PP y Vox rechazan poner techo al turismo en Balears pese a alcanzar un récord de 19 millones de visitantes

PP y Vox han tumbado la propuesta impulsada por el PSIB-PSOE de recuperar la moratoria al crecimiento de plazas turísticas en Balears hasta que los Consells de Mallorca, Menora, Eivissa y Formentera aprueben sus estudios de capacidad de carga, una herramienta clave para fijar los límites de visitantes que puede soportar cada isla. La iniciativa llegaba al pleno en un contexto marcado por el alcalce de máximos históricos: el archipiélago ha superado por primera vez los 19 millones de turistas -frente a una población de 1,2 millones-, consolidando un nivel de presión superior al alcanzado en prepandemia.

La Proposición No de Ley (PNL) defendida por los socialistas recoge, entre otras cuestiones, los datos de una encuesta elaborada por la Agencia de Estrategia Turística de las Illes Balears (AETIB) -dependiente del Govern- en octubre de 2024. El sondeo revelaba que un 80% de los residentes de las islas están a favor de reducir el número de turistas y de plazas turísticas y que la percepción de saturación había aumentado en 5 puntos entre 2022 y 2024.

Los datos respaldan, además, esa sensación de masificación: Balears cerró 2025 con la llegada de 19.053.592 turistas nacionales e internacionales, una cifra que representa un incremento del 1,73% respecto a 2024, según la encuesta Frontur del Instituto Nacional de Estadística (INE), elaborada por el Ibestat; un 6,7% más que en 2023 -año en que cambió el color político en las islas- y un 16% más en relación a 2019, cuando recalaron en el archipiélago 16,45 millones de turistas.

Pese a ello, la mayoría que forman PP y Vox en las islas ha rechazado reinstaurar la moratoria aprobada en 2022, durante la pasada legislatura de izquierdas, en aras a congelar el crecimiento de plazas mientras se elaboraban los estudios de capacidad de carga por parte de las instituciones insulares, a las que el Govern otorgaba un plazo de cuatro años -hasta febrero de 2026- para definir esos límites. En abril de 2025, conservadores y extrema derecha levantaron la medida y el periodo de cuatro años dado a los Consells, dejando en el aire la elaboración de los estudios.

No solo eso. ambas formaciones dieron luz verde al decreto turístico que ha desbloqueado y blindado más de 90.000 plazas de alquiler turístico, cuyo auge, denuncian las entidades sociales, ha disparado -junto a la especulación inmobiliaria, la compra masiva por parte de extranjeros de alto poder adquisitivo y la avidez de los fondos buitre- los precios de la vivienda, provocando que numerosos residentes se vean expulsados de sus barrios como consecuencia de una imparable gentrificación.

Durante la defensa de la PNL, el diputado socialista Llorenç Pou ha defendido la necesidad de volver a ese “parón” para evitar que el número de plazas continúe creciendo sin un techo claro. “Buscamos hacer un ‘téntol’, ya que ustedes no gobiernan”, ha reprochado, cuestionando el discurso de “contención” enarbolado por el Govern de Marga Prohens (PP). El parlamentario ha calificado la situación actual de “paradójica”: mientras no existe un límite fijado, la oferta sigue ampliándose, lo que podría obligar en el futuro a realizar recortes más drásticos si los estudios concluyen que se ha superado la capacidad de carga.

En esa misma línea se ha expresado el portavoz de Més per Mallorca, Lluís Apesteguia, quien ha recordado que Prohens había defendido inicialmente no levantar la moratoria sin contar con esos estudios. “Deberían reflexionar”, ha deslizado. Tanto ecosoberanistas como socialistas insisten en que la saturación ya está afectando a la experiencia turística y a la reputación del destino: “Si voy a un lugar en el que se vive la saturación que hay en Balears, no lo recomiendo”, ha señalado Apesteguia.

Desde Unidas Podemos, José María García ha vinculado el fin de la moratoria con la crisis de acceso a la vivienda, al considerar que el aumento de plazas y presión turística tiene efectos de forma directa sobre el mercado residencial.

En el bloque contrario, Vox ha rechazado la propuesta por considerarla una apuesta por el “decrecimiento económico”. Su diputada Patricia de las Heras ha manifestado que el turismo “no es el problema”, sino un sector que, a su juicio, la izquierda quiere conviertir en “enemigo”. El PP, por su parte, en boca de Maria Salomé Cabrera, ha acusado a los socialistas de intentar “blanquear” su gestión anterior, reivindicando que las políticas actuales están dando resultados en contención, lucha contra la oferta ilegal y mejora del valor turístico, a pesar de que la aprobación de la moratoria precisamente dirigida a fijar un techo al crecimiento y que formó parte de un giro regulador que también incluyó la aprobación de la ecotasa en 2016 y la ordenación del alquiler turístico.

Con la postura en contra de populares y extrema derecha, la votación ha dejado intacto el marco vigente: sin moratoria, sin calendario para los estudios de capacidad de carga y con el crecimiento turístico avanzando sin un techo definido, un escenario que, precisamente, la PNL trataba de revertir.