Ábalos contra la UCO y Aldama: los indicios que cercan al exministro

José Luis Ábalos saldrá hoy de prisión. No será, como deseaba el exministro, en libertad provisional, sino para asistir a la sesión inaugural del primer juicio del «caso Koldo» en el Tribunal Supremo. Lo hará en el furgón policial que quería evitar para afrontar en plenas facultades los vaivenes –procesales, y emocionales también– de una vista oral que se desarrollará, muchos días en jornadas de mañana y tarde, hasta el próximo día 30. Quien fuera hombre fuerte de Pedro Sánchez en el PSOE compartirá banquillo con su antiguo asesor Koldo García –quien para su alivio terminó dando nombre a esta causa de corrupción que todavía sigue viva en la Audiencia Nacional– y con el empresario Víctor de Aldama. El comisionista, cuyas revelaciones han sido claves para avanzar en la investigación, es la principal amenaza para el ex secretario de Organización del PSOE, junto con los informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que las defensas del exministro y de su otrora asesor han intentado echar por tierra sin éxito a lo largo de la instrucción.

La colaboración con la Justicia de Aldama le ha valido una petición de condena más benévola por parte de las acusaciones –atenuante mediante–, siete años frente a los 24 que pide la Fiscalía Anticorrupción para Ábalos y los 19 y medio para Koldo (que la acusación popular eleva a 30).

Ábalos (y también Koldo) tendrá que centrar por tanto su defensa en rebatir las revelaciones de Aldama y las demoledoras conclusiones de los informes de la UCO, con el reguero de wasaps y los exhaustivos análisis de su patrimonio que, según el juez, refuerzan las palabras del empresario sobre ese triunvirato que habrían puesto en marcha los tres investigados para decantar adjudicaciones públicas, aprovechando la condición de ministro de Ábalos (tras contribuir «activamente» a que Pedro Sánchez recuperase las riendas del PSOE en 2017) a cambio de comisiones.

Principal sustento de las imputaciones

El magistrado Leopoldo Puente ya dejó claro en la resolución en la que procesó a los investigados que la mayor parte de las imputaciones se sustentan en las revelaciones de Aldama.

El empresario relató, por ejemplo, cómo se amañaron los contratos para la compra de mascarillas en pandemia a favor de Soluciones de Gestión, la empresa de la «trama» (utilizándose de punta de lanza a dos empresas con músculo económico dependientes de Transportes, Puertos del Estado y Adif). Y contó cómo en el caso de Puertos del Estado, el pedido inicial, de cuatro millones de mascarillas, se duplicó 38 minutos después «por imposición» del propio comisionista, avalándose finalmente la adquisición de ocho millones de unidades del material sanitario.

También aludió a las gestiones (acreditadas por otros testimonios) ante los ministerios de Hacienda e Industria que entonces dirigían María Jesús Montero y Reyes Maroto.

Aldama también se explayó sobre los pagos de 10.000 euros mensuales en metálico a Koldo entre octubre de 2019 y, al menos, 2021, dinero que supuestamente se repartía con Ábalos y que le habría abonado en alguna ocasión en presencia del entonces ministro.

Explicó, también, las entregas en República Dominicana, adonde se desplazó en varias ocasiones el hermano de Koldo, Joseba García, donde un socio de Aldama le entregaba el dinero. Versión ratificada por dos testigos.

Aldama contó también a Anticorrupción que Ábalos llegó a firmar un contrato de alquiler de un piso en el Paseo de la Castellana con opción a compra de 750.000 euros «muy inferior a su valor real de mercado». Y aunque no llegó a ocupar la casa ni desembolsó dinero alguno, la Fiscalía considera este hecho indicativo de que se trataba de una dádiva más.

El valor probatorio de su testimonio

El instructor ya apuntó que debe ser en el juicio cuando se «profundice» en el valor probatorio de «las declaraciones incriminatorias del coacusado». Pero destacó que sus revelaciones «en absoluto resultan exculpatorias», pues admitió que él entregaba el dinero a Koldo García asumiendo, subrayó el juez instructor, «su propia responsabilidad».

Pero, al mismo tiempo, Puente hizo hincapié en que las declaraciones incriminatorias del empresario «aparecen indiciariamente corroboradas por otros resultados de la investigación». Y se refería expresamente a que la investigación patrimonial a Ábalos y Koldo corroboró la existencia de ese «pacto concertado» entre los tres investigados para amañar adjudicaciones públicas. Y es que esos informes de la UCO constataron un «significativo incremento de ingresos en metálico» en las cuentas de Ábalos y Koldo entre 2018 y 2022 en la misma medida en que desaparecían o experimentaban un acusado descenso las retiradas de efectivo, aunque los gastos «permanecían constantes».

Esos análisis de la UCO que el exministro está obligado a rebatir también acreditan la inusual y muy estrecha conexión entre los patrimonios de uno y otro. Hasta el punto de que la Guardia Civil señaló que Koldo se hacía cargo de gastos de su jefe (como la pensión alimenticia de uno de sus hijos, por ejemplo), sobre los que no existe constancia de que fueran reintegrados.

Pagos en especie

La investigación patrimonial también hizo aflorar que entre 2019 y 2021 Koldo Ábalos alquiló a Koldo una vivienda en el madrileño barrio de La Latina, cuyas rentas no se declararon a Hacienda. O la adquisición de una vivienda en Valencia por parte de Ábalos y su entonces esposa en julio de 2020 cuyo precio real de venta, según Aldama, fue mayor a los 90.000 euros declarados.

Atrapado entre los informes de la UCO y las palabras de Aldama, el exdirigente socialista ha constatado cómo a lo largo de la instrucción diversos testimonios corroboraban las revelaciones del empresario, como sucede en el caso del piso en el que vivió Jésica Rodríguez (entonces pareja de Ábalos) en Plaza de España cuyo alquiler pagó un socio de Aldama, Alberto Escolano, a razón de 2.700 euros al mes.

Algo parecido sucede con otros supuestos pagos en especie, como el disfrute familiar de un chalet en Marbella o en la urbanización «La Alcaidesa» de La Línea de la Concepción (Cádiz). O, también, con los «enchufes» de Jésica Rodríguez (quien admitió que no fue a trabajar ni un solo día) en Ineco y Tragsatec, y de otra amiga de Ábalos, la ex miss Asturias Claudia Montes, en Logirail.

Víctor de Aldama contó asimismo que Transportes le facilitó en pandemia diversos «salvoconductos» o permisos de movilidad, a indicación suya, pese a que los beneficiados, que supuestamente iban a reunirse en el ministerio de Ábalos, nunca llevaron a cabo reunión alguna en la sede de Transportes.