La UCO, tras el negocio paralelo de AirBnB del financiador de Alvise

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto el foco en una nueva línea de investigación dentro del presunto entramado financiero vinculado al pagador del eurodiputado Alvise Pérez, Álvaro Romillo.

Los agentes del Instituto Armado han identificado un negocio paralelo de alquiler turístico a través de la plataforma de alquiler vacacional AirBnB y abonos por un valor total de casi 344.500 euros, realizados en más de una centena de transferencias entre abril y septiembre de 2024; todos ellos procedentes de AirBnB en una de las cuentas clave del entramado societario bajo sospecha.

Así se expone en el último informe remitido al Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, que investiga la macroestafa piramidal de más de 180 millones de euros perpetrada por Madeira Invest Club (MIC). La trama fue liderada por el empresario que financió con 100.000 euros en efectivo y de manera irregular al líder de Se Acabó La Fiesta (SALF) en los últimos comicios europeos celebrados, en las que su candidatura obtuvo tres escaños.

Ahora, los agentes de la UCO, tras el hallazgo del negocio paralelo a través de la plataforma de alquiler vacacional AirBnB, han solicitado una Orden Europea de Investigación (OEI) dirigida a las autoridades de Irlanda para que realicen los hallazgos «oportunos» con la mercantil a fin de rastrear el origen de los pagos y de detectar un posible blanqueo de capitales.

Los ingresos identificados constituyen, a juicio de la UCO, un indicio de la «existencia de uno o varios inmuebles» titulados por una de las empresas claves de la trama, Sabrosso LTD, y explotados económicamente por la organización criminal, ya sea directamente o a través de terceros vinculados.

El análisis bancario revela, además, que los pagos de AirBnB no fueron puntuales, sino recurrentes y sistemáticos. Las cantidades oscilaban entre pequeñas reservas de apenas 57 euros hasta ingresos superiores a los 12.000 euros por operación.

Para los investigadores, este patrón apunta a una actividad consolidada de alquiler vacacional, lo que abre una nueva vía para rastrear el destino del dinero captado en el presunto fraude. La hipótesis policial es clara: los inmuebles explotados en Airbnb podrían haber sido adquiridos o gestionados con fondos procedentes de la supuesta estafa, integrándose así en un circuito de blanqueo o reutilización de capital.

Las conclusiones del informe son contundentes respecto a la naturaleza de la empresa investigada. Según la UCO, no existen indicios de que la actividad comercial declarada por la entidad –la compraventa de obras de arte–tenga correspondencia con los movimientos reales de dinero.

Por el contrario, el grueso de los ingresos proviene casi exclusivamente de los propios inversores –considerados víctimas– y de sociedades vinculadas al entramado. En 2023, por ejemplo, más del 98% de los ingresos analizados tenían ese origen, lo que refuerza la tesis de que la actividad económica era meramente instrumental.

El volumen de dinero manejado por la red resulta especialmente significativo. Solo en 2024, una de las cuentas analizadas registró ingresos superiores a los 106 millones de euros, de los cuales más del 94% procedían de aportaciones de las víctimas.

Este crecimiento exponencial no se corresponde, sin embargo, con la estructura empresarial declarada. La UCO subraya que la empresa apenas contaba con personal –o, incluso, ninguno dado de alta en la Seguridad Social portuguesa–, lo que resulta incompatible con un negocio de tal magnitud.

Dentro de este contexto, los ingresos de Airbnb adquieren una relevancia especial. Aunque representan una fracción menor del total, evidencian la diversificación de actividades del entramado, pues parte del dinero captado a los inversores podría haberse destinado a la adquisición o gestión de activos inmobiliarios que, posteriormente, generaban ingresos adicionales fuera del circuito principal de la estafa.

Los investigadores no descartan que este negocio paralelo cumpla una doble función: por un lado, generar liquidez; por otro, facilitar el blanqueo de capitales. El alquiler turístico, con múltiples pagos fraccionados y procedentes de clientes internacionales, puede dificultar el rastreo del origen de los fondos, integrándolos en la economía legal con mayor facilidad.

Este tipo de operativa encajaría con otros indicios detectados por la UCO, como la transferencia de millones de euros a sociedades del entramado o a empresas en el extranjero, algunas de ellas ya bloqueadas por orden judicial. Por ejemplo, según expone el informe, la trama desvió más de 29 millones de euros a sociedades radicadas en el sudeste asiático.

Cabe recordar, que Romillo, junto a su padre y otros socios, crearon este complejo entramado societario que, al menos, suma 26 sociedades y que llegó a estafar a 3.000 inversores prometiendo rentabilidades de más del 50%.

La red gestionaba fondos a través de distintas cuentas bancarias en Portugal y otros países y utilizaba estructuras corporativas de Nuevo México, donde está registrada Proelucyon LLC –otra de las piezas claves del entramado–. Parte del dinero se destinaba a empresas vinculadas a sectores tan diversos como eventos, compraventa de vehículos de lujo o inversiones inmobiliarias.

En paralelo, las denominadas «recompras» –supuestos pagos a inversores– representaban un porcentaje significativo de las salidas de dinero, aunque la UCO advierte de que no todas pueden considerarse devoluciones reales.

Por otro lado, las víctimas han puesto ahora el foco en si el principal banco de Portugal, Caixa General de Depósitos, habría incumplido la normativa lusa sobre la prevención y el blanqueo con los fondos acogidos de la macroestafa.

Así, esta semana Zaballos Abogados, que representa al mayor número de afectados, ha solicitado a la Audiencia el nombramiento de un perito para que examine esta posibilidad y señala ya una posible responsabilidad civil subsidiaria de la entidad financiera.