Régimen de sanciones busca frenar filtración de crimen organizado en el Poder Judicial
Los diputados aprobaron en primer debate un proyecto de ley que unifica la normativa del Poder Judicial para sancionar a los servidores activos e introduce la posibilidad de aplicar castigos también a las personas que están en listas de suplentes, elegibles o meritorias.
Se trata de una iniciativa legal con 240 artículos y nueve transitorios que establece las conductas que se pueden calificar como faltas leves y graves, así como las correspondientes sanciones para las personas que las cometan.
El objetivo del proyecto, aprobado de forma unánime por los 44 diputados presentes en el plenario, es evitar la filtración del crimen organizado en el Poder Judicial, a través de la corrupción de sus funcionarios, tanto los que están activos como los que están en listas de suplentes, elegibles o meritorios.
Aunque se trata de un proyecto impulsado por el presidente legislativo, Rodrigo Arias, y el diputado liberacionista Danny Vargas, fue construido dentro del Poder Judicial durante varios años.
El articulado de la ley unifica y actualiza la normativa interna de ese poder, con base en normativa dictada por la Corte Plena sobre el ejercicio del régimen disciplinario.
Aparte de los procedimientos ya establecidos para sancionar a servidores, la intención es tener una herramienta que permita sacar de las listas de suplentes a personas que cometan las faltas y así evitar futuros nombramientos de eventuales funcionarios corruptos o vinculados a organizaciones delictivas.
Los diputados que dictaminaron la iniciativa en la Comisión de Asuntos Jurídicos destacaron que el proyecto también busca establecer un debido proceso para las partes de los procesos sancionadores, además de fortalecer la lucha contra la corrupción y la infiltración del crimen organizado.
Otro punto fundamental del proyecto aprobado es definir cuáles temas disciplinarios debe atender la Corte Plena, para sacar del ámbito de los magistrados una serie de casos relacionados con funcionarios.
En ese sentido, prácticamente quedan bajo estudio de los magistrados solo los procesos sancionatorios de los jerarcas del Poder Judicial.
Faltas graves de los funcionarios
Entre las faltas graves consideradas en el proyecto aprobado, están todas las prohibiciones ya establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero también los actos de corrupción específicos señalados en la iniciativa, tanto si los cometen como si omiten denunciarlos.
Por ejemplo, aceptar objetos de valor, dádivas, favores, premios, promesas o ventajas a cambio de realizar u omitir cualquier acto relacionado con sus funciones.
Lo mismo se considera sobre ofrecer, otorgar a otro servidor público algún objeto o dádiva a cambio de hacer u omitir cualquier acto.
Se describen también como corrupción el aprovechar u ocultar bienes, incurrir en conflicto de intereses, usar su cargo público para obtener o conceder beneficios, desviar fondos públicos, divulgar información para otorgar una ventaja indebida a personas físicas o jurídicas.
Además de las prácticas corruptas, también se incluyen como faltas graves el hostigamiento y acoso sexual, o laboral, la discriminación, el abandono de funciones, entre otras muchas.
Como se trata de normativa administrativa, las sanciones van desde la amonestación escrita y la suspensión sin goce de salario hasta el despido sin responsabilidad patronal.
Adicionalmente, para el caso de suplentes, elegibles o meritorios, la sanción máxima sería la exclusión de la lista hasta por 10 años.
La propuesta aprobada establece que la Corte Plena solo puede sancionar a sus magistrados titulares y suplentes, así como los del Consejo Superior del Poder Judicial, al fiscal general y general subrogante, al director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de la Defensa Pública, y el auditor y subauditor general.
Finalmente, también pueden ser sancionados por la Corte Plena los jueces y juezas decisoras del Tribunal Administrativo Sancionador y del Tribunal Administrativo Sancionador de Apelación.
En cuanto al resto de los servidores judiciales, la potestad de dirigir los procesos sancionatorios estará precisamente en ese tribunal sancionador.
La votación en segundo debate fue señalada para el jueves 9 de abril. Después de esa votación, pasará a la Presidencia de la República para su firma y publicación en La Gaceta.