Polémica en Sanidad por imponer un único "observador independiente"

La incapacidad del Ministerio de Sanidad para llegar a un acuerdo que permita reconducir el conflicto con los médicos por la reforma del Estatuto Marco está teniendo un impacto creciente en los pacientes. Estos ven cómo su atención se deteriora a medida que se prolongan los paros. El aumento de las listas de espera y la cancelación o retraso de consultas y pruebas diagnósticas están comprometiendo la calidad asistencial. Y así se lo han hecho saber a Sanidad.

De ahí que la ministra Mónica García haya optado por mover ficha incluso rompiendo con los compromisos adquiridos con el comité de huelga de tomar decisiones consensuadas.

Como adelantó LA RAZÓN, el pasado lunes el comité recibió un correo electrónico desde la Dirección General de Ordenación Profesional, que lidera Miguel Ángel Máñez, en el que se le informaba de que, "siguiendo con las directrices acordadas en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (Cisns)", el Ministerio de Sanidad proponía "la participación de dos organizaciones de pacientes como mediadores para realizar funciones de observadores independientes" en el marco del proceso negociador. Las dos organizaciones eran el Foro Español de Pacientes (FEP) y la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP).

La primera sorpresa del comité fue la referencia al consenso en el Cisns, cuando la idea de proponer a los pacientes como mediadores había sido una iniciativa puntual de dos consejeros de Sanidad (de País Vasco y Canarias) –[[LINK:INTERNO|||Article|||69bd650b9845bc0007802216|||que inicialmente fue rechazada por la ministra–]] y no había sido ni votada ni aceptada por el resto de las autonomías en la reunión del viernes anterior.

Es más, tanto la Comunidad de Madrid como Extremadura dirigieron la semana pasada sendas cartas a Mónica García para rechazar la intermediación de los pacientes en el proceso de negociación con la profesión médica.

La segunda, que Sanidad impusiera esta mediación de manera unilateral, rompiendo el compromiso de que la entidad u organización elegida lo fuera de manera consensuada por las partes. Y, la tercera, y más importante, que el Ministerio centrara su atención en este recurso de la mediación sin atender los asuntos esenciales que el comité les había pedido para esta segunda reunión después de meses sin contacto, es decir, "documentación y propuestas reales".

Por ello, como avanzó este periódico, desde el comité respondieron oficialmente al Ministerio de Mónica García solicitando un aplazamiento de la reunión de hoy, "al no haberse dispuesto hasta la fecha de la documentación necesaria para su adecuada preparación por la parte social".

Además, las organizaciones sindicales puntualizaron que "cualquier asistente invitado a participar en las reuniones, ajeno al Ministerio y al comité de huelga, deberá ser consensuado previamente por ambas partes".

Ante esta situación, Sanidad reprogramó la reunión para mañana miércoles a las 15:00 horas, pero el comité de huelga volvió a rechazar la nueva fecha porque el Ministerio no había escuchado nada de lo que le habían dicho, y mantenía las mismas condiciones.

¿Por qué la POP?

Entre el lunes y miércoles pasado, el departamento de Mónica García se decantó por la POP como "observador independiente" en el proceso de negociación, eliminando al FEP de la ecuación. El movimiento se entiende mejor si se analiza junto a estos dos hechos.

El jueves 26 de marzo, un día antes del pleno del Cisns, la presidenta de la POP, Carina Escobar, declaraba frente al Ministerio de Sanidad que los pacientes estaban "padeciendo esta huelga desde la confusión, sin entender por qué el Estatuto Marco no es suficiente para nuestros médicos". "Pedimos que se establezcan vías de diálogo constructivo y que no pasen por más vías de huelga", señalaba. Asimismo, la representante se ponía "a disposición de las partes" para ayudar a desbloquear la situación.

Por su parte, el presidente del FEP, Andoni Lorenzo Garmendia, publicó unos días después en sus redes sociales una reflexión sobre la "inquietud" que le producía "la propuesta de la Consejería de Salud del País Vasco (PNV) de delegar la mediación de un conflicto laboral en una organización de pacientes". Entre otros aspectos, destacaba que "una negociación laboral es un proceso de alta complejidad que exige expertos en derecho y relaciones de trabajo. Delegar esta responsabilidad en una asociación de pacientes, cuya misión es asistencial y no jurídica, genera una incertidumbre innecesaria. No se puede situar en el centro de un conflicto al perjudicado por él. Dónde está su independencia. El paciente es el centro y la razón del sistema, el fin propio de la resolución de este conflicto".

La pregunta de por qué Sanidad se ha decantado por la POP se responde sola.

Fuentes del movimiento asociativo consultadas por LA RAZÓN lamentan que se haya dejado fuera al FEP, que inicialmente había sido uno de los interlocutores naturales en este proceso y cuya participación parecía lógica por su representatividad.

"Desde Sanidad no se ha ofrecido, hasta el momento, una explicación clara sobre los criterios seguidos para elegir a unos en vez de a otros. Es una falta de transparencia que genera desconcierto y cierto malestar en el ámbito asociativo, donde llevamos años reclamando mayor claridad en las decisiones que nos afectan directamente", comentan.

"Contradictorio e impulsivo"

Otra de las fuentes consultadas añade: "Si el conflicto estaba ya marcado por la desconfianza entre las partes, introducir nuevos elementos sin explicaciones podría dificultar aún más el objetivo de alcanzar un acuerdo". Voces de la comunidad de pacientes insisten al mismo tiempo en que el Ministerio "es contradictorio e impulsivo".

Otras organizaciones de pacientes, como la Federación Española de Enfermedades Raras (Feder), la Confederación Española de Alzheimer (Ceafa) o Esclerosis Múltiple España (EME) se han pronunciado sobre el peligro de que el conflicto de Sanidad con los médicos se cronifique.

"Somos conscientes de que las huelgas pueden derivar en problemas sanitarios para la sociedad en general y nuestro colectivo en particular", explica Juan Carrión Tudela, presidente de Feder.

"El incremento de las listas de espera puede agravar la evolución de la enfermedad al retrasar el seguimiento clínico", indica Jesús Rodrigo, director de Ceafa, al mismo tiempo que muestra su apoyo a las reivindicaciones formuladas por los médicos, al considerar que unas condiciones laborales dignas resultan esenciales para garantizar una atención de calidad. La organización pide al Ministerio de Sanidad conceder prioridad al cuidado de los profesionales para proteger así a los pacientes.

Beatriz Martínez de la Cruz, de EME, por su parte, subraya la necesidad de que se busque "consenso y entendimiento entre las administraciones públicas y los representantes del colectivo médico, con el objetivo de dar prioridad al interés general y a la continuidad asistencial de nuestro sistema de salud".