Hernán Larraín pide poner fin al indulto presidencial tras anuncios de Kast
En una intervención que profundiza el debate sobre las facultades del Ejecutivo, el exministro de Justicia y exsenador, Hernán Larraín, se sumó a las voces que exigen el fin del indulto presidencial tal como se concibe actualmente. Sus declaraciones, entregadas en una entrevista a La Tercera, surgen tras el anuncio del Presidente José Antonio Kast de utilizar esta atribución para beneficiar a exuniformados condenados por delitos vinculados al estallido social.
Larraín respaldó la postura de la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, argumentando que no es “razonable ni conveniente” que una autoridad política unipersonal tome decisiones que alteran sentencias judiciales. Para el académico de la Universidad Católica, esta facultad es un vestigio de tiempos monárquicos que interfiere directamente en la independencia del Poder Judicial.
A partir de su experiencia como titular de Justicia, Larraín describió el proceso de indulto como “extraordinariamente complejo”, señalando que las decisiones presidenciales suelen estar bajo presiones ajenas a lo jurídico.
“Es mejor dejar esta decisión en manos de los jueces, sin limitar el acceso a este beneficio, de manera de evitar que el Poder Ejecutivo intervenga y contamine políticamente asuntos que son propios del Poder Judicial”, sostuvo el exsenador. A su juicio, cuando el Presidente modifica los efectos de una condena, está rompiendo el principio fundamental de la separación de poderes.
Propuesta: Un enfoque humanitario y judicial
Como alternativa al modelo actual en este 2026, Larraín propone que la facultad de remisión o conmutación de penas sea transferida a los tribunales bajo criterios estrictamente humanitarios y reglados:
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Criterios: Riesgo inminente de muerte, enfermedades gravísimas o avanzada edad con parte sustantiva de la pena cumplida.
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Procedimiento: Un proceso judicial riguroso que incluya la participación y escucha de las víctimas.
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Objetivo: Fortalecer el Estado de Derecho preservando el respeto a las resoluciones judiciales.
“Al final, lo que hace un indulto es modificar los efectos de un acto jurisdiccional. El Poder Judicial dicta una sentencia y eso, posteriormente, es modificado en sus consecuencias por una acción del presidente de la República. Entonces, hay aquí, obviamente, una interferencia”, explicó el exministro.
Larraín concluyó enfatizando que, para avanzar hacia una democracia moderna, es necesario eliminar estas “interferencias externas” y garantizar que la justicia sea administrada exclusivamente por quienes tienen la formación técnica y la independencia para ello.