Ajuste presupuestario en Seguridad: las advertencias tras el recorte de $72 mil millones que golpea a las policías

El ajuste presupuestario impulsado por el Ejecutivo, que contempla una reducción superior a los $72 mil millones en el Ministerio de Seguridad, abrió un debate sobre sus efectos en el combate contra la delincuencia. La medida, que se enmarca en un recorte general del 3% aplicado a todas las carteras, impacta principalmente a las policías, concentrando en ellas el 94% del total de la disminución de recursos.

Desde el mundo académico, el director del Centro de Estudios de Seguridad Ciudadana de la Universidad de Chile, Hugo Frühling, planteó que uno de los principales problemas es la falta de claridad en torno a los criterios utilizados para definir los recortes. “Si no se explica por cuáles son los criterios por los cuales se realizan estos recortes, naturalmente la opinión pública va a pensar que hay una contradicción entre lo que se prometió en la campaña y lo que se está haciendo en la práctica”, afirmó.

En ese sentido, el experto advirtió que es fundamental conocer si las reducciones afectan áreas prioritarias para la seguridad pública. “Habría que ver si estos recortes realmente tienen que ver con materias que son urgentes o no, si hay algún sesgo ideológico en la selección del tipo de programas que no se van a financiar”, señaló. A su juicio, este escenario requiere “una mirada bastante cuidadosa” antes de sacar conclusiones definitivas.

Uno de los puntos críticos del ajuste es su impacto en Carabineros de Chile, institución que absorberá el 71% del total, con una reducción de más de $51 mil millones, especialmente en el ítem de vehículos. Consultado por las posibles consecuencias en labores preventivas, Frühling indicó que es necesario analizar el contexto completo. “El gobierno anterior hizo una inversión bastante importante en vehículos para Carabineros. En consecuencia, no estoy tan claro respecto de cuáles son las consecuencias que va a tener esto en el corto o mediano plazo”, explicó.

No obstante, el académico insistió en que este tipo de decisiones debe responder a una planificación clara. “Estas son reducciones que deben hacerse en función de un plan específico de trabajo del ministerio. Estamos en una situación compleja y, en consecuencia, habría que conocer con más precisión el plan, las razones y si se trata de una postergación de gastos”, sostuvo, enfatizando la necesidad de evaluar el impacto real en el funcionamiento policial.

Respecto a la percepción ciudadana, Frühling planteó que el principal riesgo no es necesariamente un aumento inmediato del temor al delito, sino una merma en la confianza hacia las autoridades. “No sé si la percepción de inseguridad, pero sí la percepción de cierto grado de desconfianza u opacidad respecto de las decisiones que se toman”, afirmó.

En esa línea, agregó que “da la impresión de que no hay una explicación adecuada e inteligente que demuestre por qué estos recortes no tienen ninguna incidencia en la seguridad de las personas”.

Cuestionamientos desde el Congreso

Desde el ámbito político, el senador Juan Luis Castro (PS), integrante de la Comisión de Seguridad, criticó con dureza la medida, apuntando a su impacto directo en la ciudadanía. “El recorte en el sector público afecta al Ministerio de Seguridad y esos $72.000 millones menos impactan directamente a la ciudadanía que quiere más y mejor protección”, sostuvo.

El parlamentario también cuestionó la coherencia del ajuste en el actual contexto. “Parece incomprensible que, siendo la primera prioridad política de Chile, no tengamos la suerte de tener los organismos preparados, las policías, el Ministerio Público, sino más bien retardando y disminuyendo sus presupuestos”, afirmó, subrayando que la seguridad sigue siendo una de las principales demandas sociales.

Asimismo, Castro advirtió que la reducción de recursos podría tener consecuencias operativas, especialmente en áreas como el despliegue territorial, la movilidad y la investigación criminal. Según indicó, los recortes podrían ralentizar la respuesta de las policías y afectar la coordinación entre instituciones, en particular en el combate contra el crimen organizado.

En paralelo, Castro se refirió al complejo momento que enfrenta la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, marcado por la polémica por salida de exjefa de Inteligencia de la PDI. “La ministra está pasando momentos complejos porque hay un caso que atraviesa su capacidad de decisión respecto a organismos que no son directamente los que ella encabeza, sino que supervisa”, señaló.

Pese a las críticas, el parlamentario destacó la trayectoria de la secretaria de Estado, aunque advirtió sobre la magnitud del desafío. “Tiene una muy buena trayectoria, pero manejar el ministerio más importante en cuanto a la protección ciudadana es decisivo”, indicó.

En tanto, Castro reiteró la disposición del Congreso a colaborar para enfrentar la situación. “Haremos todo lo posible por dialogar, aclarar y empujar las medidas que sean lo más rápidas, ágiles y razonables”, afirmó. Asimismo, insistió en la gravedad del escenario: “En materia de seguridad vivimos una emergencia”, concluyó, llamando a tomar decisiones oportunas y alineadas con las expectativas de la ciudadanía.