y la calidad de la atención. Asimismo, pone en entredicho a la ministra de Salud, May Chomalí, quien señaló que este ajuste no impactará la atención de las personas.

A la actividad también asistieron representantes del Parlamento, entre ellos el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, y el diputado del Partido Comunista, Marcos Barraza, quienes respaldaron la postura de los gremios y manifestaron su preocupación por el impacto del recorte en el sistema público de salud.

Barraza señaló que el Ejecutivo “ha actuado con indolencia, irresponsabilidad y sin prioridades sociales claras” y que la reducción presupuestaria “impacta negativamente en la ciudadanía”. Asimismo, sostuvo que “así como se equivocó en reducir en un 3% el presupuesto en seguridad pública, se equivoca en restringir el presupuesto en salud”.

El diputado llamó al Gobierno a revertir la decisión, apeló a que “aún es tiempo de retroceder en una decisión tan negativa” y afirmó que junto a los gremios de la salud y parlamentarios de distintos sectores insistirán en que se restituyan los recursos.

En tanto, los cuatro gremios alertaron que el ajuste se produciría en medio de un escenario complejo, marcado por el aumento de listas de espera, mayores costos operacionales y el inicio de la temporada de enfermedades respiratorias. En este contexto, el presidente de la FENPRUSS, Rodrigo Rocha, criticó la coherencia de la medida y alertó el impacto que tendría en la red asistencial.

«Es un contrasentido que este gobierno impulse una alerta sanitaria oncológica y al mismo tiempo intente recortar recursos necesarios para una red asistencial ya precarizada. Invitamos a las autoridades a que, tal como se hizo con el Ministerio de Seguridad, para el Ministerio de Salud se tenga el mismo trato», mencionó.

El documento advierte que el presupuesto proyectado para 2026, con un crecimiento nominal de apenas 1,14%, implica en términos reales un estancamiento e incluso retroceso, en un contexto de aumento sostenido de los costos operacionales. A ello se suma que durante 2025 fue necesario inyectar más de 2,6 billones de pesos adicionales para sostener el funcionamiento del sistema.

En esa línea, el presidente de la FENATS Nacional, Emerson Berríos, expresó su preocupación por las implicancias sanitarias del recorte. “Hoy la implicancia sanitaria que tiene este recorte del 3% nos preocupa (…) le hacemos un llamado al Presidente Kast, al ministro de Hacienda y a la ministra de Salud que pare el recorte porque hoy el sistema está asfixiado”, señaló.

“Decir que este recorte no va a afectar a las personas es simplemente desconocer la realidad del sistema público de salud. Cuando faltan recursos, se reducen prestaciones, se alargan las listas de espera y se tensiona aún más a los equipos de salud”, agregó.

Según los cálculos, actualmente los recursos disponibles apenas permiten proyectar la operación del servicio por cerca de 10 meses, lo que vuelve aún más crítica cualquier disminución. En ese marco, las organizaciones no descartaron la adopción de acciones de movilización en caso de que el Gobierno no revise su propuesta y no se abra un espacio de diálogo.

Sobre esa línea, la presidenta de la CONFEDEPRUS, Camila Fuentevilla, enfatizó el carácter esencial del sistema público e insistió en retirar la medida, pues no solo «pone en riesgo el derecho a la salud para todos y todas«, sino que también tendría un impacto en las condiciones laborales de los funcionarios del sector.

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