María Elena Acuña por expropiación de Colonia Dignidad: “Si la suspensión es total sería una vulneración a la historia de las víctimas”

La Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad rechazó tajantemente la determinación del Gobierno de no continuar con el proceso de expropiación de Colonia Dignidad, iniciado durante la administración de Gabriel Boric.

La noticia fue dada a conocer durante el fin de semana por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, quien aseguró que los principales motivos son que su cartera no tiene las atribuciones legales para realizar la expropiación —porque el terreno del ex enclave alemán no será destinado a vivienda— y porque el Estado no cuenta con los recursos para adquirir el terreno. En concreto, Poduje habló de un costo de $47 mil millones de pesos.

De todas maneras, las explicaciones no convencieron a la oposición ni tampoco a las organizaciones de derechos humanos, que por décadas han exigido la expropiación. 

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, María Elena Acuña, integrante de la Agrupación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, afirmó que no existido transparencia respecto al proceso de tasación de los terrenos realizado durante el gobierno anterior. Por lo mismo, las agrupaciones no cuentan con la cifra que costaría realizar esta expropiación.

“Ese monto que el ministro está mencionando no es un monto conocido por nosotros. Es la primera información que tenemos del valor de esas hectáreas. En ese sentido, quiero señalar que el año pasado varias organizaciones y varias personas solicitamos al Serviu Maule, que es donde está radicado este trámite, claridad sobre las tasaciones, pero nos fue negado, con razones muy absurdas”, acusó.

“Para nosotros, en este momento no existe un información clara, fundada, de dónde emerge este monto, ni tampoco una información que nos permita observar si esa tasación es una tasación correcta, o han pasado otras cosas entre medio en este proceso”, añadió.

Acuña sostuvo que la decisión del Gobierno es “muy autoritaria e inconsulta” y pidió claridad respecto a lo que pasará en el futuro, tras la negativa del Ministerio de Vivienda.

“¿Qué implica esta decisión de reversar? ¿Implica que el ministro va a sacar al Serviu Maule de la ecuación y esto vuelve al Ministerio de Justicia o estamos hablando de otro proceso? Si la suspensión es total, es realmente una situación crítica, porque implica una vulneración a la historia de las víctimas y sus familiares”, remarcó.

Un espacio “cargado con el dolor y sufrimiento de muchas personas”

El decreto de expropiación de Colonia Dignidad fue firmado el 7 de julio de 2025 por los ministros de Justicia, Jaime Gajardo; de Vivienda, Carlos Montes y de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa. Ese día, los secretarios de Estado se comprometieron a terminar con el proceso antes del fin del Gobierno, promesa que no cumplieron debido al alto costo que tendrían los terrenos.

María Elena Acuña confirmó que esa fue la versión que se les entregó a las agrupaciones durante los últimos días de administración del Presidente Boric, pero insistió en que tampoco se les dio una cifra exacta, sino solo información parcial. 

En ese contexto, pidió que se realice una segunda tasación, exhaustiva y “que establezca el precio justo del valor de los predios”. Acuña recordó que de todas maneras, el patrimonio de las sociedades anónimas que son dueñas de Colonia Dignidad “está construido sobre la explotación de otros colonos, de los niños, del trabajo de mujeres” y que además, hay un juicio sobre asociación ilícita en curso.

En esa misma línea, la integrante de la Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad, recalcó que el lugar no puede seguir siendo un centro turístico, teniendo en cuenta todas las vulneraciones que allí se cometieron. 

“Es una situación de por sí violenta. Ese espacio está cargado con el dolor y el sufrimiento de muchas personas. Sabemos muy bien los flagelos a los que eran sometidos los miembros del mismo grupo de Paul Shaffer y sabemos por sobrevivientes de la prisión política las experiencias que ellos tuvieron. Por otro lado, allí se buscan detenidos y detenidas desaparecidas”, acotó.

Así, la dirigenta subrayó que: “El sitio requiere un acto que reconozca estos hechos, que permita reflexionar de las múltiples circunstancias que están relacionadas y que permitieron la ocurrencia de estos hechos. No conozco otros campos de concentración en Europa donde en su interior se desarrollan actividades turísticas”.