Exigen justicia: Agrupación de memoria de Macul pide excavar sitio donde podrían haber 30 detenidos desaparecidos

Gricel González Del Canto es antropóloga social, hija de detenido desaparecido e integrante de la Agrupación de Derechos Humanos y Sitios de Memoria de Macul: una organización con una misión cuesta arriba.

Desde 2022, el grupo intenta que se desarrollen excavaciones arqueológicas en un sitio eriazo ubicado en Macul con Departamental, pues múltiples testimonios apuntan a que allí podrían estar enterrados los cuerpos de varios detenidos desaparecidos.

La noticia de que los restos estarían en el lugar, volvió a la luz pública por un reportaje de Ciper. El medio citó un informe del Plan Nacional de Búsqueda (PNB), en donde se relata que a finales de 1973 e inicios del 74, militares y carabineros descargaron y sepultaron cuerpos en el lugar, cuando aún era un vertedero.

Lo que se calcula, es que podrían estar enterradas hasta 30 personas que fueron detenidas en esa período en la Región Metropolitana.

El informe del PNB fue entregado en febrero a la ministra en visita, Paola Plaza, y fue elaborado luego de un trabajo con la Agrupación de DD.HH y Sitios de Memoria de Macul.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la integrante de la directiva, Gricel González, contó que la organización surgió como respuesta a un proyecto inmobiliario. Los vecinos de la zona se reunieron para hacer observaciones a la iniciativa y en medio de aquello, surgieron los testimonios.

González aseguró que tienen más de 20 relatos de residentes que vieron la acción de los agentes de la dictadura. Se trata de personas que manejaban la información hace décadas, pero que recién ahora decidieron hablar.

“El terrorismo de Estado no funciona 10 años, el efecto del trauma colectivo se demora entre 30 y 50 años en salir, en poder expresarse. Esto tomó ese tiempo, hubo algo que lo gatilló y lo que lo gatilló fueron las nueve torres. Imagínate, un grupo masivo de personas ve que ahí donde tiraron los cuerpos, ahora van a construir torres. Lo que hizo fue activar el trauma”, dijo.

Algo que la antropóloga destacó de la Agrupación en que participa, es que está integrada por vecinos de la zona, sin una mayor vinculación con los detenidos desaparecidos. Ella es la única que es familiar y su padre no está en el exvertedero.

“Es la primera vez que veo una organización conformada completamente por ciudadanos, ciudadanas, que no tienen ninguna relación afectiva con las personas que podrían llegar a estar ahí. Es solo por una necesidad de justicia”, observó.

Además de los testimonios de los vecinos, la Agrupación de DD.HH y Sitios de Memoria de Macul ha estado en contacto con expertos de todo tipo, desde arqueólogos y geógrafos, hasta profesionales de las ciencias sociales. El académico y historiador Pablo Seguel elaboró un informe que la organización presentó al Consejo de Monumentos Nacionales (CMN), donde, entre otras cosas, explica cómo operaban las Comandancias de Áreas Jurisdiccionales de Seguridad Interior (CAJSI).

Se trataba de dispositivos de seguridad, conformados en los años anteriores al golpe de Estado, que posibilitaron la represión. La misión de la CAJSI en la zona sur de Santiago, habría sido contener la acción de pobladores como los que vivían en los sectores aledaños al vertedero.

Gricel González señaló que lo que buscaban los agentes estatales era infundir terror, en un lugar crucial para el movimiento social de la época. Justo allí, se ubicaban dos poblaciones emblemáticas que nacieron como tomas de terreno: Nueva La Habana (hoy Nueva Amanecer) y Unidad Popular (Los Copihues). 

“El vertedero fue utilizado como mecanismo represivo. El eje Avenida La Florida-Macul era por donde transitaban los camiones que venían directamente del Estadio Nacional y allí se apilaban los cuerpos muertos de la gente que mataban en la noche. Después venían camiones y se los llevaban, pero primero los dejaban para que los vieran los pobladores. El vertedero se utilizó como lugar de exposición de cuerpos”, indicó.

Los esfuerzos para que se inicie la excavación

Entre las acciones de la Agrupación de DD.HH y Sitios de Memoria de Macul, se cuentan el haber impedido la construcción del proyecto inmobiliario en el exvertedero y además, presentar una querella por inhumación y exhumación ilegal.

La organización no es querellante en la causa (ese rol lo cumple el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia), pero sí es tercera coadyuvante. Desde ese rol, sus integrantes han insistido en la necesidad de que se realicen las excavaciones en el lugar. Sin embargo, aún no han logrado concretarlo.

A juicio de Gricel González, existe una “discriminación” contra el grupo, ya que aun cuando han presentado numerosos antecedentes, no han sido escuchados. 

“¿Cuándo una organización de derechos humanos ha presentado alguna vez una propuesta de excavación? ¿Cuando alguna organización de derechos humanos ha presentado información de científica, con metodología, con respaldo? Yo siento un una discriminación enorme frente a la agrupación de Macul, porque tengo la experiencia de haber estado en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos toda la vida”, señaló.

“En otros casos ha bastado con un testimonio y se ha empezado a excavar. Ha bastado con que haya un sobreviviente y se ha ido a buscar. Acá hay veintitantos, además de informes de excavación de arqueólogos. ¿Por qué no hay ni siquiera una excavación?”, cuestionó.

González tampoco se mostró del todo conforme con el trabajo del Plan Nacional de Búsqueda, ya que si bien, corroboraron los antecedentes que le entregó la Agrupación y los complementaron con otros, se demoraron años en presentar su informe final ante el poder judicial.

Ahora, la expectativa de la activista es que la ministra en visita, Paola Plaza, ordene la excavación del exvertedero, poniendo como principal foco la búsqueda de los detenidos desaparecidos y no escatimando en gastos.

“Hay algo que nos dijo el ministro Mario Carroza cuando hablamos con él. Dijo: “Cuando yo dispuse los exámenes para Pablo Neruda no había presupuesto, pero el Estado tiene la obligación de buscar justicia por sobre todas las cosas y generamos todas las condiciones para que se pudieran hacer los exámenes correspondientes, para encontrar la verdad y hacer justicia por la muerte de Pablo Neruda”. Yo esperaría que el mismo trato que tiene Pablo Neruda lo tengan estas otras personas que no tenemos idea quiénes son. Ese trato espero del Estado a sus ciudadanos”, concluyó.