Sanidad pública con "prioridad" para los españoles, el primer guiño del PP a Vox para desbloquear gobiernos autonómicos

“La dirección nacional dirige las negociaciones”. Así de rotundo se mostró este jueves el responsable de política autonómica del PP, Elías Bendodo, preguntado por la presencia ‘in situ’ de Miguel Tellado en las conversaciones con Vox para investir en Extremadura a María Guardiola. Tres meses después de las elecciones, el acuerdo parece todavía lejano. Y ya han comenzado los primeros guiños a la ideología del partido ultra.

El ‘número dos’ de Alberto Núñez Feijóo viajó el miércoles por la mañana de urgencia a Mérida. Las previsiones informativas que remite cada día el PP indicaban que estaría en el Congreso para participar en la sesión de control. Pero Tellado se ausentó de la comparecencia de Pedro Sánchez para informar sobre Irán y no realizó su anunciada pregunta parlamentaria. Tellado llegó para sumarse a la reunión a la una de la tarde. Desde Madrid se conectó por videoconferencia la jefa de Gabinete de Alberto Núñez Feijóo, Marta Varela. Para entonces, los negociadores llevaban ya un buen rato reunidos. A un lado de la mesa, dirigentes autonómicos del PP. Al otro la habitual intermediaria de Vox, Montserrat Lluís.

Como novedad, se habían sumado desde primera hora otros dirigentes nacionales de Vox: el portavoz económico, José María Figaredo, y el de vivienda, Carlos Hernández Quero. Ambos son habituales de las sesiones de control al Gobierno. Pero la semana pasada, su partido no registró preguntas a su nombre. Una pista de que no estarían en Madrid el miércoles. El PP sí la registró para Tellado, aunque fuentes de la dirección nacional aseguran que ya sabían para entonces de la cita en la capital extremeña.

La reunión acabó sin acuerdo y sin avances programáticos tangibles. Tampoco se abordó un hipotético reparto de consejerías. Según diferentes fuentes consultadas en los últimos días, fue una reunión técnica y de exclusivo ámbito autonómico, pese a la amplia presencia de dirigentes nacionales de ambos partidos.

La dirección nacional del PP ha señalado esta reunión como el reinicio de las conversaciones. Fuentes oficiales indicaron que era la primera cita desde finales de febrero, cuando se produjo la investidura fallida de María Guardiola. Desde el PP extremeño aseguran que, en realidad, se han producido varias reuniones más entre medias.

Vox difunde sus condiciones ideológicas

Sea como fuere, Vox difundió en medio de la reunión un comunicado en el que planteó una serie de condiciones ideológicas que desbordan el marco que se autoimpuso el PP: “Los acuerdos se ceñirán a las medidas que legalmente pueden adoptarse por parte de cada Administración”. Pero Vox quiere forzar al PP a ir más allá. No necesariamente con leyes concretas, o no inmediatamente. Al partido de Santiago Abascal le basta y le sobra con que Feijóo y los suyos compren su discurso ultra. Algo que ya hicieron en el pasado Carlos Mazón y Juan Francisco Pérez Llorca para retener el poder en la Comunidad Valenciana tras la mortal dana de 2024.

Ese “modelo Mazón” pasa por asumir la ideología de Vox y que el PP agradezca su apoyo públicamente. Una estrategia que les ha impulsado electoralmente desde que en julio de 2024 Abascal ordenara a sus líderes territoriales abandonar los gobiernos autonómicos que compartían con la derecha.

En su nota pública, Vox apuntó: “La reunión se ha centrado exclusivamente en las medidas políticas a adoptar”. El comunicado proseguía con un listado: “La negociación ‘medida a medida’ implica el compromiso de: Seguridad en las calles. Vivienda accesible. Fin del despilfarro de dinero público y bajadas masivas de impuestos. Prioridad de los españoles en sanidad. Fin de Mercosur y el Pacto Verde. Fin de las políticas de sustitución demográfica. La familia en el centro de todas las políticas. Agenda España frente a las imposiciones de la Agenda 2030. Reindustrialización de España y medidas que frenen el éxodo de los jóvenes de su patria. Fin del adoctrinamiento en las aulas. Rechazo de los acuerdos alcanzados por el PP y el PSOE en Europa”.

