¿Caíste en un ‘curso’ de inversión? Así puedes enfrentar legalmente el fraude de identidad corporativa
Un anuncio en Instagram con el logotipo de una de las gestoras de activos más grandes del mundo con un ejecutivo de traje invita a un “curso exclusivo de inversión” gratuito. Para miles de mexicanos, ese primer clic termina en la pérdida de sus ahorros.
Ese mismo esquema es replicado con el nombre de bancos, casas de bolsa, fondos de inversión y decenas de instituciones financieras más.
La mecánica es siempre la misma: seducción educativa, confianza gradual, extracción de recursos y cuando la víctima intenta retirar su dinero, el contacto desaparece.
Las propias instituciones afectadas lo han documentado en avisos antifraude oficiales: los criminales hacen uso indebido de su imagen en redes sociales, sitios web falsos y mensajes fraudulentos en México y otras jurisdicciones.
La Condusef reportó que entre mayo y julio de 2024, 49 instituciones financieras denunciaron suplantación de identidad. En 2023, ese número acumulado llegó a 208 reportes en todo el año.
“Estos no son fraudes improvisados. Son operaciones criminales con división de trabajo: hay quien diseña los perfiles, quien atiende a las víctimas, quien mueve el dinero. A través de diversas plataformas de redes sociales se publican anuncios engañosos haciéndose pasar por instituciones financieras u operadoras de fondos de inversión, con el fin de captar víctimas e invitarlas a integrarse a supuestas “escuelas de negocios”, apuntó Erik Rubí, socio fundador de Rubí y Sánchez Magallán (RYSM).
¿Instituciones financieras te ofrecen cursos o inversiones por teléfono?
El especialista recordó que ninguna institución financiera del mundo ofrece cursos de inversión por WhatsApp ni solicita depósitos adicionales para liberar fondos, y que antes de invertir, hay que verificar cualquier plataforma en el Registro de la CNBV (cnbv.gob.mx). Si no aparece, no existe legalmente.
Rubí señaló que cuando un criminal suplanta el nombre de su institución, el daño no llega en una sola dimensión ni aparece completo en el balance inmediato.
Eso trae un tema reputacional, donde los clientes que perdieron sus ahorros ante el impostor asocian esa pérdida con la marca, y en paralelo se activa el daño operativo, donde los equipos de legal, compliance y comunicación institucional absorben una crisis que no estaba presupuestada.
El tercer frente es regulatorio, pues tanto la CNBV como la Condusef tienen facultad para iniciar investigaciones a la empresa suplantada si determinan que no adoptó medidas preventivas suficientes.
“En una sala de consejo, esto debe verse como una contingencia de la misma categoría que un incidente de ciberseguridad o una crisis de producto. No es suficiente con emitir un comunicado. Se necesita una estrategia legal activa orientada, por un lado, a la persecución penal de los hechos y, por otro, al fortalecimiento de la prevención de riesgos”, agregó Rubí, penalista especializado en delitos de cuello blanco.