Ofensiva total de Podemos contra el Gobierno por el caso Mbayé: presiona en el Congreso y lo compara con el de Donald Trump
La detención el pasado jueves de Serigne Mbayé, exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, ha dado pie a que la formación liderada por Ione Belarra comience una ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez que se materializará en varios frentes. Estos oscilan desde la petición de dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, hasta una serie de iniciativas registradas en el Congreso de los Diputados que se le pueden acabar atragantando al PSOE y a su socio en la coalición, Sumar.
El altercado que ha desencadenado esto se produjo el pasado jueves por la tarde, después de que agentes de la Policía Nacional observaran a dos personas merodeando de forma sospechosa. Cuando pidieron a los individuos que se identificaran, uno de ellos salió corriendo y a gritos y despertó la atención de un grupo de personas entre los que se encontraba Mbayé.
La Policía sostiene que este grupos de personas se enfrentó de forma violenta a los policías y estos redujeron y arrestaron a un total de siete personas por delitos de desobediencia grave y resistencia a la autoridad. Según Mbaye, sin embargo, no hubo ningún tipo de violencia ni resistencia por su parte. Horas después el exdiputado fue puesto en libertad y aseguró que iba a denunciar la actuación policial.
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha asegurado este lunes que en España "existe un evidente problema de racismo institucional" y ha dicho que "las redadas racistas y las identificaciones por perfil étnico son una práctica habitual y recurrente", antes de pasar a detallar todas las medidas que su partido va a llevar a cabo en el Congreso.
En primer lugar, presentarán una proposición no de ley en la que obligarán a la Cámara a votar sobre impulsar una investigación independiente de los hechos, adoptar las medidas necesarias para erradicar las redadas basadas en el perfil étnico, desarrollar programas de formación contra el racismo para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y adoptar medidas para prevenir actuaciones discriminatorias.
Aunque una proposición no de ley no obliga al Gobierno a nada, solo insta, esta votación se puede convertir en un tema sensible para el PSOE. Primero, porque si vota a favor estaría reconociendo esa definición de que hay una policía racista, algo que no sentará nada bien a los agentes del departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska. Segundo, porque la mayoría de socios de izquierda seguramente sí se pronuncien a favor de la votación, incluyendo su socio de Gobierno, lo que podría provocar una votación dividida en el seno de la coalición.
Pablo Fernández también ha anunciado que su partido va a registrar una petición de comparecencia de Marlaska en el Congreso. "Llevamos mucho tiempo diciendo que tenía que haber sido cesado o que tenía que haber dimitido, un Gobierno que se dice progresista no puede seguir tolerando y encubriendo la existencia de este tipo de prácticas racistas en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están bajo su mando", ha asegurado.
El portavoz de Podemos también ha arremetido contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, persona de confianza de Pedro Sánchez, que aseguró que se había abierto una investigación interna y que dijo que en estos casos había dos máximas: colaborar con la policía como deber ciudadano y la actuación proporcionada por parte de los agentes.
Para Fernández, las declaraciones de Martín Aguirre "son una verguenza y un insulto a la ciudadanía y a los votantes progresistas". "Estas declaraciones son equiparables a las que hacen los portavoces de gobiernos como el de Donald Trump para justificar las atrocidades del ICE y deberían ser motivo de cese inmediato. No debería estar en su puesto", ha añadido.