La Policía precinta varios almacenes del CNIO en la investigación por la presunta trama de corrupción
Se trata de los almacenes situados en la planta -4 y 5 del edificio del CNIO a los que se prohíbe entrar a todo el personal para no interferir en la investigación.
Hemeroteca - Las dos investigaciones internas del CNIO identificaron la misma trama y acabaron con la salida de los denunciantes
Una unidad de Policía Judicial ha clausurado y precintado este viernes los almacenes situados en la planta -4 y la planta 5 del edificio del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO). Según ha podido saber elDiario.es, la dirección ha informado de que la Fiscalía ha requerido que se informe a los trabajadores del precinto policial y la prohibición absoluta de acceso o manipulación de los efectos, bajo responsabilidad penal individual.
Fuentes internas del centro informan de que las instalaciones precintadas están en la planta más baja y más alta del edificio respectivamente. En la planta -4 hay al menos dos almacenes, además del aparcamiento subterráneo, y en la planta 5 hay un almacén de mantenimiento, con materiales de construcción y maquinaria que podría estar relacionada con las licitaciones investigadas.
La Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace meses una presunta trama de corrupción en torno a la figura de Juan Arroyo, gerente del centro durante dos décadas y hombre de confianza de Mariano Barbacid, fundador de la institución. La investigación comenzó tras la denuncia de un ex alto cargo del centro en junio de 2025, a la que se han sumado recintemente las denuncias interpuestas por el exgerente José Manuel Bernabé en su efímero paso por el CNIO.
Los dos principales denunciantes han señalado graves irregularidades en el área de mantenimiento debido al pago por trabajadores que no estaban prestando servicio y un sobrecoste millonario por servicios que no se prestan y posibles empresas pantalla con extrabajadores del centro. Este desfalco se habría producido, según varios informes, a través de un entramado de sociedades que acapararon adjudicaciones por valor de 11,9 millones de euros, y un segundo bloque de empresas vinculadas a dos ciudadanos de origen ucraniano que se llevaron otros 9,2 millones de euros.
Desde el Ministerio de Ciencia aseguran que las autoridades están colaborando con la justicia para esclarecer los hechos desde el principio.