La Eurocámara endurece su posición sobre retornos y valida los centros de deportación en países terceros

El pleno del Parlamento Europeo ha adoptado este jueves la posición para negociar con los 27 la reforma de la directiva de retorno, con un mandato que consolida el apoyo a los centros de deportación en países terceros y que ha salido adelante con el apoyo del Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de la ultraderecha, mientras socialistas, verdes e izquierda cuestionan que respete derechos fundamentales.

El mandato adoptado con 389 votos a favor, 206 en contra y 32 abstenciones defiende la obligación de los demandantes de asilo a los que se deniegue la protección de aceptar cooperar con las autoridades para agilizar su expulsión y aboga por plazos de detención para los repatriados de hasta 24 meses si no cooperan o las autoridades ven riesgo de fuga, informa Europa Press.

Estos plazos se podrán aplicar incluso a menores no acompañados y a familias con niños pequeños, ya que aunque los eurodiputados piden que sea una medida de "último recurso" y se aplique por el periodo más corto posible teniendo en cuenta el interés superior del menor, no establecen límites por debajo de los 24 meses generales.

Con todo, los motivos para la detención y los plazos deberán estar recogidos en el ámbito de la legislación nacional y corresponderá a las autoridades judiciales decidir sobre ello. Además, reconocen la competencia de los Estados miembro para ofrecer alternativas a la detención como, por ejemplo, presentar informes periódicos, comunicar una residencia fija o pagar una garantía financiera.

Además, cualquier país de la Unión deberá reconocer y ejecutar las decisiones de retorno y las órdenes de expulsión emitidas por otro Estado miembro antes del 1 de julio de 2027, a propuesta de la Comisión. Y el país en donde se encuentre la persona sobre la que pesa una orden de expulsión será responsable de garantizar su retorno.

Por otra parte, los eurodiputados abogan por suprimir una disposición de la propuesta original que exige a los gobiernos tomar medidas para detectar a los ciudadanos no pertenecientes a la UE que se encuentran en su territorio de manera ilegal.

En cuanto a la posibilidad de prohibir la entrada a migrantes a los que se rechaza conceder el estatus de asilo, el mandato defiende que quienes no cumplan una decisión de retorno en el plazo establecido para la vuelta voluntaria quedarán sujetos a la expulsión y se les podrá prohibir la entrada e vuelta a suelo comunitario durante un periodo determinado en función de cada caso, pero que podría llegar a ser permanente.

La posición del Parlamento Europeo, muy cercana a la propuesta de reforma que Bruselas puso sobre la mesa y al mandato que han acordado los Veintisiete de cara a la negociación, consolida los centros de deportación con los que la Unión busca externalizar a países terceros el proceso de retorno de los migrantes a los que se deniegue el permiso de asilo, para garantizar que están fuera de territorio de la UE mientras se tramita su deportación definitiva al país de origen o tránsito que proceda.

Así, los eurodiputados respaldan modelos similares al que el Gobierno italiano de Giorgia Meloni negoció con Albania para trasladar allí a migrantes sin derecho a asilo mientras se gestiona su expulsión y reconocen que tales acuerdos pueden ser negociados por uno o varios países o incluso por la Unión. En todo caso, advierten los eurodiputados, no podrán ser transferidos a esos centros fuera de la UE los menores no acompañados.

Los grupos de Socialistas y Demócratas (S&D), Verdes e Izquierda europea forzaron el voto de este jueves en un intento de frenar el inicio de las negociaciones de esta reforma impugnando el mandato acordado en comisión parlamentaria entre el Partido Popular Europeo (PPE) y los grupos de ultraderecha de Patriotas por Europa, Conservadores y Reformistas Europeos y la Europa de las Naciones. Sin embargo, el apoyo de la mayoría permitirá a los negociadores de la Eurocámara iniciar este mismo jueves los contactos entre el Consejo (gobiernos).

El liberal holandés Malik Azmani liderará las negociaciones por el Parlamento en tanto que ponente de la posición de la institución, a pesar de que su informe decayó en favor de otro texto más duro redactado por el 'popular' François-Xavier Bellamy y negociado con la llamada "mayoría Venezuela".

Tras la votación, el Comité Internacional de Rescate (IRC) ha alertado de que esta decisión supone un "Un revés histórico para los derechos de los refugiados" e instado a la UE a defender sus propios principios jurídicos y morales durante el avance de las negociaciones. Desde Caritas Europa, por su parte, se han mostrado "profundamente preocupados" y han arremetido contra la Eurocámara por respaldar "medidas aún más estrictas que socavan la dignidad humana, los derechos fundamentales y las garantías legales".

En un comunicado, el Partido Popular ha defendido que esta reforma permitirá reforzar la credibilidad de su política migratoria y reducir la inmigración irregular mediante normas más estrictas y coordinadas. "No podemos avanzar en una política migratoria creíble y eficaz si las decisiones de retorno no se cumplen", ha dicho al respecto el presidente de la comisión europarlamentaria de Libertades Civiles, Justicia e Interior y eurodiputado del PP, Javier Zarzalejos, que sostiene que el nuevo reglamento entra en contradicción con la política migratoria y regularización extraordinaria del Gobierno.

Por parte de Vox, su jefe en la Eurocámara, Jorge Buxadé, ha puesto en valor que se acuerde un mandato "más duro" y subrayado que, cuando se aprobado definitivamente, será de obligado cumplimiento por todos los países de la UE. También ha celebrado que la posición de la Eurocámara vaya más allá que la Comisión y considere que los gobiernos nacionales vayan a ganar "autonomía" al poder decidir "deportaciones forzosas" si lo ven justificado, sin tener que someterse a una lista cerrada de criterios establecidos por la UE.

"No se trata de un enfoque europeo equilibrado, sino un giro político impulsado por el deseo del PPE de alinearse con la extrema derecha", ha alertado, por su parte, la vicepresidenta de los socialdemócratas en la Eurocámara, Ana Catarina Mendes, quien ha avisado de que los derechos fundamentales consagrados en los Tratados no pueden ser considerados como "opcionales".

La eurodiputada que negoció por Los Verdes, Mélissa Camara, que la víspera pidió aplazar el voto para dar más margen a la negociación de un texto menos duro, ha tachado del resultado de "vergüenza" y considerado que se trata de "una traición a los valores fundamentales de la Unión Europea".