Sala IV admite acción de inconstitucionalidad de Miguel Guillén contra el Gobierno por adhesión a coalición militar

La Sala Constitucional dio curso a una acción de inconstitucionalidad presentada por el secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén, contra un conjunto de actos del Poder Ejecutivo que vinculan a Costa Rica con una coalición internacional contra el narcotráfico con aparentes implicaciones militares.

Ante la admisión de este proceso, los magistrados constitucionales dieron 15 para que rindan explicaciones y se defiendan de los reclamos el presidente de la República, Rodrigo Chaves; el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora; el ministro de Relaciones Exteriores y Culto, Arnoldo André; y la Procuraduría General de la República (PGR).

“La admisión de esta acción de inconstitucionalidad es una señal clara: cuando se trata de la Constitución, ninguna decisión cuestionable debe quedar fuera de control. Recibo esta resolución con satisfacción, no como un punto de llegada, sino como la apertura de un debate de fondo que el país necesitaba”, declaró Guillén a La Nación.

¿Qué reclama Guillén?

El líder político, quien interpuso la acción en su condición de ciudadano, impugnó específicamente dos actuaciones diplomáticas y de seguridad ocurridas recientemente en Doral, Florida, Estados Unidos.

El primer acto cuestionado es la firma de la Joint Security Declaration – Americas Counter Cartel Conference, suscrita el 5 de marzo de 2026 por el ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, durante la Conferencia de las Américas contra los Carteles, encuentro que fue liderado por el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hesegth.

El segundo es la participación y presunto respaldo del presidente de la República, Rodrigo Chaves, durante la cumbre Shield of the Americas (Escudo de las Américas) el 7 de marzo, evento donde el mandatario estadounidense, Donald Trump, anunció la creación de una “Coalición Hemisférica contra los Carteles”.

Según argumentó Guillén, dicha coalición se presentó como una alianza de naturaleza militar para erradicar a los grupos criminales y, por lo tanto, la adhesión de Costa Rica a esta iniciativa violentaría el artículo 12 de la Constitución Política, el cual proscribe el ejército como institución permanente.

Al respecto, el político indicó que Costa Rica decidió, hace décadas, abolir el ejército y construir su seguridad desde la ley, la institucionalidad y la paz. “Ese no es un símbolo vacío, es un límite jurídico y moral”, destacó.

Además, alegó que el gobierno de Rodrigo Chaves incurrió en una supuesta usurpación de competencias legislativas. Guillén sostuvo que el Poder Ejecutivo no puede incorporar al país a alianzas de corte militar por decisión unilateral sin la debida aprobación de la Asamblea Legislativa, señalando posibles infracciones a los artículos 121, 146 y 147 de la Carta Magna, así como a tratados internacionales de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA).

Aunque el demandante reconoció que la lucha contra el crimen organizado es necesaria y legítima, insistió en que no se puede justificar si compromete la estructura constitucional vigente y la tradición pacífica del país.

Falta de transparencia y el incidente en Golfito

Dentro de sus argumentos, Guillén denunció una profunda opacidad por parte del Gobierno costarricense en este tema. Señaló que el presidente de la República afirmó públicamente haber apoyado la iniciativa en Florida sin haber firmado un documento explícito, lo que, a su juicio, genera una “zona de indeterminación jurídica”, al no conocerse si el país asumió compromisos operativos o militares a nivel internacional.

Para ilustrar el riesgo de involucrar al país en dinámicas militarizadas, el accionante aportó a la Sala Constitucional un hecho sobreviniente documentado por La Nación y la agencia AFP. Se trata de una operación militar extranjera contra una embarcación narco que derivó en el traslado de dos personas fallecidas y un sobreviviente con graves quemaduras al Hospital de Golfito.

Para Guillén, este incidente tensiona el modelo constitucional de seguridad pública y refleja los peligros de articular al Estado civilista con acciones armadas internacionales.

Frontera entre cooperación y militarización

Si bien el verdiblanco reconoció en su acción de inconstitucionalidad que la lucha contra el crimen organizado es necesaria y legítima, también destacó la urgencia de establecer límites claros sobre el accionar del Estado.

“Aquí no se discute la cooperación internacional. La lucha contra el crimen organizado exige coordinación, inteligencia y acción conjunta. Pero hay una frontera que no se puede cruzar: la que separa la cooperación policial de la lógica militar. Y esa frontera, en Costa Rica, es constitucional”, aseveró.

En esa misma línea, dijo no estar en contra de cooperar con Estados Unidos. “Estoy en contra de militarizar y de que mueran inocentes. No estoy tratando de que se cierren puertas a la cooperación; estoy defendiendo límites. No es una posición ideológica; es una obligación constitucional”, indicó a este diario.

Los magistrados aclararon que la interposición de la acción no suspende de inmediato la eficacia o aplicación general de las medidas cuestionadas, sino que marca el inicio del periodo de análisis de fondo por parte del tribunal.