Consumo advierte a 13 grandes caseros de que deberán prorrogar alquileres en más de 100.000 viviendas
El Ejecutivo exige a fondos e inmobiliarias aplicar la extensión obligatoria de contratos hasta dos años mientras el decreto sigue pendiente de convalidación
El Gobierno aprueba dos decretos anticrisis distintos: uno con la congelación de los alquileres y otro con el resto de medidas económicas
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha enviado este lunes una comunicación formal a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión, que concentran más de 100.000 viviendas en España, para recordarles su obligación de prorrogar contratos de alquiler en determinados supuestos. La medida afecta a los arrendamientos que finalicen entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, siempre que los inquilinos soliciten expresamente la extensión.
El departamento que dirige Pablo Bustinduy enmarca esta actuación en la entrada en vigor del real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo, dentro del paquete de respuesta del Gobierno al impacto económico derivado de la guerra en Irán. La norma introduce una prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler de vivienda habitual, que podrá extenderse hasta un máximo de dos años adicionales mediante renovaciones anuales.
Un nuevo derecho para los arrendatarios
Según detalla el Ministerio, este mecanismo configura “un nuevo derecho” para los inquilinos, de modo que la solicitud de prórroga deberá ser aceptada obligatoriamente por los arrendadores, manteniéndose intactas las condiciones contractuales vigentes. La Dirección General de Consumo ha instado a las entidades afectadas a adaptar de inmediato sus procedimientos internos para garantizar el cumplimiento de la normativa.
Pendiente de convalidación en el Congreso
El movimiento del Ejecutivo llega en un contexto de creciente presión sobre el mercado del alquiler y con la convalidación parlamentaria del decreto aún pendiente. El texto deberá ser debatido en el Congreso en las próximas semanas, aunque el Gobierno confía en contar con apoyos suficientes para sacarlo adelante.
En paralelo, tanto Bustinduy como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han intensificado sus mensajes públicos en los últimos días para animar a los inquilinos que cumplan los requisitos a solicitar la prórroga antes de que expire el plazo de vigencia provisional de la norma.
Tensiones dentro del Ejecutivo por la medida
La aprobación del decreto no estuvo exenta de tensiones dentro del Ejecutivo. La medida se acordó en un Consejo de Ministros extraordinario en el que los ministros de Sumar condicionaron el inicio de la reunión a la inclusión de esta prórroga, que finalmente quedó fuera del decreto anticrisis de carácter fiscal —ya convalidado— y se articuló en una norma independiente aún pendiente de ratificación parlamentaria.