Adelanto de elecciones locales desata debate jurídico en Ecuador
QUITO, marzo 31.- El movimiento Revolución Ciudadana presentó una demanda judicial contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por su decisión de adelantar las próximas elecciones regionales en dos meses, lo que según letrados resulta inconstitucional, e involucra la escogencia de más de 5 600 autoridades locales principales y suplentes en todo el país que ahora se votarían en noviembre, explicó Telesur.
La acción fue interpuesta por el abogado del movimiento, Gabriel Rivera, ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE). Según argumentó, el adelanto modifica los plazos establecidos en el proceso electoral y afecta derechos fundamentales. Por esa razón consideró, además, que la resolución del CNE vulnera el principio de seguridad jurídica y los derechos de participación ciudadana.
El jurista detalló que «se dice que las elecciones se realizarán el 29 de noviembre de 2026 y que las candidaturas se podrán inscribir hasta el 17 de agosto de 2026. De manera que esto comprende 104 días, cuando este artículo 98 (del Código de la Democracia) solamente da hasta cien días».
Pero Rivera señaló, además, que toda resolución del poder público debe estar debidamente motivada, aspecto que no se cumple en este caso, dijo. Por ello, advirtió que podría presentar también una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional, lo que se sumaría a otras demandas similares.
La presidenta del CNE, Diana Atamaint, defendió la medida en redes sociales durante la jornada del lunes, y afirmó que se había adoptado el adelanto en atención a informes técnicos según los cuales, el país sentiría los efectos de la llegada del fenómeno climatológico El Niño desde mediados de 2026 hasta inicios de 2027.
Sin embargo, hasta el momento los organismos encargados de monitorear este evento no han publicado proyecciones oficiales sobre su intensidad, afirmó Telesur.
Atamaint también sostuvo que el CNE es la máxima autoridad en época electoral; pero el medio independiente Ecuador Chequea cuestionó esa afirmación, y apuntó que ninguna institución está por encima de la Carta Magna, y que la autonomía del CNE no es absoluta.
El adelanto de la votación ha desatado un debate jurídico sobre legalidad, control constitucional y derechos políticos que se añadiría a las tensiones ocasionadas por los constantes decretos de estado de emergencia en distintas provincias, y el despliegue militar de fuerzas ecuatorianas y de Estados Unidos en la declarada lucha del presidente Daniel Noboa contra el narcotráfico, para la cual este ha abierto las puertas de la nación a los marines enviados por el Pentágono, y ha mimetizado las falsas soluciones de enfrentamiento al flagelo «sugeridas» por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Según explicó el diario local El Comercio, la demanda sostiene, además, que el CNE modificó el calendario electoral apenas un mes después de haber declarado el inicio oficial del proceso, el 14 de febrero de 2026. Según el planteamiento, esto altera las condiciones bajo las cuales las organizaciones políticas ya habían comenzado a estructurar sus procesos internos, como la selección de candidaturas y alianzas.
El argumento central de la solicitud se enfoca en la seguridad jurídica, coincidió el periódico. Una vez que los plazos han empezado a correr, las reglas del proceso no deberían modificarse de manera sustancial, ya que esto genera incertidumbre para los actores políticos y la ciudadanía.
Esta alteración, explica la demanda, podría afectar directamente el derecho a la participación política efectiva, al impedir que los sujetos políticos adecuen su actuación a condiciones previamente establecidas.
En ese contexto, se solicitó a la Corte Constitucional la adopción de medidas cautelares para suspender el nuevo calendario electoral.