Multas de hasta 200.000 euros: la Ley de Bienestar Animal prohíbe dejar a perros y gatos en terrazas de forma habitual
En España hay más de 20 millones de animales de compañía, los cuales han transformado la estructura familiar de muchos hogares. Este número no ha dejado de aumentar año tras año y los perros y gatos han trascendido su rol tradicional para convertirse en un miembro más de la familia. Tanto es así, que en uno de cada tres hogares vive al menos uno de estos animales. Ante este escenario, en marzo de 2023 se aprobó la Ley de Bienestar Animal, introduciendo una serie de obligaciones para los propietarios de estas mascotas con el objetivo de garantizar su protección.
Esta norma también tiene un impacto económico directo, ya que introduce un sistema de sanciones con multas elevadas para quienes incumplan las obligaciones de cuidado y protección.
Uno de los aspectos más conocidos de la ley es la regulación sobre dónde pueden permanecer los animales y durante cuánto tiempo pueden estar solos. La normativa prohíbe mantener de forma habitual a perros y gatos en terrazas, balcones, azoteas, trasteros, sótanos, patios, espacios similares o dentro de vehículos. Además, establece límites al tiempo que pueden permanecer sin supervisión: en general, ningún animal de compañía puede quedarse solo más de tres días consecutivos, y en el caso de los perros el límite se reduce a 24 horas.
La ley clasifica las infracciones en tres categorías: leves, graves y muy graves, en función del daño causado al animal o del incumplimiento de las obligaciones legales. Las infracciones leves incluyen incumplimientos administrativos o de obligaciones de cuidado que no provoquen daños físicos ni alteraciones en el comportamiento del animal. Las graves abarcan situaciones en las que sí existe daño o sufrimiento, como no identificar al animal o utilizarlo como premio en sorteos. Las muy graves se refieren a conductas que provocan la muerte del animal o su sacrificio sin autorización, siempre que no constituya delito penal.
Las sanciones económicas varían notablemente según la gravedad de la infracción. Las leves pueden suponer apercibimientos o multas de entre 500 y 10.000 euros. Las graves se sancionan con multas de entre 10.001 y 50.000 euros. En los casos más graves, las multas pueden oscilar entre 50.001 y 200.000 euros.
Desde el punto de vista económico, esta regulación no solo busca proteger a los animales, sino también reforzar la responsabilidad de los propietarios, introduciendo incentivos económicos negativos —en forma de multas— para evitar conductas negligentes.