Un planteamiento que excede las competencias autonómicas y que implicarían, por ejemplo, que el PP debe romper con la Comisión Europea de Ursula von der Leyen, dirigente del propio PP en Europa. Desde el PP insisten en que ninguna de estas materias ajenas a la política autonómica se trataron en la reunión del miércoles. Pero ese mismo día ocurrió algo en el Congreso que pasó por debajo del radar en un día de alta intensidad informativa.

Exclusión sanitaria

Vox defendió el pasado martes una moción (una iniciativa declarativa, sin capacidad normativa) que recopila toda la ideología racista de la que hace gala el partido de Santiago Abascal. El texto (que se puede consultar aquí íntegro) obvia que la sanidad es una competencia transferida casi íntegramente a las comunidades autónomas, y señala al Gobierno central por la mala opinión que los españoles tienen del sistema público. Vox recuerda que “a las pocas semanas de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa [se] reconoció nuevamente el derecho a la asistencia sanitaria para los inmigrantes en situación irregular en las mismas condiciones que los españoles”. En 2026, continúa, se ha puesto en marcha una “regularización masiva” y se ha legislado para “agilizar y facilitar el derecho a la asistencia sanitaria a los inmigrantes que residen ilegalmente”.

El texto también acusa al PP de promover una “saturación” del sistema de sanidad pública. Aun así, los de Feijóo se abstuvieron como guiño a Vox en una moción que, entre otras cuestiones, reclama al Gobierno “establecer la prioridad nacional en el acceso al sistema sanitario”. Es decir, sanidad pública para los españoles. Pero no solo. Vox aprovecha la moción para extender su mensaje de odio hacia los extranjeros y pide “proceder a la remigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el estado de bienestar de los españoles”.

El mismo miércoles, en su intercambio con Sánchez, Abascal insistió desde la tribuna en la misma retórica.

Vox reconoció el guiño del PP con la abstención a su moción, aunque sin olvidar incidir en la bronca abierta entre las dos direcciones nacionales. “Parece que estamos avanzando a pesar de las zancadillas de Génova”, dijo la portavoz, Pepa Millán. Ella también planteó que “el PP conoce el escollo y el impedimento” que mantiene bloqueado el pacto en Extremadura, algo en lo que desde la dirección de Feijóo no quieren ahondar. Miguel Tellado se limitó a celebrar que Vox haya “vuelto a la mesa de negociación”.

Pero en el PP tienen prisa por cerrar el pacto en Extremadura, además del de Aragón y Castilla y León. Feijóo pidió que se hiciera “antes de abril”, algo que ya no va a suceder. Todos confían en que el acuerdo llegue tras la Semana Santa, y permita facilitar los siguientes.

El riesgo está en que el enfrentamiento entre PP y Vox llegue a las elecciones andaluzas, convocadas el 17 de mayo. Esta misma semana, el responsable autonómico del PP, Elías Bendodo, lo dejaba claro ante los medios de comunicación: “No podemos defraudar las expectativas en Extremadura y en las demás comunidades autónomas que se han depositado en las urnas por los ciudadanos”. En el PP están dispuestos a hacer guiños como el de este miércoles. Pero los de Feijóo tienen límites. La ruptura de los acuerdos en Bruselas es uno de ellos.

El PP español está atado y, como mucho, puede sacar pecho de votaciones como una de esta misma semana en el Parlamento Europeo para permitir la apertura de centros de deportación de migrantes fuera de la UE similares a los que se han demostrado inútiles en la Italia de Giorgia Meloni. El PSOE se quedó fuera, y desde Vox se admitió que este texto “es el más contundente de la historia de la Unión Europea en materia de inmigración”. Otro hito de la lista de imposiciones a Feijóo que Abascal, quizá, puede tachar.