Un juzgado abre una nueva causa por alzamiento de bienes contra el financiador de Alvise Pérez

El Juzgado de Instrucción número 16 de Madrid ha abierto una nueva investigación por un presunto delito de alzamiento de bienes contra el empresario, Álvaro Romillo, que financió al eurodiputado, Alvise Pérez, en los comicios europeos.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, la pieza en cuestión que ha sido remitida por el magistrado José Luis Calama –que investiga, a su vez, la causa principal en la Audiencia Nacional– lo es por unos hechos que podrían ser constitutivos de delitos de quebrantamiento de las medidas cautelares impuestas, frustración de la ejecución, malversación impropia de caudales públicos y falsedad documental.

La trama principal, liderada por el pagador de Alvise, se centra en una macroestafa piramidal de más de 180 millones de euros perpetrada por Madeira Invest Club (MIC) y cuenta, además, con 52 sociedades interpuestas, 106 cuentas bancarias, bienes inmuebles, vehículos y embarcaciones, repartidos en, al menos, 15 jurisdicciones diferentes.

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, la presunta organización criminal llegó a estafar a 3.000 inversores prometiendo rentabilidades de más del 50%.

El magistrado Calama dictó entonces en el marco del procedimiento, que llevó a Romillo a prisión provisional, una serie de medidas cautelares de embargo de todos los bienes y Órdenes Europeas de Investigación (OEI) para la localización de los activos en posesión de la organización y, por ende, para el embargo de los mismos.

Sin embargo, la trama «realizó numerosos actos de disposición de los activos, adquiridos con el dinero de las víctimas, a favor y por intermediación de familiares, testaferros y socios comerciales, a fin de evitar y dificultar las medidas de embargo, decomiso y/o incautación».

Es decir, los investigados, en mitad de la fase de instrucción, trataron de ocultar los bienes para evitar que la Justicia pudiera embargarlos y lo hicieron a través de la venta de los activos mediante testaferros.

Es precisamente esta constatación y, el consiguiente auto del magistrado, la que ha motivado la interposición de una nueva querella por parte de los perjudicados, que lidera el despacho de Zaballos Abogados.

Ante la desaparición de los bienes, entre los que había vehículos de alta gama, el juez ordenó a la Policía Judicial investigar su paradero. Las pesquisas condujeron a un almacén en Maia (Portugal), lo que confirmó que habían sido trasladados fuera de España tras el embargo judicial y por indicaciones de Domingo Romillo y Juan Carlos Romillo, padre y tío del empresario que financió al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF).

Además, durante estas actuaciones se intervinieron nuevos vehículos no identificados previamente y, por tanto, se amplió el alcance de la investigación. El auto también detalla el uso de múltiples sociedades como instrumento para ocultar los bienes y dificultar su rastreo; todas ellas tituladas por miembros relacionados con la presunta organización criminal.

Estas sociedades, según explica el auto judicial, habrían servido para titular formalmente los vehículos, trasladarlos entre países y dificultar su rastreo, aparentando, no obstante, de que todo ello se trataba de una operación legal.

Así, por tanto, el propio Calama ha acordado deducir testimonio de estos hechos, es decir, separar esta parte del caso para que sea investigada de forma independiente, mientras que la Audiencia Nacional investiga la estafa principal.

A su juicio, estos nuevos hechos no entran dentro de su competencia directa, ya que no se refieren al núcleo del delito de estafa investigado inicialmente, sino a actuaciones posteriores relacionadas con la ejecución de embargos.

En paralelo, hay que tener en cuenta, que este tipo de operativa encajaría con otros indicios detectados por la UCO, como la transferencia de millones de euros a sociedades del entramado o a empresas en el extranjero, algunas de ellas ya bloqueadas por orden judicial.

Por ejemplo, según expone el informe, la red desvió más de 29 millones de euros a sociedades radicadas en el sudeste asiático. En cualquier caso, estas nuevas diligencias supondrían ya la cuarta causa abierta contra el empresario Romillo.