La Seguridad Social permitirá cobrar el nuevo IMV incluso trabajando y ganando hasta 6.000 euros al año: así cambia la ayuda en 2026
El Ingreso Mínimo Vital (IMV) entra en una nueva fase. Desde el 27 de marzo de 2026 está en vigor el Real Decreto 240/2026, una reforma que busca eliminar uno de los principales desincentivos del sistema: el riesgo de perder la prestación al acceder a un empleo y obtener ingresos del trabajo. El objetivo es facilitar la transición al mercado laboral sin penalizar de forma inmediata a los hogares más vulnerables.
La principal novedad es la introducción de un umbral de ingresos exentos en el cálculo de la ayuda. A partir de ahora, los beneficiarios podrán aumentar sus ingresos laborales hasta 6.000 euros anuales sin que ello afecte a la cuantía del IMV, ya que ese incremento no se tendrá en cuenta. Esto supone un cambio relevante respecto al modelo anterior, en el que cualquier mejora de ingresos podía reducir o eliminar la prestación.
Cuando los ingresos superen ese límite, la reducción de la ayuda será progresiva. Los primeros 6.000 euros seguirán sin computar y, además, solo se tendrá en cuenta el 50% del exceso. Este mecanismo introduce un incentivo directo al empleo, al permitir que trabajar siempre compense en términos netos.
La reforma también refuerza la protección de determinados perfiles con mayores dificultades de inserción laboral. En el caso de hogares con complemento por monoparentalidad o discapacidad, el porcentaje de ingresos adicionales que no se computa aumenta hasta el 55% a partir de los 6.000 euros.
Asimismo, el nuevo sistema excluye del cómputo de ingresos el subsidio por desempleo no contributivo cuando este ya se haya agotado en el momento de solicitar el IMV. Con esta medida se evita penalizar a quienes han perdido esa fuente de ingresos y se ajusta mejor la ayuda a la situación real de los solicitantes.
Más conexión con el empleo
El decreto no solo modifica el cálculo de la prestación, sino que también refuerza su vínculo con el mercado laboral. Los beneficiarios del IMV pasarán a ser un colectivo prioritario en las políticas activas de empleo, con programas específicos diseñados por los servicios públicos para mejorar su formación y facilitar su acceso a un trabajo.
"Los servicios públicos de empleo se coordinarán con los servicios sociales para dar una mejor atención a estas personas mediante protocolos de coordinación aprobados para tal fin", establece la normativa vigente.
Para simplificar la gestión, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) aplicará los cambios de forma automática. La actualización de los datos se realizará cada año utilizando la información fiscal de la Agencia Tributaria y de las haciendas forales, lo que reduce la carga administrativa para los beneficiarios.