El PP y Vox exigen el cese "inmediato" de los cargos políticos de Sanidad si se demuestra su responsabilidad en el caos del MIR 2026
La Comisión de Sanidad del Congreso dio ayer un paso más en el control político sobre la polémica convocatoria del MIR 2026. La aprobación de una auditoría externa, exhaustiva e independiente del proceso de Formación Sanitaria Especializada (FSE) incluye la exigencia de "consecuencias políticas inmediatas" si se confirman responsabilidades en los errores detectados. El Partido Popular y Vox incorporaron a la proposición no de ley (PNL) una enmienda que reclama "el cese de todos los cargos políticos del Ministerio de Sanidad" implicados en la gestión de la convocatoria si la auditoría concluye que hubo responsabilidad política.
La iniciativa, impulsada por el PP y respaldada por Vox mediante un texto transaccional, salió adelante con 17 votos a favor y 15 en contra, sin abstenciones. El acuerdo entre ambas formaciones permitió endurecer el contenido de la PNL, que inicialmente se limitaba a solicitar una auditoría externa del proceso, pero que finalmente introduce la exigencia de depurar responsabilidades en caso de que se confirmen los fallos denunciados durante el desarrollo del MIR 2025-2026.
Según recoge el texto aprobado, la auditoría deberá analizar de forma detallada el diseño, la planificación y la ejecución de la última convocatoria de FSE, con especial atención a los retrasos acumulados, los problemas en la publicación de listados y las incidencias detectadas en distintas fases del procedimiento. Pero, además, la enmienda añadida establece que, si del informe se desprende la existencia de responsabilidad política, el Gobierno deberá actuar "con inmediatez", relevando a los responsables políticos del Ministerio de Sanidad encargados de la gestión del proceso.
Dimisiones "inmediatas"
Durante el debate parlamentario, el PP defendió que lo ocurrido en el MIR 2026 no puede considerarse una sucesión de errores aislados, sino el reflejo de un problema estructural. Los populares denunciaron unincumplimiento reiterado de los plazos establecidos en la convocatoria, retrasos tanto en la admisión de aspirantes como en la publicación de resultados provisionales y definitivos, así como una gestión que, a su juicio, ha generado una “incertidumbre masiva” entre miles de opositores que se jugaban su futuro profesional.
Desde la bancada popular se insistió en que la auditoría no puede convertirse en un mero trámite administrativo ni en un informe sin consecuencias. En ese sentido, subrayaron que el objetivo es esclarecer qué falló, por qué se produjeron las incidencias y quiénes fueron los responsables, para recuperar la confianza en uno de los sistemas de acceso a la especialización médica más prestigiosos del país.
Vox, por su parte, defendió la necesidad de ir más allá del análisis técnico y exigir responsabilidades políticas claras. La formación sostuvo que, si se confirma una mala gestión por parte del Ministerio de Sanidad, no puede haber "escapatoria" para los responsables y reclamó "dimisiones inmediatas" como muestra de asunción de responsabilidades. La enmienda pactada con el PP recoge precisamente este planteamiento, vinculando de forma directa las conclusiones de la auditoría con posibles ceses en la cúpula política del departamento.
Frente a estas posiciones, los grupos que votaron en contra de la PNL defendieron la actuación del Ministerio y cuestionaron la necesidad de una auditoría externa. Desde el bloque progresista se argumentó que las incidencias registradas no han afectado a la validez del procedimiento ni a los derechos de los aspirantes, y que el proceso ha respetado los principios de igualdad, mérito, capacidad y seguridad jurídica. También se recordó que el número de impugnaciones ha descendido respecto a convocatorias anteriores y que los errores detectados fueron subsanados dentro de los cauces previstos.
Pese a estas objeciones, la mayoría formada por PP y Vox permitió sacar adelante la iniciativa, que ahora insta al Gobierno a poner en marcha de forma inmediata la auditoría externa. Aunque la PNL no tiene carácter vinculante, sí supone un claro aviso político al Ejecutivo y al Ministerio de Sanidad, al establecer explícitamente que la depuración de responsabilidades debe formar parte del proceso si se confirman los fallos denunciados.