Ofensiva del Gobierno central contra dos leyes estrella del PP en la Comunitat Valenciana: costas y vivienda protegida

El Gobierno central pone reparos a toda una serie de leyes de las que el PP valenciano, apoyado por Vox, ha hecho bandera. El mismo día que el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso contra la ley de Costas, el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publica el acuerdo para analizar uno de los decretos de simplificación administrativa, de los primeros con la firma de Juan Francisco Pérez Llorca, en el que se cuelan numerosas reformas. Entre ellas —la más cuestionada—, una modificación de la ley de ordenación del territorio para construir vivienda protegida en suelo destinado a equipamientos.

En concreto, el Ejecutivo central cuestiona la creación de la figura de los “proyectos habitacionales locales”, una herramienta a priori excepcional que permite la construcción de viviendas en régimen de protección pública en solares vacantes no ejecutados, calificados como equipamiento, o en solares vacantes de patrimonio municipal. La ley prevé que la medida tenga que salir adelante con mayoría absoluta en un pleno municipal, e implica poder construir vivienda en suelo destinado a usos escolares, sanitarios o deportivos.

La norma, introducida en un decreto 'ómnibus', no especifica si la vivienda ha de ser de promoción pública o privada (aun en régimen de vivienda protegida), ni cuál será la fórmula: derechos de superficie, permutas... Esta última, un intercambio previsto en la ley, es la preferida de los constructores y por la que abogan las administraciones dirigidas por el PP valenciano, y ha generado polémica en los últimos meses respecto al control del suelo y las adjudicaciones. Apunta además que la Generalitat podrá ejecutar estos proyectos locales y la adjudicación de las viviendas directamente por la conselleria competente en materia de vivienda o a través de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo.

El Gobierno central no entra en el fondo del asunto, solo cuestiona si hay invasión de competencias. Considera que esta regulación puede vulnerar normativa estatal porque en suelo público solo puede haber vivienda social; es decir, vivienda de titularidad pública o vivienda cedida para atender a colectivos vulnerables. No es una vivienda protegida al uso.

Desde la Conselleria de Territorio, dirigida por Vicente Martínez Mus, apuntan que la figura del proyecto habitacional local busca utilizar parcelas inutilizadas reservadas para dotaciones públicas para viviendas. “Esta es una de las apuestas de la Generalitat para fomentar la vivienda y el objetivo es llegar a un acuerdo para que pueda salir adelante”, afirman. En el Ejecutivo autonómico ven margen para negociar con el Gobierno central, como se ha hecho con otras normas en las que finalmente no ha llegado el recurso de inconstitucionalidad.

La Generalitat Valenciana defendió en su momento que la reforma quiere dar “herramientas a los ayuntamientos para poder realizar cambios más ágiles en cuanto al suelo dotacional y poder construir viviendas en suelos que en principio eran para instalaciones municipales con el condicionante de que se recupere ese suelo en otras zonas”, apuntaron desde la Conselleria competente en Territorio.

Desde el Ministerio de Política Territorial explican que la comisión bilateral es un proceso para evitar el conflicto. En el decreto de simplificación —llamado “medidas urgentes contra la hiperregulación”— también se cuestionan otros artículos que tienen que ver con el acceso a archivos, documentación y cuestiones en el marco académico. Este proceso no implica una suspensión de la norma, que sigue plenamente en vigor. “La apuesta de la Generalitat por combatir la hiperregulación es clarísima, ya que entendemos que hay que eliminar burocracia, agilizar trámites y facilitar la vida a las personas”, apuntan desde la conselleria de Hacienda y Administración Pública, autora del decreto-ley.

Recurso sobre la ley de Costas

La publicación en el DOGV del inicio de la comisión bilateral coincide con la admisión a trámite en el Tribunal Constitucional del recurso del Gobierno central contra la ley de Costas. El Alto Tribunal suspende cautelarmente los artículos que protegen las viviendas construidas en los deslindes, que el Consell considera núcleos de valor tradicional y “de interés etnológico del litoral”. El Ejecutivo impugnó una treintena de artículos y la mayoría fueron corregidos en una comisión bilateral con la Generalitat Valenciana, salvo estos últimos dos artículos y una disposición adicional, sobre la que se pronunciará el Constitucional.

El Ejecutivo autonómico sigue reivindicando la ley valenciana de costas como “una herramienta clave para proteger viviendas, derechos de los propietarios y el patrimonio cultural valenciano en el litoral” y remarca se va a defender la norma hasta el final ante el Constitucional, apuntan fuentes de Territorio. El departamento que dirige Vicente Martínez Mus apunta que núcleos costeros como los de playa Babilonia (Guardamar del Segura) o Torre la Sal (Cabanes) necesitan del respaldo que ofrece esta ley para defender las casetas de primera línea que se ven “amenazadas” por la innacción del Gobierno, y recuerdan que el Constitucional dio la razón a Galicia cuando el Gobierno recurrió una ley similar. El PP valenciano insiste en que los deslindes no son una solución.

Modificaciones en la ley trans

El Gobierno ya ha recurrido otras leyes valencianas aprobadas por el PP y Vox, como las modificaciones de la 'ley trans' valenciana, que derecha y ultraderecha recortaron en el parlamento valenciano, abriendo la puerta a las terapias de conversión. Según otra resolución publicada este miércoles en el DOGV, sigue sin haber acuerdo con la administración autonómica para revertir las modificaciones que afectan a la atención sanitaria de menores trans y a los programas y contenidos educativos.