La OCDE cuestiona que los jefes de Gabinete en España no hagan declaración de bienes

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) cuestiona que los jefes de Gabinete de ministros en España no estén obligados a presentar la “declaraciones de interés”, en alusión a las declaraciones de patrimonio y de actividades que se exigen a miembros del Gobierno y otros altos cargos, así como parlamentarios.

Así se asegura en la “ficha-país” sobre España que figura en el informe bienal sobre integridad y anticorrupción de esta organización internacional, del que informó el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Este departamento destacó que España puntúa por encima de la media de la OCDE en casi todos los indicadores sobre integridad y anticorrupción, salvo en algunos sobre financiación a partidos políticos.

No obstante, en el informe se alude a las “declaraciones de interés”, que en España son declaraciones de patrimonio y de actividades. Se indica al respecto que “cualquier miembro del Gobierno, del Parlamento, de los órganos más altos del Poder Judicial y de los funcionarios de primer nivel recién nombrados o reelegidos del Poder Ejecutivo debe presentar como mínimo una declaración de interés al entrar y a cualquier renovación o cambio de cargo público”.

“Sin embargo, no todos los funcionarios públicos en puestos de alto riesgo, como los jefes de Gabinete de miembros del Gobierno, están sujetos a esta obligación", se afirma en el documento de la OCDE.

Esta alusión del organismo internacional a los jefes de Gabinete coincide con que tres personas que ocupan o han ocupado este cargo en España han declarado en los últimos meses en sumarios por presunta corrupción que están abiertos.

Así, en el llamado ‘caso hidrocarburos’, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz citó como testigos a los exjefes de Gabinete de las exministras de Transición Ecológica Teresa Ribera y de Industria Reyes Maroto, Marc Pons y Juan Ignacio Díaz Bidart, por su mediación en las gestiones para la concesión de una licencia de combustible a la empresa Villafuel.

Al mismo tiempo, el jefe de Gabinete de María Jesús Montero, Carlos Moreno, ha declarado también como testigo en el Tribunal Supremo en el ‘caso Koldo’. Este alto cargo negó la acusación del investigado Víctor de Aldama de haber cobrado dinero a cambio de aplazar deudas de sociedades vinculadas al empresario.

Además, en el informe de la OCDE se alude a que “la mayoría de las declaraciones de bienes e intereses se hacen públicas, excepto las de los jueces del Tribunal Supremo”.