Muerte digna: la última libertad

Hay derechos que una democracia reconoce sin demasiado escándalo y otros que revelan, en cuanto se pronuncian, el miedo profundo de una sociedad a soltar el control sobre la vida de las personas. La eutanasia muestra las contradicciones dentro del poder político, religioso, médico y familiar.

El caso de Noelia Castillo Ramos en España se volvió emblemático, no solo por la dureza de su historia, sino porque concentró casi todos los elementos con los que el conservadurismo suele bloquear derechos.

Noelia fue víctima de una agresión sexual múltiple. Después intentó quitarse la vida y sobrevivió con secuelas irreversibles, dependencia funcional y un sufrimiento que consideró intolerable.

Solicitó la eutanasia al amparo de una ley vigente en España, pero su padre y el grupo ultracatólico Abogados Cristianos emprendieron una ofensiva judicial para impedirlo, alegando que no estaba en condiciones de decidir por sí misma.

Noelia no enfrentó solamente una discusión clínica. Topó con el viejo paternalismo de siempre: otros queriendo decidir por ella en nombre de lo correcto, de la vida, de la moral o de Dios.

En su historia confluyeron violencia contra las mujeres, discapacidad sobrevenida, dolor físico y psíquico, conflicto familiar, sospechas sobre su capacidad mental y litigio ideológico promovido por grupos confesionales.

Su caso importa tanto porque muestra que, aun cuando un derecho ya existe en la ley, hay poderes dispuestos a convertirlo en papel mojado.

España regula la eutanasia bajo un modelo garantista: dos solicitudes, deliberación médica, revisión independiente, acceso a paliativos y verificación de que la decisión es libre e informada.

El litigio de Noelia pasó por varias instancias y alcanzó incluso la órbita del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que rechazó frenar el procedimiento.

El mensaje fue claro: legalizar la eutanasia no viola el derecho a la vida si existen salvaguardas. Al contrario, es una manera de proteger la dignidad, la autonomía y la vida privada de las personas.

En México seguimos atrapados en una hipocresía legal. Se permite en distintos estados la voluntad anticipada para rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida, pero la ayuda médica para morir sigue bajo persecución penal y sospecha moral.

Por eso la batalla de Samara Martínez y de la asociación Por el Derecho a Morir con Dignidad merece atención pública y una respuesta política favorable.

La iniciativa denominada Ley Trasciende busca reformar la Ley General de Salud para reconocer expresamente la eutanasia bajo principios de dignidad, autonomía y justicia, con requisitos serios: mayoría de edad, capacidad mental plena, dictámenes médicos concurrentes y expresión reiterada de la voluntad.

Además, el pueblo ya está mucho más adelantado que sus élites políticas. Encuestas disponibles muestran un respaldo social consistente.

La medición de la Universidad del Valle de México reportó que 72 por ciento de los mexicanos cree que la eutanasia debería legalizarse. Es decir, la sociedad ya abrió una conversación que los partidos siguen evitando.

Y ese silencio es revelador. La Ley Trasciende ha encontrado respaldo de legisladores de Morena, Movimiento Ciudadano y otras fuerzas, pero ningún partido asume todavía una postura clara, integral y pública sobre el derecho a morir con dignidad.

Hay acompañamientos individuales, no definiciones institucionales. Como si el lobby conservador pesara más que la convicción democrática.

En un país que ha discutido con intensidad los derechos reproductivos, el matrimonio igualitario y la identidad de género, ¿por qué nadie quiere decir con todas sus letras si está a favor o en contra de la eutanasia?

La oposición conservadora insiste en presentarla como una cultura de la muerte. Es una tergiversación. La discusión no trata sobre devaluar la vida, sino sobre impedir que la vida biológica se convierta en una obligación impuesta desde fuera.

Tampoco se trata de obligar a nadie a morir. Se trata de no obligar a nadie a seguir en una existencia que juzga indigna, cuando esa decisión ha sido tomada con plena capacidad, sin coacción y bajo supervisión estricta. Lo contrario no es defensa de la vida: es imposición del sufrimiento.

En el mundo, la tendencia ya es visible. Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, España, Canadá, Colombia, Ecuador, Nueva Zelanda y varias jurisdicciones de Australia han regulado la eutanasia o alguna forma de ayuda médica para morir. Suiza y varios estados de EU permiten modalidades de suicidio asistido.

Noelia obligó a España a responder si el libre albedrío vale más que el paternalismo. Samara plantea a México la misma pregunta. Y tarde o temprano habrá que contestarla.

Porque la última libertad no consiste en morir, sino en que nadie —ni el Estado, ni la Iglesia, ni la familia, ni un partido— te arrebate el derecho a decidir hasta el final.

Lectura sugerida: “Elogio de la eutanasia” de Fernando Pedrós Pérez (Icaria).

Gracias, LGCH.