El pueblo natal de Carrero Blanco pide declararlo víctima del terrorismo y salvar su monumento de la Ley de Memoria

El Gobierno de Cantabria conmemoró el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, el pasado 11 de marzo, con un acto en el teatro municipal de Los Corrales de Buelna donde, entre discursos, se proyectaron imágenes de las víctimas. La primera fotografía causó un gran estupor entre algunos de los asistentes: fue la de Luis Carrero Blanco, el presidente del Gobierno en la última etapa de la dictadura de Franco.

A Luis Carrero Blanco (Santoña, 1904 - Madrid, 1973) le mataron los 75 kilos de dinamita que colocó ETA al paso de su coche por la calle Claudio Coello de Madrid. Pero en su biografía pesa su notoria connivencia con la dictadura, donde desempeñó un papel fundamental como sucesor del autodenominado 'caudillo'.

Ahora en Santoña, su pueblo natal, intentan declarar víctima del terrorismo al dirigente franquista Carrero Blanco para poder 'indultar' su estatua y burlar la Ley de Memoria Democrática, que obliga a su retirada en atención a su catalogación como símbolo de la dictadura. Creen que, de esa manera, podría preservarse al estar dedicada a una víctima del terrorismo, ignorando su pasado durante el franquismo.

En paralelo, el Ayuntamiento ha recurrido a la reciente normativa autonómica y, amparándose en una Ley de Víctimas del Terrorismo de Cantabria, ha solicitado a la Consejería de Presidencia que reconozca que Carrero Blanco es una víctima. El expediente ha sido revisado en la Dirección General de Justicia del Ejecutivo que preside María José Saénz de Buruaga (PP).

Tras la consulta de elDiario.es por el expediente, el Ejecutivo autonómico ha informado al Ayuntamiento de Santoña de que no tiene competencia para el reconocimiento de víctima de terrorismo en su normativa. Por esta razón, le ha indicado que debe dirigirse a la Dirección General de Apoyo a Víctimas del Terrorismo del Ministerio del Interior, como órgano encargado de certificar la condición de víctima del terrorismo.

Bajo esta connotación de víctima, el Consistorio santoñés que preside el alcalde Jesús Guillart, de la formación política local Santoñeses, quiere que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática autorice la 'resignificación' del monumento para que permanezca en el paseo marítimo de la localidad. Una obra de 40 metros de altura del escultor Juan de Ávalos con un ángel en la cúspide y una rosa de los vientos, que hace alusión a la condición de marino de Carrero Blanco.

Iniciativa del fiscal de Memoria Democrática

El monumento lleva en pie 50 años y desafía la actual normativa en vigor. En septiembre, la Fiscalía de Memoria Democrática de Cantabria, dirigida por el fiscal Carlos Yáñez, pidió información a una quincena de ayuntamientos de la comunidad que tenían calles con denominación franquista o monumentos para honrar a la Falange o a figuras relacionadas con la Guerra Civil, cuyo enaltecimiento prohíbe expresamente la Ley de Memoria Democrática.

Tras conseguir que el Ayuntamiento de Santander cambiara las calles con denominaciones franquistas, el siguiente paso de la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática ha sido este requerimiento a estos consistorios de Cantabria.

Concretamente, la Fiscalía envió a los alcaldes y alcaldesas de los municipios un escrito en el que pedía que se informara de las razones o circunstancias que consideraran en relación con estos símbolos. También les demandaba iniciar las actuaciones necesarias para la supresión o retirada.

Los ayuntamientos a los que se requirió fueron Camargo, Medio Cudeyo, Selaya, Santoña, Ribamontán al Mar, Ribamontán al Monte, Piélagos, Suances, San Roque de Riomiera, Corvera de Toranzo, Colindres, Argoños, Potes, Laredo, Comillas y Bárcena de Cicero.

La mayoría de ellos respondieron que ya han quitado algunos de estos elementos y otros expresaron su voluntad de hacerlo. Con dos excepciones. Una de ellas es el caso de Selaya, que tiene una plaza en el pueblo dedicada a Jacobo Roldán Losada, gobernador civil de Santander entre 1952 y 1960. El Ayuntamiento alega que la denominación de la plaza no supone ninguna exaltación al franquismo y que solo se llama así porque era oriundo del pueblo.

La otra, el Ayuntamiento de Santoña que, en paralelo, ha recibido un requerimiento del Gobierno de España. La Secretaría de Estado para la Memoria Democrática está en conversaciones con el Consistorio para resolver la pretensión del pueblo de “resignificar” el monumento. Es decir, otorgarle -por así decirlo- otro significado. Pero no solo trabaja en esa dirección. Al tiempo, el Consistorio decidió apelar a la propia Ley de Víctimas del Terrorismo de Cantabria, una normativa autonómica aprobada hace tres años, en la pasada legislatura, por iniciativa de Vox, y ampliada esta misma legislatura.

El dilema que se plantea es si en la figura de Carrero Blanco, que presidió una dictadura, pesan más esos deméritos democráticos que la condición de víctima del atentado de ETA que acabó con su vida. El Ayuntamiento de Santoña pretende 'indultar' el monumento con esta estrategia que tendrá que resolverse, y que puede originar un nuevo debate si finalmente la administración autonómica y la central deciden en sentido diferente sobre la condición de víctima.