El financiador de Alvise, encausado por un fraude fiscal de más de un millón en un año

Álvaro Romillo, el empresario que financió de manera presuntamente ilegal a Alvise Pérez, se enfrenta a un nuevo frente judicial en la causa por la macroestafa que habría liderado con Madeira Invest Club (MIC). Su empresa que, según la CNMV, era un «chiringuito financiero».

Tal y como ha podido saber LA RAZÓN, la Audiencia Nacional ha dictado la apertura de una pieza separada para investigar si Romillo habría cometido también, junto a sus principales colaboradores, un fraude fiscal, al menos, en el año 2022.

Esta nueva vertiente judicial contra «Luis CryptoSpain» seguirá en los juzgados de Madrid, puesto que el instructor en la AN se ha inhibido a los tribunales de Plaza de Castilla para que se sigan ahí las actuaciones al ser esta y la estafa cuestiones «desconectadas».

Dado que son actos relativos a un «momento anterior a aquel al que se circunscribe el engaño que actúa como espina dorsal de la estafa investigada». El mayor número de los afectados son representados por el despacho Zaballos Abogados.

El magistrado José Luis Calama apunta a que de las indagaciones llevadas a cabo «se desprende la existencia de indicios racionales y suficientes» de que Romillo habría llevado a cabo una «conducta defraudatoria» en aquel ejercicio anual, en lo referente a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) como en el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). Principalmente, mediante «la omisión de ingresos reales» que reflejan «su verdadera capacidad económica».

En concreto, Hacienda cuantifica la cuota defraudada en el IRPF de 2022 en 906.919 euros y, en lo referente al IVA de 2022, el fraude asciende a 511.487 euros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 aprecia la existencia en el pagador del líder de Se Acabó la Fiesta (Salf) de una «voluntad consciente de ocultar ingresos y eludir el pago de las obligaciones tributarias, sin que los hechos puedan explicarse por un mero error contable».

Además, el magistrado Calama ya adelanta que no descarta que, con el avance de las pesquisas, se evidencia la presunta existencia de delitos contra la Hacienda pública en los ejercicios de 2023 y el pasado 2025. Esto, en cambio, sí que se podría llegar a investigar en la AN, si se estiman «conexos» y ya que se referirían a un periodo en el que ya estaría operativo el MIC.

El fraude fiscal que ahora será rastreado por el juez de la capital al que le sea atribuido por reparto se refiere a que Romillo, hace ya cuatro años, promocionó a través de su página web (cuya dirección incluía su propio nombre) «mecanismos para la elusión de impuestos».

Tales como «poner los bienes a nombre de familiares y amigos»; «ocultar la residencia fiscal» en nuestro país y así evitar su tributación; «simular tu residencia fiscal en otro país»; «utilizar, torticeramente, sociedades extranjeras»; «distraer ingresos para que no tributen», o «inflar gastos de empresa, creando gastos o pérdidas ficticias».

Según el auto del juez Calama al que ha tenido acceso este diario, el propio financiador del eurodiputado Alvise siguió sus propias estrategias para consumar esta defraudación al fisco en 2022.

Tras el éxito de la «formación» que daba en «elusión fiscal», creó una estructura a fin de «rentabilizar este auge en redes», dotándose de hasta una decena de empleados e, incluso, de un espacio de oficinas «para poder dar cobertura a la demanda» de sus servicios.

A dicha necesidad responde la inicial puesta en marcha de la sociedad Eulegal España SL, «que él mismo promociona en redes con el nombre de Elufiscal», cuya sede estaba en Las Rozas de Madrid.

Sin embargo, Romillo, formalmente, no figura como «partícipe» de la mercantil, sino que son personas «de su gran confianza». Por tanto, ya aquí aplicó «una de sus grandes estrategias»: «Ocultarse detrás de familiares y amigos».

Este empresario de las criptomonedas utilizó esta sociedad limitada para alquilar una vivienda en Madrid, en la que residía y sin que él constara como arrendatario. De esta forma, opacaba su residencia en España.

Por otro lado, Elulegal le sirvió también para articular un sistema de facturación cruzada entre las distintas sociedades bajo su control, principalmente con las radicadas en el extranjero (hasta 10 ubicadas en EEUU, Portugal, Rumanía y Estonia), de forma que así «surgían» unos importantes gastos que deducir de los ingresos.

Esta y el resto de mercantiles supusieron un «embrollo» –en palabras del instructor– que tuvo por objeto «opacar los verdaderos ingresos generados por el que era el único motor que daba origen a los ingresos», el éxito de Romillo en redes.

La estrategia seguida fue la facturación recíproca y cruzada entre personas y sociedades del entramado para ocultar ingresos del empresario. Con esta causa, Romillo suma así un tercer procedimiento judicial en su contra en los tribunales.

Así "monetizó" su popularidad

Álvaro Romillo, bajo el alias de «CryptoSpain», «monetizó su popularidad en redes» por varias vías. A través de eventos presenciales en grandes ciudades españolas; lanzando una membresía de 100 euros mensuales para interactuar con él y realizarle consultas en vivo; también ofreció formación grabada accesible en línea (que llegó a los 1.200 euros), así como servicios consultoría (que pasaron de valer 120 euros a 400) y hasta ofertaba la elaboración de declaraciones de IRPF, por 200 euros, o la creación de sociedades radicadas en EEUU, por lo que cobraba una tarifa de 2.000 euros.