La fiscalía de Gálvez, por César Azabache Caracciolo
Tomás Aladino Gálvez ha definido su perfil de gestión desde que asumió la Fiscalía de la Nación como interino. Siguiendo las formas que hoy predominan en el ambiente público, ha explorado el rendimiento de una ecuación muy fácil de reconstruir: algún nivel de estabilidad presupuestaria a cambio de una fiscalía no beligerante con los poderes públicos. Sus declaraciones públicas no admiten dudas sobre la importancia que concede a esta ecuación. Gálvez la anunció desde sus primeras visitas al Congreso, apenas designado, y ofreció como parte del paquete la definición de un nuevo proyecto de ley de organización de las fiscalías, que presentó hace solo unos días.
PUEDES VER: EDITORIAL | La captura del Ministerio Público
Uno tendería a pensar que ensamblar un proyecto de este tipo debería ser una acción neutral, además de necesaria. A fin de cuentas, las fiscalías arrastran una ley orgánica escrita en 1981, en otro contexto institucional. El cambio parece más que necesario. Sin embargo, el proyecto está lejos de representar solo una adecuación de las cosas a los tiempos actuales. Ha sido sometido al Congreso en condiciones que representan una renovación del acuerdo tácito que ha alineado a la Fiscalía de la Nación con la malla de autoridades constitucionales que respaldan a la mayoría que aún controla el gobierno. Y se presenta en un momento, los debates previos a las elecciones, en que la atención de la ciudadanía está en otra parte.
Su presentación en estas condiciones representa una invitación a la penumbra.
En lo conceptual, el proyecto deja sin resolver el principal problema de organización que las fiscalías arrastran desde 1981: reproducir en la fiscalía la imagen que proyectan los tribunales de justicia. Las fiscalías nacieron adscritas a las Cortes. En el proyecto siguen divididas entre fiscalías provinciales, superiores y supremas, sin que nadie pueda explicar en nuestro medio por qué esto debería considerarse útil. Pero, además, el texto introduce supresiones inaceptables: suprime sin mayor explicación las fiscalías de familia, las de violencia familiar y de género y los equipos de trabajo liderados por fiscales superiores. El proyecto eleva el número de fiscales supremos a 11, seis de los cuales tendrían que ser elegidos por la actual JNJ, que ha asumido un papel propio en la eliminación de toda forma de disidencia en la magistratura. Y entrega a esos fiscales —la mayoría de los cuales serán nuevos— las funciones más importantes en la definición de lo que deben hacer las fiscalías en adelante.
Si la ley se aprueba y la JNJ logra elegir a los seis fiscales que faltarían para completar la nueva Junta, Gálvez podría tener casi aseguradas las condiciones de su propia reelección. La Fiscalía de la Nación nunca se ha entregado a la misma persona por dos periodos consecutivos en los 25 años que han pasado desde la caída de Alberto Fujimori. Sin embargo, con una ley orgánica nueva y una mayoría recién elegida, la tentación parece haberse ya instalado en el ambiente. Si Gálvez la intenta, su periodo de gobierno pasaría de tres a seis años. Sería el único Fiscal de la Nación de todo el quinquenio que se abre en julio de este año.
Lo que tenemos delante son condiciones que parecen orientadas a definir su permanencia por más de un quinquenio.
Además de esta visible concentración del poder, el proyecto actualiza el precio de la subordinación que Gálvez ofrece al Congreso: las fiscalías no beligerantes cuestan el 4% del presupuesto inicial de la República, conforme al proyecto.
Conforme a datos del SIAF, en la primera versión del presupuesto para el ejercicio 2026, aprobada a finales de 2025, las fiscalías recibieron una asignación equivalente a S/2.800 millones, el 1,07% del presupuesto nacional. El 4% al que se refiere el proyecto es casi cuatro veces más: S/10.500 millones. El judicial, la entidad constitucional más cercana a las fiscalías, ha recibido para el 2026 una asignación inicial equivalente a S/3.900 millones, el 1,51% del presupuesto. La distancia entre ambas entidades se ha mantenido en todo el ciclo 2020–2026: siempre la fiscalía más abajo, pero cada vez más lejos, desde los S/2.800 vs. S/2.500 millones para el 2020 hasta los números actuales, que llevan la diferencia a mil millones de soles entre los presupuestos de ambas entidades. Las cifras muestran además una caída nominal de prácticamente 100 millones de soles en presupuesto de la fiscalía, si comparamos las asignaciones para 2025 y 2026.
Sin duda, la reducción progresiva del presupuesto de las fiscalías representa una tendencia que debe ser revertida. Pero saltar del 1,07% del presupuesto inicial al 4% que plantea el proyecto es simplemente inviable. El 4% del presupuesto inicial no es un monto tolerable en términos de economía política. Especialmente por la cifra, que ha sido planteada sin correspondencia con ninguna fuente de financiamiento permanente que la sostenga. El Consejo Fiscal no analiza casos específicos como este, pero un salto de 2,93 puntos porcentuales de gasto público permanente, sin financiamiento y sin conexión con la historia presupuestaria de esta entidad, justificaría probablemente más que una alerta.
Aquí, sin duda, va a haber una negociación. Una que probablemente se planeará a puertas cerradas, aprovechando la atención que convocan las elecciones. En una negociación de calle, una de las partes pide 10 para que le den cinco. Es una manera bastante grosera de plantear las cosas. Pero si esa fuera la razón que explica ese 4%, entonces podría calcularse que las expectativas reales del equipo de Gálvez apuntan al 2% del presupuesto. Aun así, la cantidad representaría casi el doble del total asignado para el 2026. Pero, claro, el siguiente presupuesto no lo aprobará este Congreso.
La ofrenda y el precio han sido enviados ya al Congreso. Del precio tomará nota, sin duda, el Consejo Fiscal. El resultado de la negociación que debe estarse iniciando dejará establecido cuánto vale la subordinación.