El Salvador aprueba prisión perpetua para menores de 18 años por delitos de homicidio, violación o terrorismo
La Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este jueves una reforma que permite aplicar la prisión perpetua a menores de 18 años responsables de delitos graves como homicidio, violación y terrorismo. La decisión se da en medio de la llamada guerra contra las pandillas que ya cumple cuatro años y es impulsada por el gobierno de Nayib Bukele.
La modificación a la Ley Penal Juvenil incorpora la sentencia como una medida excepcional para adolescentes en conflicto con la ley. Según el texto aprobado, esta sanción se aplicará solo en casos de extrema gravedad, en especial a los vinculados al crimen organizado.
La iniciativa contó con el respaldo de 58 de los 60 diputados del Congreso unicameral y entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el Diario Oficial.
Endurecimiento de la ley y evaluaciones
La reforma también establece la eliminación del procedimiento especial juvenil en delitos graves, lo que implica que los jóvenes serán procesados bajo condiciones más severas. No obstante, se contempla un sistema de revisiones periódicas del castigo para evaluar el nivel de rehabilitación y el riesgo del sentenciado.
Los tribunales podrán revisar la condena tras el cumplimiento de 25 años de cárcel, con la posibilidad de otorgar un régimen de libertad controlada si se considera viable. Para adultos, esta se realizará entre los 30 y 40 años de la pena. Además, se dispuso que los juzgados tendrán competencia exclusiva para procesar tanto a mayores de 18 como a menores implicados en delitos sancionados con prisión perpetua.
Cuestionamientos y críticas
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, defendió la medida al asegurar que garantiza mayor seguridad para la población. “Le hemos dado a las familias salvadoreñas la tranquilidad de que estos criminales no volverán a ver la luz del sol”, afirmó.
Sin embargo, la reforma ha generado críticas. El diputado Francisco Lira señaló que aún hay miles de personas sin vínculos con pandillas que esperan un juicio justo, y advirtió que “gente inocente está pagando por algo que no hizo”.
Organizaciones de derechos humanos cuestionan el contexto en el que se aplica, bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, que permite detenciones sin orden judicial.
Ese mismo día, el Parlamento prorrogó por 30 días más la normativa, en el marco de la estrategia de seguridad del Gobierno. Según cifras oficiales, más de 91.000 presuntos pandilleros han sido detenidos, aunque unos 8.000 fueron liberados tras comprobarse su inocencia.
Antes de esta reforma, la legislación salvadoreña establecía una pena máxima de 60 años de prisión, con posibilidad de reducción por buena conducta o trabajo comunitario.