Las relaciones con Chile, la migración irregular y las elecciones, por Manuel Rodríguez Cuadros
El nuevo gobierno peruano que se elija en la segunda vuelta electoral del 7 de junio, independientemente de su orientación política, tendrá entre sus tareas primordiales definir la orientación y los objetivos de la política externa. Decidir los términos de la inserción del país en un sistema internacional en transición, unipolar, fragmentado, con tendencias a la bipolaridad económica.
Si se adoptan esas decisiones en función del interés nacional –al margen de la presión ideológica o el prejuicio político–, es de esperar que en cualquier escenario la diplomacia peruana discurra por el camino de una política exterior de Estado. Su objetivo mayor debiera ser el ejercicio de una diplomacia autónoma, independiente, democrática, que represente los intereses de la sociedad y el Estado. Que traduzca en lo político-diplomático el margen amplio de independencia y diversificación que posee la inserción económica del país en el proceso global. Aunque parezca tautológico afirmar una diplomacia peruana, es decir que responda a nuestros intereses, no a los ajenos.
En el ámbito limítrofe, esta determinación debería traducirse en el establecimiento de asociaciones preferenciales con Brasil, Bolivia, Chile, Colombia y Ecuador. En cada situación con los pesos y medidas de las afinidades y el rango de intereses complementarios.
En el caso de Chile, en particular, la asociación preferencial tiene una base objetiva. Después del fallo de la Corte Internacional de Justicia se crearon las condiciones históricas y subjetivas para que, por primera vez, en la relación bilateral la dinámica de la cooperación se torne hegemónica en relación a la de la diferenciación o el conflicto, que de alguna manera había predominado desde 1883. Las relaciones transitan por ese derrotero.
Las bases objetivas de esa relación están dadas por variables estructurales de naturaleza económica y social, es decir desde la perspectiva de las relaciones intersocietales que son las que definen las dinámicas económicas y sociales del complejo relacional peruano-chileno.
En 2025, el comercio bilateral ascendió a 3.745 millones de dólares. Las exportaciones peruanas de 2.049,6 millones generaron un superávit de 463 millones. Las exportaciones chilenas al Perú ascendieron a 1.586,1 millones. El Perú es el 13.º socio comercial de Chile y este el séptimo para el Perú, el segundo en la región, después de Brasil. La inversión acumulada de Chile en el mercado peruano es superior a los 14.000 millones de dólares. Y la peruana en Chile, ya supera los 1.000 millones. Se trata de una relación con una densidad económica de alta prioridad para los dos países.
En el turismo, que es el más humano de los flujos económicos, las cifras muestran un alto grado de movilidad entre los dos países. En 2025, Chile fue el principal emisor de turistas al Perú (1,2 millones de turistas; 500 mil ingresaron por Tacna) y el Perú el cuarto al mercado turístico chileno (400 mil visitantes).
Estas cifras indican que la frontera, antes que marcar la separación o el límite, indica hoy un espacio de interacciones múltiples que comunican además de los agentes diplomáticos del Estado, a las poblaciones, los agentes sociales, económicos e institucionales. Largamente es una relación intersocietal que va mucho más allá de los flujos interestatales.
En el ámbito prioritario de la conducta de ambos países en la dinámica de los cambios del sistema internacional y en los procesos de la política mundial, los niveles de coincidencia de posiciones son sólidos frente a divergencias mínimas. El promedio del índice de convergencia de las posiciones de Perú y Chile en las votaciones de la Asamblea General de la ONU en el período 2022-2025 es superior al 87%. A pesar de que en ese lapso hubo diferenciación política entre los gobiernos, este indicador demuestra la autonomía de los intereses nacionales respecto de sus orientaciones políticas y aun del discurso de sus líderes.
Es en este contexto, es en el que hay que analizar no solo la nueva política migratoria que ha adoptado el gobierno de José Antonio Kast en Chile, sino las primeras medidas que está adoptando y su impacto en la relación bilateral.
Los datos objetivos muestran dos elementos de contexto. En primer lugar, la migración peruana a Chile –que asciende al 13,6% del total–, se ha consolidado como un flujo de asentamiento legal e inserción productiva, ciudadana y humana con impactos positivos en la estructura de la sociedad chilena. No obstante, actualmente existen cerca de 40.000 peruanos y peruanas en situación irregular. En segundo lugar, la presión de extranjeros, especialmente venezolanos y bolivianos, para ingresar irregularmente a través de la frontera común, ha disminuido con el tiempo. Actualmente no existe tensión o movimientos excepcionales de migración irregular.
Los cancilleres, Hugo de Zela y Francisco Pérez Mackenna, lo acaban de verificar en la III reunión del Comité Binacional de Cooperación Migratoria Perú-Chile, que se realizó hace unos días: "Las delegaciones intercambiaron información sobre la dinámica migratoria, constatando la reducción de la migración irregular y la positiva cooperación bilateral en la materia".
El tema de las expulsiones y la construcción de zanjas y muros en la frontera, es de exclusiva competencia de la jurisdicción nacional chilena.
Pero, no es un detalle menor que al mismo tiempo que se iniciaban las excavaciones en territorio chileno para las zanjas y el muro – símbolo de separación–, en el lado peruano también se cavaban zanjas; pero no para separar, sino para adecuar una vía para el transporte pesado que no obstaculice el enorme flujo de autos que a diario cruzan de un lado al otro la frontera. Símbolo de integración.
Las zanjas y los muros tendrán, quizás paradójicamente, un efecto positivo en el tránsito irregular de personas de Chile hacia el Perú. Ante el anuncio de expulsiones, miles de venezolanos podrían considerar el tránsito irregular a territorio peruano. Las zanjas y los muros serán un obstáculo y coadyuvarán a su permanencia en territorio chileno.
En algún momento se habló de un corredor humanitario "para expulsiones masivas terrestres a Venezuela, pasando por el Perú". Es inviable. Los corredores humanitarios son para proteger a los migrantes en situaciones bélicas, de tensión o de desastres naturales. Son humanitarios precisamente porque conforme al derecho internacional están dirigidos a proteger los derechos humanos de los migrantes, no a vulnerarlos.
No puede existir un "corredor humanitario" para expulsiones colectivas, pues estas están prohibidas por el derecho internacional y violan los derechos de los migrantes. En el caso de Chile, el Estado tiene la legitimidad de expulsar migrantes irregulares, pero no colectiva ni masivamente, sino conforme a procesos administrativos o judiciales garantistas. Entre 2015 y 2024 ya ha decretado 47.811 expulsiones administrativas.
En todo caso el Perú no puede, por sus propios mandatos constitucionales, participar en ningún tipo de corredor no humanitario de expulsión de migrantes, en cualesquiera de nuestras fronteras. No lo puede hacer, además, pues sería anteponer otros intereses al interés nacional peruano de resolver los problemas de la inmigración irregular en el territorio nacional.
Al mismo tiempo, es indispensable una cooperación estrecha entre los dos países para combatir la inmigración irregular, en los dos cursos de la frontera, especialmente la asociada a la criminalidad. Ese es un objetivo estratégico de la relación bilateral, que el nuevo gobierno peruano debe asumir con vigor, transparencia, decisión y pleno respeto a la legalidad internacional y los derechos humanos.