El PSOE pide prisión preventiva para el ex 'número dos' de Interior con Rajoy por riesgo de fuga
La acusación popular que ejerce el PSOE en el 'caso Kitchen' ha solicitado al tribunal que juzgará la causa a partir del 6 abril que decrete prisión preventiva para el que fuera secretario Estado de Seguridad bajo presidencia de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, y para el comisario Andrés Gómez Gordo por elevado riesgo de fuga ante el inminente inicio de la vista y las altas penas a las que se enfrentan.
La Fiscalía Anticorrupción pide 15 años de cárcel para estos dos procesados, que tienen pendientes otras causas con la justicia y que, además, podrían tener fuentes de financiación ocultas que podrían facilitarles la vida si huyen de España. La acusación popular señala también que el exsecretario de Estado está casado con una mujer de nacionalidad mexicana a donde suele realizar viajes periódicos.
El escrito del PSOE recuerda que Martínez está también acusado de integración en organización criminal por su relación con un red que se dedicaba al hackeo de bases de datos de la Administración. También esta imputado por la actuación de la llamada 'policía patriótica' en contra de Podemos.
En el juicio 'Kitchen', Martínez está acusado de organizar y coordinar el espionaje al extesorero del PP Luis Bárcenas con un entramado parapolicial que se pagó presuntamente con fondos reservados del Ministerio del Interior. Por ello, se enfrenta a 15 de prisión por los delitos de malversación de fondos públicos, revelación de secretos y pertenencia a organización criminal.
Por su parte, el excomisario Gómez Gordo llega al juicio como presunto responsable de haber captado como informador al chófer de la familia Bárcenas, Sergio Ríos, con el objetivo de que se hiciera, además, con la información sensible sobre el partido que pudiera estar en su poder.
Gómez Gordo ya fue condenado en el caso Ciudad de la Justicia como cooperador de un delito continuado de prevaricación administrativa en concurso con malversación agravada. Está a la espera de que la sentencia adquiera firmeza, lo que hace, según el PSOE, que su horizonte judicial sea oscuro. Como en el caso de Martínez, la acusación popular sospecha que Gordo podría tener fuentes de ingresos ocultos porque, pese a su situación en varias causas, sigue pagando aún un bufete de abogados de reconocido prestigio para que le defienda.